Dunas de Concón: proyecto de 28 lotes fue aprobado sin estudio de impacto ambiental

Aunque la construcción se encuentra detenida momentáneamente, el vocero de la organización Duna Viva, Hernán Madariaga, conversó con nuestro medio y señaló que a la espera aún quedan otros 28 proyectos inmobiliarios que podrían hacer desaparecer todo el campo dunar.

Aunque la construcción se encuentra detenida momentáneamente, el vocero de la organización Duna Viva, Hernán Madariaga, conversó con nuestro medio y señaló que a la espera aún quedan otros 28 proyectos inmobiliarios que podrían hacer desaparecer todo el campo dunar.

28 lotes es lo que incluye un megaproyecto de la inmobiliaria Reconsa, mismo que pretende ser construido alrededor de la avenida Cornisa, en la comuna de Concón.

Esta obra, anunciada en 2018, ha tenido distintos inconvenientes en el transcurso de este año, entre ellos, recursos de apelación impulsados por la organización Duna Viva. El último de estos, incluso, terminó con un fallo de la Corte Suprema que indicó que cualquier construcción en la zona debiese contar con un estudio de impacto ambiental.

Antes, la empresa responsable había obviado este detalle excusándose en que el proyecto en desarrollo se trataba solo de “urbanización de la zona”, un detalle incluido en el fallo de la Corte Suprema emitido en junio de este año.

Pasando por alto a todo esto, posteriormente, la Comisión Ambiental Regional autorizó la continuidad del megaproyecto de Reconsa. Para el abogado de la organización Duna Viva, Gabriel Muñoz, la responsabilidad por esto recaería en el presidente de dicha instancia, es decir, en el intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez.

A sabiendas de este fallo, el intendente hace caso omiso de lo indicado por la Corte Suprema y autoriza, como presidente de la Comisión Regional de Medio Ambiente, que solo basta una declaración por parte de la empresa, de que van a ser amigables con el medio ambiente y no exige el estudio”, explicó Muñoz a este medio.

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La organización en defensa de las Dunas de Concón, además, ha asegurado que no están necesariamente en contra de la construcción del proyecto, pero que solicitan que se haga dejando claro cuál será el impacto para la comunidad.

Así, Muñoz también se refirió a la posibilidad que tendrían los vecinos con la realización de un estudio de dicha magnitud y sobre el estado de vulnerabilidad en el que están hoy las dunas tras la decisión de Martínez.

“En este momento, la empresa puede construir sin otorgar ninguna medida de mitigación a la ciudad de Concón, ni a los lugares ni a los vecinos. En cambio, con el estudio de impacto ambiental, los vecinos pueden intervenir, se produce una democracia ambiental y toda la comunidad puede hacer las observaciones que sean necesarias para proteger su patrimonio”, señaló el abogado.

Actualmente, las obras de este proyecto están paralizadas dado que la organización presentó un recurso en contra del propio Jorge Martínez y que fue admitido por la Corte de Apelaciones en la segunda semana de octubre.

Jorge Martínez.

Jorge Martínez.

Sin embargo, de decretarse la continuidad del proyecto de Reconsa, la señal que se enviaría para otras inmobiliarias atentas a lo que ocurre en la zona pondría en riesgo a todo el campo dunar. Así lo aseguro, en conversación con nuestro medio, el vocero de Duna Viva, Héctor Madariaga.

“Si se permitiera la urbanización del sector, hay en la espera de la Dirección de Obras del Municipio de Concón 28 proyectos inmobiliarios; es decir, más edificios en una zona que ya está llena de edificios y que el impacto para quienes habitan allí sería complejísimo y sería ponerle el cierre al campo dunar”, manifestó.

Para los entrevistados en este informe, las construcciones que amenazan esta zona protegida, incluso por el Plan Regulador Comunal de Concón, es equiparable con lo que ha ocurrido en zonas como Quintero y Puchuncaví.

Finalmente, el abogado Gabriel Muñoz señaló que la situación se trata de graves fallas que incluyen a toda la institucionalidad ambiental. Por un lado, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que fue partícipe de la comisión que autorizó este proyecto, y por el otro, la Superintendencia de Medioambiente, que, según Muñoz, tardó en atender las demandas de la comunidad.





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