Señor Director :

Hace algunos días se emitió un reportaje en televisión abierta en donde relataba la cruda realidad que por años Ariqueños y Ariqueñas han tenido que vivir, se trata de la zona de sacrificio de “Cerro Chuño”, ubicada al noreste de la ciudad de la eterna primavera. Que desde los años 80 el lugar conocido inicialmente como una zona industrial, sirvió por parte de una empresa sueca como el lugar perfecto para dejar desechos tóxicos altamente peligrosos dejados de forma irregular y con la promesa de ser procesados por una empresa chilena para la extracción de oro y cobre, esta esperanza nunca vio la luz.

En los años 90 hicieron que esta zona fuera el sueño de la casa propia de miles de habitantes y con la construcción de conjuntos habitacionales el torbellino empezó a mostrar sus efectos, la aparición de los primeros síntomas producto de polimetales principalmente de “plomo y arsénico” ha afectado durante décadas la salud de niños y adultos, según consignaba el propio reportaje, el depositario en donde se dejaron finalmente los desechos se encuentra a 250 metros de las construcciones más cercanas de casas, la salud de los pobladores no puede ser promesa del gobierno de turno.

Si bien se cumplió la premisa inicial de reubicar a los habitantes en nuevas casas, la denominada “zona de los polimetales” hoy es lugar de ocupación ilegal de chilenos e inmigrantes que no tienen hogar, el esfuerzo de autoridades locales por mejorar las condiciones de vida de los afectados parecen ser en vano, la salud de las personas estará permanentemente en juego sino se soluciona el problema de fondo, parece irónico comparar esta zona de sacrificio con comunas iconos como “Puchuncaví” o “Quintero”, unas de las 6 comunas de Chile que poseen actualmente contaminación a causa de las termoeléctricas a carbón, tarea que no parece fácil para el gobierno y que desde movimientos ambientalistas transversales han llamado a cerrar aquellas termoeléctricas y terminar con las llamadas “zonas de sacrificio”.

Por todo esto debemos hacernos cargo de un problema que es real y que en largo plazo anula un derecho constitucional y humano, como es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y  aunque este haya sido vulnerado debe ser reivindicado por el mismo Estado.