Diario y Radio Universidad Chile

Año XVI, 13 de junio de 2024


Escritorio

Pacto social por la soberanía nacional, popular y democrática

Columna de opinión por Jean Flores Quintana
Domingo 3 de noviembre 2019 10:24 hrs.


Compartir en

La larga noche liberal está llegando a su fin. La crisis social y política que atraviesa el país nos desafìa a buscar una salida que genere las condiciones de progreso y desarrollo de la nación, esta vez, para todos y todas. El ciclo que vemos acabar, impuso a sangre y fuego el libre mercado, el desmantelamiento del Estado, la explotación irracional del medio ambiente y sus materias primas, y el ensañamiento despiadado contra los trabajadores. Esto trajo como resultado una clase de súper ricos equivalente al 1% de la población, una clase media acomodada que llega al 19% de la población, y una clase explotada que representa al 80%.

Con la crisis económica de 2008 se abre el campo por el ejercicio de la hegemonía mundial. En este contexto geopolítico multipolar, el modelo económico chileno manifiesta su vulnerabilidad al ser profundamente dependiente de factores externos, por tanto, la depresión financiera norteamericana con sus medidas proteccionistas -cese de las exportaciones de bienes y servicios- desencadenó el peor de los escenarios para las derechas locales. Las tristes performances de Macri en la Argentina, Bolsonaro en Brasil, el renunciado Kuczynski en el Perú, Abdo Benítez en el Paraguay, y ahora Piñera en Chile dan cuenta de los nefastos resultados para las grandes mayorías cuando gobiernan los empresarios.

La disputa en la región, por tanto, reside en la localización y el ejercicio del poder.   

Soberanía nacional 

La nación es el poder constituyente originario, único titular de la soberanía nacional. El ejercicio de nuestro inalienable derecho a la autodeterminación debe materializarse en una asamblea constituyente, que elabore una nueva Constitución Política del Estado con el propósito de reconstruir la convivencia social en nuestra patria, garantizando una democracia plena que vele por la autodeterminación de los pueblos, los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de toda la población, las autonomías territoriales, la libertad de prensa, y la descentralización del Estado.

Una nueva carta magna construida entre todos y todas promoverá mecanismos de participación efectiva y vinculante, como la iniciativa popular de ley, plebiscitos, revocatorios de los mandatos, control social de la gestión del Estado, con un parlamento e instituciones públicas verdaderamente representativos de los pueblos de Chile.

Un Estado verdaderamente democrático, de bienestar social y solidario debe ejercer su soberanía en el usufructo de recursos mineros, hídricos, marítimos, forestales, energéticos en sintonía con el respeto a las tradiciones culturales de los primeros pueblos, la naturaleza y los ecosistemas. Es fundamental constituirnos sobre una economía con nuevas matrices productivas y energéticas, a escala humana, que promuevan el buen vivir resguardando la soberanía alimentaria, y la independencia frente a los poderes de las transnacionales. De este modo, el Estado nacional garantizará el goce pleno de derechos en cuanto a la educación, seguridad social, salud y vivienda digna compatible con la integridad de las familias, la convivencia y la paz social.

Proceso constituyente soberano   

La primavera chilena de 2019 ha empujado agendas simbólicas de manera colateral para los sectores progresistas, ejemplo de ello es la votación en sala del proyecto de las 40 horas. Ahora bien, cualquier transformación sustancial de carácter constitucional que dignifique la vida de la nación chilena precisa el concurso de todos y todas. No se logrará destrabar ningún enclave dictatorial -ni ley de amarre- sin la movilización social. Abrir el camino para una nueva constitución política, tal y como se escucha en cada rincón del país, requerirá de nuestra máxima fuerza colectiva y voluntad cívica.

La constitución política vigente no contempla la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente, no obstante, la experiencia internacional indica que ha sido así en muchos países donde se ha implementado el proceso previas modificaciones legales. En el caso de Chile los artículos a modificar para abrir esta posibilidad son el art. 15 inciso 2do. y el art. 32 inciso 4to. El primer precepto clausura la opción de realizar plebiscitos fuera de los que actualmente establece la constitución, y el segundo, se refiere a las atribuciones especiales del presidente. Ambas modificaciones exigen un alto quórum de aprobación: las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio, conforme a lo establecido en el artículo 127 de la constitución política.   

La discusión pública en los últimos años se ha centrado en qué camino es el adecuado para el cambio constitucional, a saber, que lo realice el mismo congreso a través de una comisión bicameral, que lo proponga una comisión de expertos convocada por distintos poderes del Estado, o en tercer lugar, una Asamblea Constituyente. Una salida urgente para transitar el camino democrático es la deliberación del camino hacia una nueva constitución política, mediante un plebiscito. 

Una vez alcanzada la Asamblea Constituyente comienza el hermoso camino de la construcción del nuevo Chile justo, digno y solidario. 

*Jean Flores Quintana es consejero metropolitano del Partido Comunes.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.