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Año XVI, 23 de abril de 2024


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Organizaciones sociales instan al Poder Judicial a no ser cómplice del atropello a los DD.HH.

En la suma de lo registrado por las organizaciones presentes, las cifras finales indican la existencia de 5 mil detenidos, 20 mujeres y 2 hombres abusados sexualmente, 10 desaparecidos, 60 personas con daños oculares y 26 fallecidos.

Diario UChile

  Lunes 28 de octubre 2019 19:37 hrs. 
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La normalidad que intenta proyectar el Gobierno no es algo que pareciera interesarle a las organizaciones sociales.

Este lunes, mientras que en La Moneda se efectuaba el anunciado cambio de Gabinete, en las afueras de Palacio de Tribunales, diversas organizaciones de Derechos Humanos y de la sociedad civil acudieron vestidos de luto ante el Poder Judicial para denunciar los crímenes atribuidos al Estado y a las Fuerzas Armadas.

Esta actividad fue convocada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), a través de su presidenta, Emilia Schneider, y se dio en el marco de la llegada de la misión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

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Así, en un pronunciamiento general, organizaciones como la Coordinadora Feminista 8M, la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, el Museo de la Memoria, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos, Amnistía Internacional, entre otros, entregaron un balance de lo vivido en las manifestaciones posteriores al 18 de octubre.

En la suma de lo registrado por las organizaciones presentes, las cifras finales indican la existencia de 5 mil detenidos, 20 mujeres y 2 hombres abusados sexualmente, 10 desaparecidos, 60 personas con daños oculares y 26 fallecidos.

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Estas cifras fueron explicitadas en una carta que las y los participantes enviaron a la Corte Suprema, y en la que instan al Poder Judicial “a no ser cómplice de lo ocurrido”. 

Finalmente, el llamado de las organizaciones para la ciudadanía fue a protegerse y evitar aumentar las cifras. Sin embargo -recalcaron- deben abandonar las manifestaciones en la calle, dado que los cambios propuestos por el Gobierno no intentan resolver los problemas de fondo.

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