Desde agosto del año pasado, el Lonko Alberto Curamil y el Werkén Álvaro Millalén pasan sus días recluidos en la cárcel de Temuco esperando el Juicio Oral donde pretenden demostrar su inocencia.

Ambos fueron detenidos por su supuesto vínculo con el asalto a la Caja de Compensación Los Héroes en Galvarino, hecho ocurrido en abril de 2018. Sin embargo, después de más de 12 meses de investigación, las pruebas contra ambos levantan dudas y esperan ser refutadas a partir de este miércoles en el Tribunal Oral en Lo Penal de la capital regional.

Según lo informado en la audiencia de preparación por parte de la Fiscalía, las evidencias acusatorias serían un radiotransmisor portátil y armamento encontrados después de un allanamiento en el domicilio del Lonko por parte del OS9 de Carabineros, además de una serie de testimonios anónimos contra los imputados.

Para el abogado defensor de Alberto Curamil, Rodrigo Román, no existen pruebas sólidas para inculparlo y que, de acuerdo al levantamiento de muestras, no hay coincidencias con el perfil genético de los comuneros en el lugar donde ocurrieron los hechos.

“Aquí existe una operación política que está en curso emanada desde el Ministerio del Interior, que comenzó con el programa denominado Denuncia Segura, que da inicio a la persecución para fundar una pretensión punitiva absolutamente improcedente. Se carece de las pruebas necesarias para fundar esa pretensión, evidencia chatarra, espuria, ausencia absoluta de antecedentes científicos que esperamos demostrar durante el juicio”, afirmó.  

Recordemos que desde el año 2013 las comunidades originarias de la zona estaban en alerta ante una serie de proyectos hidroeléctricos que serían instalados en la cuenca del Río Cautín.

Dos centrales impulsadas por capitales españoles, Alto cautín y Doña Alicia, movilizaron a los residentes y al integrante de la Alianza Territorial Mapuche, Alberto Curamil, quienes, a través de protestas y procesos judiciales lograron en 2018 detener definitivamente las construcciones.

Para el abogado Rodrigo Román esto “no es más que un montaje”, una “persecución política” contra un defensor socioambiental que logró torcerle la mano al Gobierno y a los capitales privados.

“Se dan a conocer pruebas como un supuesto radiotransmisor que habrían encontrado en el allanamiento a la casa del Lonko y que es de similares características al utilizado en el momento del asalto a la caja de compensación en Galvarino. También se da cuenta de armas, lo que hace tener fundadas sospechas de que existe implantación por parte de la policía, por lo que nosotros estimamos y confiamos que el Tribunal Oral así lo va a apreciar. Que existe un mar de irregularidades sobre los procedimientos practicados por la institución uniformada”, argumentó.

El Gobierno, que es querellante en la causa a través de la Intendencia de La Araucanía, pidió una pena de 50 años para quien recibiera en abril de este año el Premio Goldman, también conocido como el “Nobel Verde”, mayor galardón a nivel mundial que honra a los activistas ambientales comunitarios.

También serán enjuiciados Álvaro Millalén Gutiérrez, José Cáceres Salamanca y Víctor Llanquileo Pilquimán, para quienes se exige una condena de 30 años y un día de presidio por asalto y homicidio frustrado a un Carabinero en servicio.

La hija del Lonko, Belén Curamil, acudió recientemente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, para denunciar lo ocurrido con su padre, alertar sobre la dudosa garantía de un juicio justo y que se identifiquen a los testigos de la Fiscalía.

La Fiscalía, según la carpeta investigativa, tiene un poco más de 40 testigos, 20 peritos y más de 100 evidencias materiales. Todas, según Rodrigo Román, más cantidad que calidad, ya que no contendían sustancia suficiente para fundar la pretensión condenatoria, por lo que espera la absolución, por parte del Tribunal de los cargos se le les imputan.