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Los palos de ciego y la justicia social

Columna de opinión por Sebastián Fernández
Domingo 3 de noviembre 2019 9:54 hrs.


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Cuando escuchábamos que ya vendrían los tiempos mejores, esos que traerían progreso y que nos dejarían viviendo en un oasis envidiable para toda Sudamérica, los estudiantes secundarios nos dieron un portazo en la cara que nos terminó despertando bruscamente de la ilusión de ese país de fantasía. 

No debemos redundar en el desenlace de esta historia ni en los diagnósticos que detonaron la inminente caída. Por lo demás, tal ha sido este fenómeno de levantamiento social que hasta los matinales han reemplazado su parrilla programática farandulera para hablar de política y de soluciones a la situación país. A pesar de que no se vislumbran líderes claros en el marco de una negociación entre el Gobierno y la ciudadanía, surgen consensos en las demandas que se elevan desde las mismas calles, calando con fuerza en el Parlamento y en los pasillos de La Moneda.  

El resultado de esto es la convicción fehaciente de que si no se le da solución al problema, las movilizaciones no cesarán. Es indispensable entonces preguntarnos por el eje que reúne a esta serie de demandas y que al mismo tiempo les permite dejar de ser una lista de supermercado para transformarse en un legítimo clamor de justicia. 

Con el 14% de respaldo ciudadano (Cadem), el Presidente Sebastián Piñera carece de un marco de movimiento que le entregue la posibilidad de proponer medidas reparatorias y tranquilizadoras, si no se ataca directamente el núcleo del problema. El despertar de la sociedad arrastra consigo la conciencia activa que exige un real cambio a las formas de estructurar las políticas en todo orden.  Es por lo anterior que ante el primer anuncio de otorgar real solución a estas demandas, entregado el 22 de octubre desde La Moneda, la respuesta ciudadana no titubeó ni descansó en medios tintes y se manifestó enérgicamente en un rechazo inmediato ante lo que podría haber sido una píldora factible de digerir. 

Y es que no se trata de mejorar individualmente la pensión de don José o de la señora Marta cubriendo la precariedad de éstas con fondos fiscales,  sino de que ambos trabajen dignamente en lo que se extienda su edad laboral, pero confiando en que quienes administran sus cotizaciones lo harán con responsabilidad y por sobre todo, cumpliendo con el principio de una justa repartición. Y cuando hablamos de “lo justo”, nos referimos a lo que corresponde en virtud de sus años entregados al servicio de todas y todos.

Hablar hoy de manos extranjeras articulando o maquinando el movimiento no es sino subestimar la capacidad del propio pueblo de responder ante las injusticias silenciadas durante años. Situación que es preocupante viniendo de un mandatario o de su círculo más cercano, que -dicho sea de paso- hoy en su gran parte ocupa cargos de dirección gubernamental. 

Entonces, no se trata de dádivas, no es hacer regalos o descansar en los ya tan acostumbrados bonos provenientes del asistencialismo estatal, se trata de devolver la dignidad a un pueblo que lo ha entregado todo y del que se ha abusado sin descaro.

Lo preocupante de esta situación es que desde la vereda del Ejecutivo no se está entendiendo o no se quiere entender. Al parecer en la escala de valores, la justicia está situada en una posición secundaria; se mal entiende, o en su defecto, se asume a conveniencia. Los mismos actores que están detrás del provechoso negocio de administrar nuestros derechos más básicos hoy son intocables: pensiones, salud, vivienda y educación. Bajo este mismo paraguas se encuentran todos quienes nos proveen nuestros servicios primarios como el agua y la luz, sin dejar fuera de este grupo selecto a las concesionarias que administran nuestras autopistas y a las redes farmacéuticas que nos abastecen de todos los medicamentos. 

La consigna “Chile despertó” es la respuesta ciudadana ante las injusticias de un modelo. La desigualdad, por su parte, es el corolario emergente de la administración irresponsable de este mismo modelo. Culpar a los privados por lo nefasto del modelo es tapar con una manta caricaturesca una clara responsabilidad de nuestras autoridades políticas que se viene arrastrando desde la dictadura y que ningún gobierno ha tenido capacidad de revertir. Lo anterior, considerando que el principio de toda empresa privada es generar rentabilidad y si se hace cargo de una isapre o de una AFP, no buscará sino amoldar sus planes de acuerdo a lo que le genere mayor ganancia. Lo mismo se puede extrapolar a los valores de los medicamentos farmacéuticos o bien al cobro abusivo de las autopistas. 

El fracaso del modelo no tiene relación con los indicadores de crecimiento a nivel país, sino con las injusticias distributivas provenientes de los remates concesionarios en los que se han sorteado nuestros derechos básicos y en los que el Estado ha otorgado monopolios como es el caso de las autopistas. 

Y si hoy la agenda social incentiva la recuperación de nuestros recursos y derechos, es porque se ha demostrado con creces, que no basta con confiar en la ética de los agentes privados, y menos en la incorruptibilidad de nuestros representantes políticos. Más bien, se exige un cambio radical al modelo que ha usurpado nuestras vidas y que hoy estruja sin compasión nuestra dignidad.

Lo preocupante de todo esto es la nula capacidad de comprender las demandas por fuera de la herencia santificada del neoliberalismo impuesto desde la época de unos iluminados Chicago boys. No hay cabida alguna para alcanzar posiciones resolutivas por fuera de los márgenes de las políticas neoliberales consolidadas. Lo anterior ha provocado el silencio rotundo del oficialismo cuando se menciona siquiera la posibilidad de cambiar nuestra  constitución.

Desde la otra vereda, los cabildos autoconvocados se han tomado gran parte de nuestras comunas y el país clama por las soluciones inmediatas. De igual manera, ante la carencia de una estructura definida para burocratizar estas demandas, surge preocupación por lo vinculantes que serán las conclusiones de estos espacios de discusión y consenso.   

De aquí en más, nos quedará esperar por la apertura de instancias resolutivas que aspiren a entregar justicia, o bien, resignarnos a mirar como el gobierno no es capaz de actuar más allá de sus propios márgenes políticos, ante un levantamiento ciudadano inminente que no tiene fecha de expiración.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.