Contrario a todo pronóstico, el denominado proyecto “40 horas” impulsado por dos diputadas del Partido Comunista se ha convertido en un asunto inmanejable para el Ejecutivo.

Luego de que la iniciativa se aprobara en general en la Comisión de Trabajo de la Cámara, el tema no ha dejado de tener visibilidad pública consiguiendo lo que hasta el momento parecía una quimera: la unidad de toda la oposición, desde el Frente Amplio a la Democracia Cristiana.

Junto con ello, la propuesta que ha tenido un fuerte respaldo ciudadano y sindical, ha opacado indiscutidamente la agenda del Gobierno y ha motivado una intensa ofensiva política y comunicacional, la que hasta el momento no ha surtido efectos.

De hecho, desde que se aprobó su idea de legislar, el Gobierno ha realizado una serie de anuncios y advertencias para intentar frenar su avance en el Parlamento.

Fue así como a fines del mes de julio, las autoridades de gobierno centraron su discurso en los efectos en el empleo y la productividad que tendría la normativa. Luego, aseguraron que la propuesta sería inconstitucional, para posteriormente indicar que, de aprobarse el proyecto, tendría un impacto en más de 250 mil empleos.

Asimismo, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, anunció el envío de una indicación para modificar la iniciativa sobre adaptabilidad laboral, reduciendo la jornada a 41 horas, pero con “flexibilidad”.

Todo esto, previo a que desde la comisión de Trabajo, con mayoría opositora, se determinara votar en particular la iniciativa entre este lunes y martes hasta su total despacho, lo que motivó una nueva ofensiva enfocada en el costo fiscal de la propuesta, el que, según un informe de la Dirección de Presupuesto (Dipres) superaría los 2.300 millones de dólares.

Y pese a los ingentes esfuerzos del Gobierno para contrarrestar la moción, lo cierto es que, hasta la fecha, la iniciativa no ha hecho sino sumar apoyos y lograr la ansiada unidad opositora que durante el año y medio de mandato de Sebastián Piñera había sido esquiva.

Para la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Mireya Dávila, “la diputada Vallejo ha puesto muy bien el tema de la moción en términos comunicacionales, y el Gobierno ha sido muy poco prolijo en manejarlo, no solo por lo que ha hecho el ministro Monckeberg sino que en general este Gobierno”.

Respecto de las razones de por que la administración Piñera se ha opuesto tan tenazmente a este proyecto, la Doctora en Ciencias Políticas indicó que  “lo de las 40 horas es de los temas que a la coalición de apoyo del sector empresarial y de derecha al Gobierno le da como un ataque de pánico, entonces claramente el Gobierno se siente muy cazado y tiene que argumentar de alguna forma comunicacionalmente o vía resquicio institucional para poder parar una política que va en contra de los intereses de su coalición”.

Para la experta, si el Gobierno persiste en esta lógica, tiene dos posibilidades: o maneja bien el tema políticamente o lo desvía a través de la atención a otras cosas. “Por lo que he visto este año y medio es lo más probable dar voladores de luces para distraer un poco la atención pública” sostuvo.

Proyecto “inconstitucional”

Parte fundamental de la estrategia gubernamental para echar abajo el proyecto 40 horas, ha sido enfatizar en el carácter inconstitucional de la medida. De esta forma, los ministros sectoriales e incluso el propio Presidente de la República han sostenido que la iniciativa no posee viabilidad y que, en caso de avanzar en su tramitación, se podría acudir al Tribunal Constitucional.

Sin embargo, bajo la mirada de distintos abogados y expertos constitucionalistas, el argumento del Ejecutivo no se sostiene, ya que el proyecto en sí mismo no implica un mayor gasto fiscal, sino que podría –eventualmente- ser un efecto indirecto, lo que es comparable con numerosas mociones que requieren para su implementación recursos estatales.

El abogado constitucionalista, Fernando Atria aseguró que el proyecto de ley 40 horas “no tiene relación con la administración financiera y presupuestaria del Estado, porque no obliga al Estado a prestación económica alguna”. Asimismo, el académico de la Universidad de Chile enfatizó que “es difícil imaginar un proyecto de ley que no pueda significar gastos para el Estado. Conforme a ello prácticamente todo proyecto sería de iniciativa exclusiva” argumentó.

Misma visión posee Patricio Zapata, quien consultado por el diario La Tercera señaló tener la impresión “de que (el proyecto 40 horas) no invade la iniciativa exclusiva presidencial en materia de gastos”.

En ese mismo sentido, en conversación con nuestro medio el abogado y experto laboral, José Luis Ugarte manifestó que “leída así la norma constitucional, prácticamente se acaba la iniciativa parlamentaria. Si se considera como gasto público lo indirecto entonces no hay proyecto alguno de ley que pudiera ser presentado por un parlamentario, por lo tanto, es una interpretación disparatada, yo creo que es más bien fruto de la desesperación del Gobierno”.

Dilatación y “campaña del terror”

Pocas horas antes de que se iniciara la discusión en particular del proyecto, desde el oficialismo adelantaron que acusarían una vulneración del reglamento de la Cámara por parte de la presidenta de la instancia Gael Yeomans.

El objetivo, según representantes de la oposición, era dilatar la tramitación del proyecto para evitar su votación. Sin embargo, de acuerdo a un informe de la secretaría general de la Cámara, ésta sí procedía, lo que dio paso a una nueva maniobra: hacer reserva de constitucionalidad.

Esto, al mismo tiempo que en los principales diarios del país se destacaba el informe del Gobierno que apuntaba a la afectación de la administración financiera del Estado, a través de, entre otras cosas, una menor recaudación de impuesto a la renta.

Dicho informe fue cuestionado por los defensores de la propuesta quienes acusaron una intensificación de “la campaña del terror” por parte del oficialismo.

Así lo señalaron durante estos lunes diputados opositores, desde Giorgio Jackson (RD) hasta Matías Walker (DC).

En esa misma línea, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el secretario general de la CUT, Nolberto Díaz, lamentó que el Ejecutivo haya conducido el debate hasta este punto, lo que sólo demuestra su nerviosismo frente a la propuesta.

“Lo que es lamentable es que hoy haya una campaña del terror que continúa con este titular con la portada de El Mercurio, que va a acompañada de una portada del Diario Financiero que también dice que las expectativas empresariales empiezan a caer. O sea, aquí lo que viene es una campaña del terror que nosotros rechazamos porque en cien años a los trabajadores chilenos les han rebajado solo tres horas la jornada laboral. En cien años hemos bajado de 48 a 45, una miseria”.

Durante la tarde de este lunes se aprobaron los dos primeros artículos del proyecto que representan el “corazón” de la propuesta, no sin antes darse una extensa discusión reglamentaria, además de exposiciones que recuerdan el debate de proyectos como la ley de divorcio o el aborto en tres causales.

Al mismo tiempo, -en una acción coordinada y mandatada desde La Moneda- el oficialismo anunciaba que haría reserva de constitucionalidad y que recurriría al TC para impedir su avance en el Parlamento.