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Año XI, 19 de noviembre de 2019

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Magistrados exigen agilizar investigaciones por violación a DD. HH en dictadura

En conmemoración de los 46 años del Golpe Militar, la presidenta de la Asociación de Magistrados de Chile, Soledad Piñeiro, conversó con Diario y Radio Universidad de Chile, y puso énfasis en los casos cuyos afectados fallecieron sin conocer el resultado de las investigaciones en curso.

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  Miércoles 11 de septiembre 2019 12:40 hrs. 
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Recordado las causas judiciales abiertas por los crímenes cometidos durante los 17 años de la dictadura en Chile, la Asociación de Magistrados emitió una declaración pública exigiendo a las autoridades pertinentes, poner de su parte para agilizar las investigaciones pendientes.

Según datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, en la actualidad existen 1300 causas activas por violaciones a los Derechos Humanos cometidos en dictadura y que aún se encuentran en los tribunales del país.

Al respecto, la presidenta de dicha asociación, Soledad Piñeiro, conversó con Diario y Radio Universidad de Chile, y recordó que muchos de los familiares de las víctimas desaparecidas en el régimen militar murieron sin conocer los resultados de las investigaciones.

Asimismo, Piñeiro dio detalles de lo que se le pide en concreto tanto al Poder Judicial como al Ejecutivo.

Hemos solicitado al Poder Judicial que pueda aumentar el número de ministros y ministras en visita, y que a cada uno de los ya designados se les otorgue dedicación exclusiva para que puedan dedicar todo el tiempo de trabajo solamente a aquellas causas. Y al Ministerio de Justicia le solicitamos que puedan disponer de una mayor cantidad de personal profesional especializado en los departamentos de la PDI y en los servicios del médico legal”, indicó.

Esta petición, cabe destacar, fue ingresada formalmente a través de una carta enviada este miércoles al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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De las causas que actualmente aguardan en los tribunales, al menos el 75 por ciento corresponden a víctimas de desaparición forzada o ejecuciones.

En opinión de Piñeiro, el avance de las mismas no necesariamente tendría que ver con una falta de voluntad política, pero sí con una falta de herramientas, que, según versa en la declaración de los magistrados, aportarían a la “reparación del país y a la construcción de democracia”.