Leímos en el diario La Tercera del domingo 04/08/19 la carta “Un conflictivo informe” firmada por Patricio Gross, Javiera García y Francesco di Girolamo, denunciando que un abogado que se desempeña actualmente como abogado integrante de la Corte Suprema, quien fue anteriormente ministro titular de la misma instancia judicial, haya elaborado un Informe en Derecho a favor de una inmobiliaria que obtuvo un permiso de edificación cuestionado con justa razón por los vecinos del barrio Américo Vespucio Sur y Renato Sánchez, comuna de Las Condes, ello pues el caso deberá ser resuelto por la propia Corte Suprema.

El letrado de marras se llama Pedro Pierry, por el cual tenemos la mejor opinión,  no solo por su alto nivel intelectual sino también por su impecable trayectoria judicial y como ex abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) quien, en esa condición, en el año 1993 emitió un contundente informe legal a favor del Decreto Supremo del Consejo de Monumentos Nacionales, firmado en aquella época por Jorge Arrate en su calidad de Ministro de Educación, que declaraba Santuario de la Naturaleza 50 hectáreas de las dunas de Concón. A pesar del sólido informe de Pierry, las autoridades administrativas de entonces sucumbieron ante las efectivas presiones de los lobbistas que cautelaban los intereses de los dueños de esas dunas.

Conocemos otros tantos impecables fallos en que intervino Pierry, como el que desfavoreció a la sanitaria Aguas Andina, empresa que intentó llevar a cabo en su amplio terreno área verde, ubicada en la avenida Pocuro, entre la calle Antonio Varas y la prolongación de Marchant Pereira, comuna de Providencia, un mega negocio inmobiliario consistente en varios edificios habitacionales en altura. La idea de esa concesionaria era obtener una importante plusvalía al margen de la ley y por ello, antes que el caso se alegara en la Justicia, la fundación Defendamos la Ciudad le representó este intento comercial a Ximena Rincón cuando ésta ejercía el cargo de Intendenta de la Región Metropolitana de Santiago : su respuesta por escrito confirmó la denuncia.

Pues bien, apoyamos en todas sus partes la denuncia de Gross, García y di Girolamo y estimamos que en esta ocasión lamentablemente Pierry cometió una imprudencia de marca mayor y será la Tercera Sala de la Corte Suprema la que tendrá que evaluar la pertinencia de su informe en derecho a la luz de los documentos que obran en su poder, principalmente el informe técnico del IDIEM de la UCH referido a la verdadera superficie del predio en donde se emplazan los edificios.

Ya que estamos hablando de situaciones irregulares, no podemos omitir la trampa que desea implementar el actual gobierno, exactamente el Ministerio de Economía, a través de su oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), que opera formalmente como una Secretaría Ejecutiva del Comité Asesor de Proyectos Sustentables (sic), creado el 14 de mayo del año 2018 según Decreto Supremo Nº 99. Este Comité, vulgar grupito de funcionarios públicos expertos en interpretar las legislaciones para viabilizar diferentes proyectos de inversión, está integrado por los Subsecretarios de las carteras de Economía, Defensa, Obras Públicas, Salud, Agricultura, Minería, Bienes Nacionales, Energía, Medio Ambiente y Cultura.

En el ámbito de la Cultura accionó con singular maestría ante el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para que este servicio de la Administración del Estado dejara sin efecto la declaratoria que tomó el año 2017 para que 2 edificios de 4 pisos  y un terreno con una superficie de 4.300 m2 del otrora Conjunto Habitacional Villa San Luis que contemplaba 1.000 viviendas sociales de verdad, quedara en nada para beneficiar un mega proyecto inmobiliario de un astuto privado dueño del predio.

La Villa San Luis, localizada enfrente del Parque Araucano, comuna de Las Condes, que en un tiempo se llamó Población Carlos Cortés, en reconocimiento del fallecido obrero de la construcción que ejerció el cargo de ministro de Vivienda y Urbanismo bajo el gobierno de Salvador Allende, fue proyectada por la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU), hoy inexistente, dirigida en aquella época por el arquitecto Miguel Lawner, actual Premio Nacional.

El CMN, suponemos que sin medir sus consecuencias, hace un par de meses, redujo a escasos 300 m2 la superficie predial declarada anteriormente como Monumento Nacional y aceptó en una operación express un informe “técnico” preparado por alguien, posiblemente un estudiante en práctica, que recomendaba la demolición inmediata del edificio que todavía queda en pie, ya que el otro fue demolido subrepticiamente por el inmobiliario interesado, contando para ello con una oportuna autorización municipal. Lo grave es que ese informe denominado de cálculo estructural fue convalidado por ingenieros del Ministerio de Obras Públicas (MOP) quienes solícitos estamparon sus firmas para darle seriedad al anterior.

No sabemos qué sucederá finalmente con este conflicto, pero sí tenemos conocimiento que la Corte Suprema rechazó un recurso de protección de la inmobiliaria, empresa que se sentía perjudicada por el Decreto de 2017 firmado por la ministra de Educación de entonces que reconoció la memoria histórica de los 2 vestigios de edificios y la superficie de 4.300 m2 del terreno de la discordia.