Las cosas están agitadas en Perú. Desde que el lunes, el presidente de ese país, Martín Vizcarra, decidiera disolver el Congreso, la tensión se ha apoderado del ambiente político criollo.

La oposición fujimorista y aprista acusa al mandatario de realizar un autogolpe, mientras que el gobierno insiste que lo resuelto se enmarca dentro de la constitucionalidad. Así como el Ejecutivo defiende su actuar, también hay congresistas –no necesariamente oficialistas- que apoyan la medida de Vizcarra.

Uno de ellos es Alberto Quintanilla, integrante de la coalición de izquierda Nuevo Perú y miembro accesitario de la Comisión Permanente del Congreso disuelto. En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el ahora ex legislador -debido al cierre del Congreso- representante de la Región de Puno, explica y profundiza la actual crisis que vive su país. “La gente ya pedía que se vayan todos”, sostiene Quintanilla.

¿Cómo es que en el Perú se llega a la situación de crisis actual?

Como Nuevo Perú –y yo en particular- somos de la opinión de que lo que ha ocurrido es un agotamiento del modelo económico, político y social establecido en la Constitución vigente desde 1993. Una Constitución que excluye toda posibilidad de planificación de la economía, debilita la función contralora del Estado y establece un equilibrio de poderes desigual en perjuicio del sistema de justicia. Esto ha dado lugar a la proliferación de la corrupción casi en todas las esferas de la administración pública y la sociedad y que ciertamente ahora ha hecho crisis, crisis que se ha expresado en que tenemos un poder Ejecutivo sumamente debilitado, que no tiene un partido político que lo respalde ni tampoco tiene una buena presencia en el Congreso. Por el otro lado tenemos una oposición encabezada por Fuerza Popular -el fujimorismo- y el Partido Aprista, que adoptaron la posición equivocada de pretender gobernar desde el Congreso. Esto dio lugar a este enfrentamiento que se ha producido después de dos cuestiones de confianza negadas al gabinete y, por lo mismo, de acuerdo a la Constitución, el presidente Martín Vizcarra ha procedido a disolver el Congreso y a convocar elecciones.

Hay quienes comparan la decisión de Martín Vizcarra con el autogolpe de Alberto Fujimori de 1992, ¿está de acuerdo usted con esto?

No estamos de acuerdo, si bien es una disolución del Congreso, esto está enmarcado dentro de la Constitución para resolver la crisis de confrontación entre los poderes del Estado. El 5 de abril de 1992 fue un autogolpe con el respaldo y participación de las Fuerzas Armadas, en esta oportunidad no hay participación de ellas y se ha dado después de agotar los mecanismos que la Constitución establece, y la disolución está contemplada y establecida en nuestra Constitución.

Son seis meses los que pasarán entre esta fecha y el día en que los congresistas elegidos juramenten en sus cargos. Durante este periodo Vizcarra tendrá un poder casi absoluto ¿No hay preocupación al respecto?

La Constitución establece que, disuelto el Congreso, las funciones legislativas y normativas las asume el poder Ejecutivo, y se establece la permanencia de la Comisión permanente, que son 28 congresistas, que asume la función de una especie de organismo vigilante consultivo, porque sus decisiones no tienen efecto vinculante, solo son sugerencias, observaciones, que después debe convalidarlas una vez instalado el nuevo Congreso de la República.

Ahora, siempre habrá preocupación por lo que pueda pasar, pero ciertamente hay otras instituciones que no han sido disueltas, que fueron disueltas en 1992 y en esta oportunidad no, me refiero al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional y otras que tienen que ver con el desempeño del país.

Por lo que me dice, entiendo que usted y la coalición Nuevo Perú apoyan el proceso liderado por Martín Vizcarra

Nosotros hubiésemos querido que se entrara a un proceso de renovación total de la política, la revisión de la Constitución y el establecimiento de una nueva, hubiésemos preferido esa alternativa. Por supuesto también proseguir con el combate a la corrupción, que es lo que ha movido la conducta que hoy tiene el fujimorismo, el APRA, y quienes se han aliado a ellos.

La solución de Vizcarra es una solución intermedia, nosotros la apoyamos para seguir impulsando una revisión y una renovación total de la política.

Tomando en cuenta el escenario en el que hoy se encuentra Vizcarra y la situación de la oposición fujimorista así como de la izquierda ¿cómo vislumbra usted lo que viene para Perú?

Las fuerzas que no somos del Gobierno tendremos posiciones distintas. Nosotros brindaremos un apoyo en tanto se inicie una renovación de la política y se continúe con el combate a la corrupción. Vamos a incidir también –como Nuevo Perú- en la revisión del modelo económico y la Constitución. El fujimorismo va a tener una suerte de oposición porque en la práctica, si bien coinciden en el modelo económico, los diferencia el control político y la concepción del fujimorismo sobre el poder, que para ellos es para usufructuarlo y beneficiarse de él, cosa que nos ha llevado a la crisis.

Nosotros vamos a estar en una posición democrática, vigilante y de impulso a una renovación total del sistema político y económico, así como del combate a la corrupción. El fujimorismo va a seguir pensando en bloquear todo para que no avance la lucha contra la corrupción y no se pueda descubrir con facilidad las responsabilidades de presuntos delitos cometidos por ellos.

Entiendo entonces que la pelea entre el fujimorismo y el APRA contra el Ejecutivo no es ideológica, sino que por puestos de poder

Más que por puestos de poder –que es una pelea también por eso- es una pelea porque el fujimorismo y el APRA pretenden bloquear toda posibilidad de que el combate a la corrupción avance en profundidad, porque de los últimos tres años, los procesos judiciales los han ido involucrando cada vez más a ellos. También hay otros movimientos regionales y de izquierda que también, en menor medida, han incurrido en hechos de corrupción.

Para nosotros el combate a la corrupción debe seguir, caiga quien caiga, sea de cualquier tendencia que sea. Hay que aclarar que la raíz de esto es un modelo de contratación del Estado de la obra pública con el sector privado proclive a la corrupción.

¿Qué es lo que se percibe en el ambiente de Perú, en la población, el ciudadano de a pie? ¿La gente apoya la decisión de Vizcarra?

Hay un rechazo a la práctica de la política como una actividad de aprovechamiento, de una suerte de mercantilismo del Estado. El común de la gente, mayoritariamente, está apoyando esta renovación. Creo que la corrupción en las esferas del Estado ya llegó a un extremo que la gente ya pedía ‘que se vayan todos’ para renovar la política.