Durante el último tiempo, el Ministerio Público ha sido fuertemente cuestionado por las distintas decisiones y polémicas que se han desarrollado en su seno.

La opinión pública y los medios de comunicación han criticado su actuar en diversos casos de delitos, como robos y homicidios, donde se le reprocha la lentitud e ineficiencia de sus investigaciones. Esto, sin contar la trama que se vive en la Fiscalía de Rancagua, donde ya se ha anunciado la formalización del fiscal Emiliano Arias por delitos relacionados con falta de probidad.

Para hablar del presente de esta institución, es que nuestro programa ‘Derecho al aire’ dialogó con el ex fiscal Carlos Gajardo y el presidente del Capítulo Regional Centro Norte de la Asociación de Fiscales, Roberto Rabi.

Fue este último jurista quien se refirió a la sobrecarga que actualmente viven los trabajadores Ministerio Público, indicando aumentan las exigencias pero que, sin embargo, los recursos humanos y monetarios siguen estancados.

“Cada vez más aumentó la exigencia, aumentaron las expectativas, y los recursos con los cuales contamos, básicamente, no aumentaron. No ha habido tampoco una coordinación matriz que permita hacerse cargo de este problema de sobre exigencia del sistema, y al día de hoy estamos absolutamente saturados, con un montón de casos mediáticos que muchas veces demandan –y es razonable- dedicación exclusiva y eso supone restar horas al trabajo corriente y, en definitiva, eso nos tiene en una situación que creo bastante sensible”.

Por su parte, el ex fiscal Carlos Gajardo indicó que, según su punto de vista, al Ministerio Público lo afectan dos grandes problemas: la imagen que la población tiene de la institución y la cercanía de sus autoridades con el mundo político.

“Yo siempre he pensado que la Fiscalía tiene dos grandes problemas, uno de ellos es que de repente está esa sensación de que no hay resultados en las causas de robo. El segundo problema es el que se generó, probablemente, a partir de las investigaciones políticas en el año 2015, donde se acentuó una sensación que venía desde antes de esta diferencia en el trato con el imputado dependiendo de quién es. Desde siempre se ha pensado que la Justicia es dura con el débil y es débil con el fuerte. En eso la Fiscalía tiene un gran desafío que debe hacerse cargo y en cuanto a eso, las decisiones que se han tomado en el último tiempo han sido extraordinariamente desafortunadas”.

En cuanto a la crisis que hoy por hoy se vive en Rancagua, donde el Ministerio Público pidió formalizar a al jefe regional Emiliano Arias solo algunos meses después de que el fiscal Sergio Moya lo acusara de diversos delitos, el fiscal Roberto Rabi sostuvo que todo aquel que tenga responsabilidades penales debe someterse a la Justicia.

“Definitivamente para nosotros es un problema. La Asociación Nacional de Fiscales está tratando de poner paños fríos a la situación, pero con una idea que queremos socializar de que si hay alguien que ha cometido un delito debe ser sancionado. Todas las responsabilidades tanto penales como administrativas que aparezcan tienen que hacerse efectivas y la comunidad debe saberlo”.

Sobre el mismo punto, el ex fiscal Carlos Gajardo indicó que este caso debe ayudar para reflexionar sobre la relación existente entre las autoridades políticas y las de Justicia, pues se puede prestar para malas prácticas, sobre todo, por el nivel de influencia que tienen ellas.

“El caso es un buen caso para reflexionar sobre la actividad del fiscal y sobre la influencia que tiene la política en la Fiscalía, porque buena parte de estos hechos se motivaron por lo que se ha conocido públicamente, justamente, por la excesiva cercanía entre personeros del mundo político con fiscales. Motivado todo eso también por los posibles ascensos o expectativas de cargo en la Fiscalía Nacional”.

“Cuando la política entra por la puerta, la Justicia arranca por la ventana”, finalizó Carlos Gajardo.