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Año XIV, 5 de octubre de 2022

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Justicia condena a siete años de presidio a agentes de la dictadura

La sentencia fue dictada por el ministro en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, en contra de César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo, Gerardo Godoy Garcia y Fernando Lauriani Maturana, por sus responsabilidades en el secuestro calificado en contra de Sergio Órdenes Albornoz, joven militante del MIR, ocurrido en enero de 1975.

Diario Uchile

  Lunes 30 de septiembre 2019 16:49 hrs. 
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La jornada de este lunes, cuatro ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) fueron condenados a siete años de presidio por su responsabilidad en el secuestro calificado en contra de Sergio Órdenes Albornoz, joven militante del MIR, ocurrido en enero de 1975.

La sentencia fue dictada por el ministro en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, en contra de César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo, Gerardo Godoy Garcia y Fernando Lauriani Maturana.

Según la investigación, “Entre los días 8 y 10 de enero de 1975, Sergio Fernández Órdenes Albornoz, de 22 años de edad, un estudiante de ingeniería civil, militante del MIR, de nombre “Guillermo” o “Memo”, que había pasado a vivir en la clandestinidad a consecuencia del golpe militar, es detenido en calle Ecuador con Las Rejas Norte, en la ciudad de Santiago, por agentes pertenecientes a la Brigada Caupolicán de la DINA, los que le trasladaron en diversos vehículos, entre ellos un auto Mini, al recinto de prisión y tortura de nombre Villa Grimaldi, junto a los militantes del MIR, Hugo Salinas Farfán y Luis Piñones Vega”.

“Que ya en Villa Grimaldi, recinto en ese entonces dirigido por un coronel del Ejército de Chile, la víctima Órdenes Albornoz es visto por última vez, por detenidos que lograron recuperar su libertad y entregaron su testimonio, y desde el cual se le pierde el rastro, ignorándose desde entonces su paradero”, continua el texto.

Además del presidio a responsables, se condenó al Fisco a pagar un total de 90 millones de pesos a los familiares de la víctima.

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