En los últimos años, hemos sido testigos como país de una serie de eventos de la naturaleza que han afectado seriamente a la población, las empresas y al Estado de Chile. Desde el terremoto del 27 de febrero de 2010 –y antes también por cierto– la naturaleza nos ha mostrado su fuerza e imprevisibilidad.

Si a ello sumamos eventos en el que ha habido incidencia o falla humana, como en los casos de fraude de La Polar, Carabineros, Ejército/Gastos reservados u otros relacionados con incidentes de ciberseguridad, colusiones varias, financiamiento ilegal de la política, casos de nepotismo y la emergencia sanitaria que recientemente afectó a la ciudad de Osorno, se configura un escenario no muy favorable.

Podríamos discutir en otra ocasión si esto ha pasado siempre y solo la difusión masiva e instantánea que existe hoy en día muestra un panorama más negativo que antes. Lo que no tiene mucha discusión a nivel internacional es que frente a estas situaciones tan desafortunadas como dañinas, la gestión de riesgos se ha consolidado como una forma de prevenir, mitigar o reaccionar adecuadamente respecto de los eventos más relevantes que afectan de manera significativa a las organizaciones y comunidad.

Si analizamos lo sucedido en la planta Caipulli de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (Essal), esta debería haber tenido identificados los riesgos claves a los que está expuesta, así como también, haberlos analizado de manera previa y monitoreado en forma permanente para tomar medidas preventivas efectivas. El derrame de petróleo en la planta de agua potable y la consiguiente falta del suministro para toda la ciudad de Osorno por más de una semana, es un evento que puede ser considerado un riesgo vital para la empresa. Sin ir muy lejos, por este grave acontecimiento existe una probabilidad real de que Essal pierda la concesión.

Las empresas sanitarias y otras entidades tienen la responsabilidad y obligación de contar con procesos seguros, resilientes y permanentemente monitoreados, debido a que existe un riesgo latente en sus procesos –sobre todo en aquellos de alta complejidad, ya sea por fallas de las personas o la tecnología utilizada–, que pueden generar impactos devastadores para la comunidad en general, tal como sucedió en Osorno.

Por lo mismo, las compañías deberían abordar de manera estricta, disciplinada y supervisada las mejores prácticas de gestión de riesgos de los modelos ISO 31000:2018 y COSO ERM: 2017, que son los referentes en la materia y recomiendan identificar, analizar, valorar y tratar de manera prioritaria aquellos riesgos que pueden tener impactos catastróficos.

Hace ya varios años que la gestión de riesgos es una disciplina que proporciona herramientas efectivas para gestionar eventos adversos, tal como el que sucedió en la ciudad del sur de Chile. Asimismo, la supervisión basada en riesgos hace bastante tiempo es una práctica muy aplicada a nivel global e incluso local en el ámbito regulatorio. Cabe preguntarse entonces, ¿las empresas sanitarias y sus reguladores en Chile cumplen con las mejores prácticas de gestión de riesgos? Hagan sus apuestas.

Esteban Olivares es Académico Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Universidad de Chile.