Más de 20 años de investigación y casi cinco millones de dólares ha invertido el historiador holandés Bernard Keiser en la búsqueda del mítico Tesoro de Juan Fernández, una leyenda que data de 1715 y que habla de un enorme botín desenterrado y vuelto a enterrar en el archipiélago a fines del siglo XVIII.

Después de dos décadas de exploración y excavaciones sin mayores avances, el investigador inició una serie de reuniones con las autoridades comunales, regionales y de Gobierno, con el objetivo de ampliar la zona e incluir maquinaria pesada en las excavaciones. Sus argumentos fueron escuchados y el Gobierno, junto a CONAF, firmaron un protocolo autorizando los trabajos en la zona.

Frente a esto, parlamentarios y parlamentarias del Frente Amplio acudieron este lunes a la Contraloría General de la República para exigir al ente fiscalizador que establezca responsabilidades administrativas por la aprobación de un proyecto que, acusan, va en desmedro de la protección del ecosistema.

El diputado de Convergencia Social e integrante de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, Diego Ibáñez, junto a la diputada de Comunes y representante de la comuna de Juan Fernández, Camila Rojas, solicitaron el pronunciamiento de Contraloría frente al protocolo firmado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) para autorizar las excavaciones. Foto: Prensa Diego Ibáñez.

El parlamentario de Convergencia Social e integrante de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, Diego Ibáñez, indicó que el valor del supuesto tesoro que se pretende encontrar no es comparable con la riqueza de uno de los archipiélagos de mayor biodiversidad en el mundo.

“La verdad es que no hay mejor tesoro que, precisamente, defender la biodiversidad. Desde el año 1998 que está este interés privado de buscar un tesoro sin mayores antecedentes, sin mayor evidencia”, sostuvo Ibáñez.

“Si ponderamos la prioridad de hoy, entre destruir roca con maquinaria pesada para sacar un tesoro, a proteger la diversidad en un contexto de emergencia climática, nos quedamos con que el mejor tesoro es defender la biodiversidad”, agregó el diputado de la Comisión de Medio Ambiente.

El parlamentario de Convergencia Social y miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Diego Ibáñez, señaló que oficiarán a las autoridades correspondientes para que den explicaciones respecto de la legalidad del protocolo. Foto: Prensa Diego Ibáñez.

Fue a principios de septiembre que el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, anunció la firma del protocolo entre el Gobierno y CONAF para permitir dichos trabajos en la zona de Puerto Inglés, en Juan Fernández.

Fue ahí donde el ambicioso proyecto encontró sus primeros detractores, específicamente desde la misma CONAF, en donde su director regional de Valparaíso, Pablo Mira, manifestó su preocupación por el incumplimiento de un Plan de Manejo ya establecido para la zona. No obstante, Mira fue destituido.

Frente a esto, los trabajadores de CONAF, a través del presidente del sindicato de la Región de Valparaíso, Pablo González, rechazaron la salida del ex director nacional y explicaron por qué se oponen al proyecto.

“Lo que hay que entender acá es que existe un Plan de Manejo y el Servicio de Evaluación Ambiental no puede estar por sobre ese Plan de Manejo y éste es claro: no se pueden extraer o hacer socavones, hojarasca, ripio, intervenir la zona que ya se encuentra afectada”, explicó el dirigente de Valparaíso.

El presidente del sindicato de trabajadores de CONAF Valparaíso, Pablo González, manifestó el apoyo del gremio al ex director regional Pablo Mira, quien fue destituido tras oponerse a la firma del documento que aprobó las excavaciones. Foto: Prensa Diego Ibáñez.

Además, el presidente del sindicato de trabajadores de CONAF manifestó su apoyo al Consejo Nacional de Guardaparques y el Colegio de Ingenieros Forestales, desde donde también criticaron la firma del documento que permitirá el ingreso de maquinaria pesada a las faenas en Puerto Inglés, en donde, además, acusaron que han existido lamentables consecuencias debido al incumplimiento de los compromisos adquiridos tras la aprobación del proyecto por el SEIA.

Por su parte, la diputada de Comunes y representante de la comuna de Juan Fernández, Camila Rojas, sostuvo que recurrirán a todas las instancias que tengan a disposición para que estas excavaciones no se desarrollen.

“Nosotros creemos que son actos ilegales y vamos a insistir desde los distintos espacios de fiscalización que tenemos. Este es uno, pero también citar a las autoridades a la comisión a dar explicaciones por este tema”, sostuvo la parlamentaria por la V Región.

El historiador holandés Bernard Keiser lleva más de 20 años y casi cinco mil millones de dólares invertidos en la búsqueda del ‘Tesoro de Juan Fernández’, sin mayores hallazgos. Foto: Mark Johanson – GetLost Magazine.

“Decir también lo insólita que es esta situación: se está buscando un tesoro. Parece una historia de cuento lo que estamos enfrentando, un privado que busca un tesoro, que lo busca hace ya 20 años, que no ha encontrado nada y que está dañando el medio ambiente. Entonces, ante esta situación insólita, nosotros creemos que hay que tomar todas las medidas necesarias para detenerlo”, criticó la diputada Rojas.

La respuesta de Bienes Nacionales frente al Protocolo

Este lunes también salió a enfrentar la polémica el propio ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, quien fue duramente criticado luego de anunciar la firma del protocolo por, presuntamente, intervenir en un proceso que, legalmente, debía ser supervisado por CONAF, previa aprobación del organismo encargado de evaluar el verdadero perjuicio que podría significar la intervención en el área: el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Y es que en 2012, luego de infructuosas exploraciones que no arrojaron mayores resultados, Keiser solicitó nuevamente a través del SEIA ampliar la zona de exploración y, solo en caso de algún hallazgo, iniciar excavaciones. Ante las constantes frustraciones, el investigador tomó el camino del Lobby y solicitó a las autoridades el ingreso de maquinaria pesada.

El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, defendió el protocolo firmado por CONAF y admitió haber participado de las conversaciones que lo originaron. Foto: Ministerio de Bienes Nacionales.

Frente a esto, el titular de Bienes Nacionales admitió que sí participaron de reuniones con el equipo de investigadores y que se hizo en orden de cumplir con el mandato de la cartera. No obstante, fue enfático en que el documento fue firmado por la Corporación Nacional Forestal y no por su cartera.

“Nosotros participamos de las conversaciones eso es verdad. El Ministerio más allá de las facultades de otras instituciones, tiene el control superior respecto de todos los bienes nacionales de uso público. En esta oportunidad ejercimos ese control superior. Acá no hay presión”, dijo el ministro de Bienes Nacionales. “No firmamos un protocolo, eso lo hizo CONAF“, aclaró.

Respecto de los plazos que se entregaron para las investigaciones y la posibilidad de encontrar hallazgos de valor histórico en la zona, Ward sostuvo que esto va en el sentido de, justamente, no extender las faenas por otros 20 años más.

“Hay que entender que estamos hablando de restos históricos”, aclaró Ward. “Si verdaderamente hay algo interesante desde el punto de vista histórico creo que es razonable y es prudente no descartar, a priori, una búsqueda“, concluyó el secretario de Estado, añadiendo que, de encontrarse el presunto tesoro, esto tendría un gran impacto positivo para una comuna “que lo ha pasado mal”.

Revisa el requerimiento que presentaron los parlamentarios y parlamentarias del Frente Amplio ante la Contraloría General de la República.

En 1935 las tres principales islas del archipiélago de Juan Fernández fueron declaradas ‘Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández’ con una extensión de aproximadamente 9.967 hectáreas. En 1977, fue declarado por la Unesco como ‘Reserva Mundial de la Biosfera’.