Hasta donde podemos seguir las huellas de su genealogía, la violencia viene inscribiendo, de un modo persistente, sus marcas en la historia de la humanidad, instruméntandose como un mecanismo de terror y de doblegamiento, e incluso erigiéndose como un fin en sí misma cuando actúa como un gesto expresivo de autoritarismo. La violencia no ha cejado de inmiscuirse en la vida de los pueblos ocupando las más diversas e inverosímiles vestiduras, pretendiendo naturalizarse como un modo, entre tantos otros, de resguardar un cierto orden social en nombre de la seguridad pública, cuando bien sabemos que sus efectos siguen trayectorias diametralmente opuestas.

Por su parte, el origen y la creación de las instituciones pudo haber consagrado la materialización de los modos a través de los cuales los seres humanos buscaron encontrar una salida colectivizada y colaborativa a los conflictos que, desde siempre, les condujeron a infligirse tantas formas de daños y sufrimientos, en los cuerpos y en la subjetividad. Las instituciones así constituidas, como signos de lo común pudieron haber aglomerado esas violencias dispersas en pos de la justicia y la democracia en el complejo entramado de la intersubjetividad humana y, de este modo, podríamos haber asumido que la astucia política y la cordura, tan humana también, pudo haber puesto coto a los inadmisibles efectos de toda forma de violencia.

Sin embargo, las instituciones estallaron también y, actualmente, estamos siendo testigos de decisiones y acciones políticas que nos permiten sospechar de una comprensión lúcida, razonable y abarcativa de las manifestaciones sociales, regida según la debida protección y defensa de los derechos humanos. Subvirtiendo todo imperativo ético, moral, político y normativo, se ha empleado la violencia institucional mediante el engrosamiento imparable del brazo policial del Estado, recrudeciendo los modos de promoción del sufrimiento, del miedo y de la indignación, como consecuencias de la indesmentible violación a los derechos humanos cometidas por parte de agentes autorizados, mandatados y avalados por el Poder Ejecutivo. De acuerdo con las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, más de cinco mil detenciones, 622 de ellas correspondientes a niños, niñas y adolescentes, cerca de dos mil heridos en hospitales y 182 personas con heridas oculares, constituyen la escena de las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos ciudadanos.

Como profesionales de las ciencias sociales y como agentes de intervención directa en el ámbito de la salud mental, no podemos sino manifestar y declarar una posición de completo repudio a tales prácticas y rechazar categóricamente el empleo de la violencia institucional y policial, que transgrede los avances mínimos por los derechos humanos de la ciudadanía. Somos conocedores del devastador impacto subjetivo y colectivo del sufrimiento y la muerte en los seres humanos por causa de razones políticas, así como también hemos sido testigos del alcance en el mediano y largo plazo de la conmoción psicológica y de la profundización y perpetuación de la fractura social que marcan las violaciones de los derechos humanos, que, tal vez, es el motivo que permite englobar las distintas acciones sociales que recogen el malestar que produjo un modelo que transformó los derechos ciudadanos en bienes comprables.

El autor es miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos de Chile.