Hoy, en el Chile que enfrenta un estallido social cocinado lentamente por décadas de desigualdad, la notificación de un alza en el pasaje del Metro encendió la mecha de un barril de pólvora acumulado desde el retorno de la democracia. “No son 30 pesos, son 30 años” dicen las pancartas de los manifestantes en Plaza Italia, o en la Plaza de Ñuñoa. También en Punta Arenas, Valparaíso, Temuco, San Antonio, e incluso, fuera de Chile.

No, este no es un problema local, no es el alza del pasaje. Ni siquiera son las pensiones de miseria de nuestros jubilados o el alza de la prima GES que afecta, incluso, a las clases más acomodadas. Es todo. Es el sistema neoliberal y la impresionante inequidad en la distribución de las riquezas, de las peores del mundo. Un país en el que el 4 por ciento de la población concentra el capital, mientras el porcentaje restante lucha por mantenerse a flote en una economía paralizada y sin crecimiento.

La gente se enervó ante la indolencia y desconexión de nuestra clase política. Esa que insiste en culparse mutuamente de lo que pasa ahora y se ahogan en recriminaciones en vez de mirar el panorama y darse cuenta que este no es un movimiento, es una rebelión. Que no sirve que se congele el precio del pasaje, porque lo que hay detrás es la falta de igualdad. Que se niegan a enfrentar la realidad: el problema está en nuestra columna vertebral. Es la Constitución.

Eso lleva a pensar en la muy utilizada frase ¡Es la economía, estúpido!, acuñada en la campaña presidencial que enfrentó a Bill Clinton con George Bush padre en 1992 y que luego trascendió a distintos aspectos de los problemas públicos esenciales.

¡Es la Constitución, estúpido! Nuestra Carta Fundamental nacida en dictadura y reformada en democracia con la intención de barnizarla de legitimidad no da el ancho, no es capaz de sostener a la sociedad chilena del siglo XXI.

El Chile de hoy despertó y exige a gritos y golpes de cacerolas que nuestra institucionalidad tenga una base democrática. Lo de este fin de semana no es culpa exclusiva de un Gobierno alejado de las necesidades de la ciudadanía que lo eligió, los gobiernos anteriores también se acomodaron en sus sillones sin considerar a la Nación, esa misma que es la base del poder que ellos detentan. Sin embargo, ha sido el actuar despectivo de los miembros del gabinete, las frases después consideradas simplemente como desafortunadas, las que terminaron por colmar la paciencia de la ciudadanía. No es tolerable que el ministro de Economía aconseje “madrugar” para ser ayudado con una tarifa más baja. Previamente ya habíamos escuchado al ahora ex subsecretario de Redes Asistenciales declarar que algunas personas asistían a los centros de salud para “socializar”, lo que desató la furia de las organizaciones sociales y, finalmente, le costó el puesto.

La desconexión de nuestra clase política se volvió intolerable para nuestra sociedad y decidió manifestar su descontento. Pero es más que descontento, es rabia, es hartazgo de la precariedad que enfrenta una gran parte de sus integrantes mientras ven como el agotamiento de los recursos naturales amenaza incluso la vida. Es el reclamo incansable de los pueblos originarios que no han cedido pese a una represión extrema de parte de la Policía.

En el Chile de 2019,  las personas tienen restricción de transitar libremente por las calles a partir de las 19 horas en un domingo, y las respuestas a las manifestaciones espontáneas y transversales de la sociedad son las del siglo pasado: represión policial, militares en las calles, toque de queda. Los poderes del Estado se reúnen en La Moneda para dialogar y se dirigen al país sin ninguna propuesta. El Presidente nos habla de guerra y de organizaciones criminales sin hacer ninguna mención a las demandas ciudadanas que se le han presentado de diversa forma.

La falta de una carta de navegación de quienes administran Chile ha detonado en estas movilizaciones, no exentas de violencia y delincuencia, para reclamar por un nuevo pacto social, un nuevo acuerdo que refleje a la sociedad que somos y a la que aspiramos ser. Esta es una oportunidad única para hacer los cambios que la ciudadanía reclama y este Gobierno podría recogerla y hacer historia, sin embargo, se enfoca en que su legado sea el de decretar un estado de emergencia constitucional por primera vez desde el retorno de la democracia. Se empecina en el orden público y en declarar toques de queda que ya nadie respeta, porque el miedo también es algo que quedó en el siglo pasado.

¡Es la Constitución! Ya no sirven los comités, las mesas de trabajo ni los paneles de expertos. La sociedad exige los cambios que se le adeudan desde hace décadas y no cejará hasta conseguirlos. Porque no son 30 pesos, son 30 años.

Foto referencial @Rodrigo Alarcón