La decisión de escolares y trabajadores de no pagar el Metro de Santiago debido a la última alza en los pasajes ha generado críticas por parte del Gobierno y de los propios directivos de la empresa.

“El pasaje no subió para los estudiantes, entonces por qué protestan”, “existen manejos políticos que impulsan estas movilizaciones”, “Se les quitará la Tarjeta Nacional Estudiantil, y se presentarán acciones legales contra escolares”, han sido algunas de las expresiones que han patentado autoridades del Ejecutivo y de Metro S.A.

Para la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Ayelen Salgado, protestar con evasión, más que un acto justificable, es una acción necesaria, debido a las constantes alzas del pasaje, la luz, sumado a los bajos salarios y la difícil situación económica que afecta a la mayoría de la gente.

“Históricamente nosotros hacemos el análisis de que hemos tenido un rol dinamizador de las demás luchas. Si bien no nos afecta directamente, protestar con evasión es un acto necesario ante la crisis económica que afecta a nuestras familias y a las demás personas que, en su mayoría, ganan con suerte el sueldo mínimo, y por miedo a protestar, nosotros lo vamos a hacer con ellos y así demostramos la indignación colectiva que existe frente a este tema”, afirmó. 

Desde las organizaciones de estudiantes secundarios han recalcado que la planificación ha sido espontánea por parte de los jóvenes, sin que ellos ni otras instancias de tipo político hayan propiciado dicho malestar ciudadano.

Recordemos que después de la reciente alza de los pasajes de Metro y microbús, la Fundación Sol estudió precisamente el gasto económico mensual que hacen las personas para trasladarse a su lugar de labores y retornar al hogar.

Según el informe, un trabajador que gana el salario mínimo podría llegar a desembolsar, como mínimo, el 21 por ciento de su remuneración, aproximadamente 50 mil pesos en 23 viajes de ida y regreso.

Al respecto, los funcionarios que se desempeñan en el tren subterráneo rechazaron las medidas de seguridad que ha implementado la empresa, como el cierre de los accesos y la abultada presencia de Carabineros en las estaciones, medidas que -precisaron- han puesto en peligro la integridad física y la salud de los funcionarios.

El presidente del sindicato de Metro S.A, Eric Campos, indicó que la mitad del valor pagado por los usuarios va destinado a tapar el déficit generado por el Transantiago, por lo que emplazó al Ejecutivo a terminar con la compra masiva de buses eléctricos sin licitación y a constituir un nuevo consejo asesor tarifario donde, además de los expertos, sea integrado por políticos y representantes de la sociedad civil con el objetivo de implementar una nueva tarifa social.

“Llegó la hora de discutir seriamente la necesidad de estatizar el transporte público, así como lo es en Europa y en las principales ciudades de Latinoamérica. No puede ser que el traslado en la capital, teniendo en cuenta los bajos salarios que tenemos en Chile, sea uno de los más caros del continente, eso es una contradicción, una falta de ética del Estado, quien, mientras transfiere millones de dólares en subsidios a privados, le carga sobre los hombros a los trabajadores y trabajadoras, el peso de costear el transporte en la capital”, subrayó.

En tanto, el presidente del Panel de Expertos que sube las tarifas del transporte público, Juan Enrique Coeymans, cuestionó este tipo de protestas e indicó que no ocurren cuando hay alzas en otros productos que también son de primera necesidad, como el tomate o el pan.

Además, advirtió que no descartan nuevas alzas de productos –precisó- por los incrementos en el precio del dólar que encarecen la importación de insumos y combustible.