1700 personas afectadas fue el saldo que dejó, hace un año, el episodio de intoxicación en Quintero y Puchuncaví, y que les otorgó al conjunto de dichas localidades el título de “el Chernobyl chileno”. Posterior a eso, las medidas de contingencia para revertir el desastre han ido desde un cuestionado Plan de Descontaminación hasta un fallo de la Corte Suprema que determinó responsabilidad del Estado en lo ocurrido.

Como para coronar el aniversario de esta tristemente célebre crisis ambiental, este martes, en Puchuncaví, se encendieron las alarmas debido a un nuevo caso de contaminación masiva que dejó a 42 personas afectadas.

Sobre esto, la Subsecretaría del Medio Ambiente anunció que no se ha podido determinar la procedencia de los compuestos volátiles causantes del desastre. En tanto, para la integrante de la asociación Mujeres en Zona de Sacrificio, Marta Aravena, la situación se anunciaba días antes en los purificadores en rojo de las escuelas de la zona.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Aravena criticó al Ejecutivo por su falta de iniciativas ante este escenario que, según dijo, ha sido constante durante todo el año.

“El Parlamento, a través de la Comisión Investigadora, se hizo cargo; el poder judicial, a través de este fallo histórico, también, pero falta que el Ejecutivo se haga cargo. Tenemos que recordar que estamos en un país donde gran parte de las atribuciones para poder solucionar la realidad de Quintero y Puchuncaví recaen en el Presidente de la República”, indicó Aravena.

Por su parte, desde la organización Greenpeace se entregaron algunas cifras sobre la contaminación del último año en Quintero y Puchuncaví, las mismas que fueron acompañadas por una manifestación en el Paseo Ahumada para visibilizar el problema.

Así se refirió el vocero de la organización, Mauricio Ceballos, al rol del Plan de Descontaminación implementado en marzo de este año:

“El gobierno no ha tenido ninguna respuesta para evitar que los derechos básicos de la población en Quintero y Puchuncaví sigan siendo vulnerados. Incluso el Plan de Descontaminación permite que a la fecha tengamos más de 243 episodios crítico, además de varios peaks de óxido de azufre que están superando los límites tolerables para la salud humana”.

Por otro lado, las reacciones desde el lado político no han sido ajenas al tema. Así, el senador Juan Ignacio Latorre, en conversación con nuestro medio, cuestionó que el país anfitriónde la COP 25 no sea capaz de dar solución a las llamadas zonas de sacrificio.

“El país que organiza la COP 25 no es capaz de cerrar las termoeléctricas a carbón. Tenemos empresas públicas que no tienen ninguna resolución de impacto ambiental ni han pasado por un sistema de evaluación serio. Sigue el Estado permitiendo que el supuesto progreso económico de estas empresas contaminantes vulnere los derechos humanos”, criticó Latorre.

Asimismo, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, también insistió en la vulneración de los derechos humanos, específicamente de los infantes, pues 11 de los afectados por la intoxicación del martes eran menores de edad.

“El fallo de la Corte Suprema ha sido contundente en establecer que acá se siguen vulnerando los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Nosotros entregamos un estudio donde queda de manifiesto que al menos 17 derechos de la convención sobre los derechos de niños están siendo vulnerados”, señaló Muñoz.

Cabe recordar que, en la actualidad, según datos entregados por Greenpeace, el promedio de varamientos de carbón en la bahía de Quintero es de cada 2,5 días; mientras que, en el Puerto Ventanas, el promedio de anual de descargas de carbón es de 2,2 millones de toneladas.