No es aventurado precisar que la demanda por una educación no sujeta a las variables del mercado abrió el debate respecto de nuestro actual modelo de desarrollo mucho antes que cualquier otra materia. La esencia del problema que ha reinstalado la inédita protesta social en curso en este tema, se ha discutido al menos desde el año 2006.

Y es que el descontrol de un sistema educativo dejado a la suerte de la oferta y la demanda, trajo como resultados una educación de las más segregadas del mundo, con bajo rendimiento académico y con una presencia pública al borde de la extinción.

No es casualidad que la evasión del Metro que diera inicio a este poderoso movimiento ciudadano fuera liderada por estudiantes. Antes que cualquier otro requerimiento, de los múltiples que existen, la educación se alzó como el primer debate nacional que cuestionó el modelo neoliberal.

La dictadura sentó las bases de un sistema educativo en el cual el mercado es la regla a seguir. Posicionó, constitucionalmente, a la educación como un bien transable de acuerdo a variables económicas. En efecto, la carta fundamental no garantiza a la educación como un derecho social que el Estado deba satisfacer. Prefiere, por el contrario, que ésta sea impartida primordialmente por particulares en virtud del principio de subsidiariedad.

La subvención escolar, cómo fórmula de financiamiento del sector, materializó esta idea del constituyente autoritario. Este mecanismo dispuso de los incentivos necesarios para que los privados crearan sus propios proyectos educativos y compitieran entre sí con el propósito de obtener mayores utilidades.

En este escenario, la educación pública ya municipalizada, debió competir con dichos privados, en total asimetría de condiciones. Lo hizo con mayores restricciones burocráticas, mayores gastos en personal, recibiendo a los estudiantes más vulnerables del país y sin haber estado nunca en condiciones estructurales, pedagógicas ni de gestión, para llevar a cabo esta tarea.

Al deterioro de la educación pública y en la profundización del sistema de subvenciones, contribuyeron fervientemente los sucesivos gobiernos de la Concertación y de la derecha sin matices relevantes en su diferenciación. De hecho, muchos de ellos, de un lado y de otro, se han alzado como suntuosos sostenedores o como prestigiosos asesores pedagógicos financiados, por cierto, con dineros destinados a los colegios.

Este rentable negocio privado comenzó a ser regulado a partir del año 2012 no con el objetivo de extraer a la educación del mercado y sus variables. Se hizo, esencialmente, para evitar que el sistema educativo tal cual se ha descrito, no sucumbiera debido a su deplorable estado.

Crear un sistema de aseguramiento de la calidad con instituciones de raigambre económica (como la Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación); eliminar el financiamiento compartido (cuestión que podría demorar varias décadas en concretarse) fortaleciendo el sistema de subvenciones como moneda de cambio; prohibir aparentemente el lucro abriendo otras puertas a la ganancia con dineros del fisco; y regular los procesos de admisión dejando amplios espacios para la selección de estudiantes por motivos académicos, son sólo ejemplos de que en el sistema escolar nada ha cambiado, sino que solo se ha perfeccionado el existente.

A lo anterior, podemos agregar la todavía desvalorizada profesión docente, sobreviviendo en un más que aparente abandono, con asignaciones y bonificaciones impagas y un perverso sistema de incentivos que más los acercan a los comisionistas del retail que a la pedagogía romántica de nuestros maestros normalistas.

Súmele los conflictos de implementación de la llamada Nueva Educación Pública, ofrecida como alternativa al fracasado modelo municipal, con los mismos problemas estructurales que se intentaron superar, sin autonomía real, dependiente de los vaivenes políticos, sin capacidad de gestión y sujeta prácticamente a las mismas reglas, en cuanto al financiamiento y regulación, que sus competidores subvencionados.

A pesar de este escenario, hoy la agenda educativa del Gobierno, incluso con mayor convicción en las bondades del mercado que antaño, se ve contrastada con las demandas ciudadanas.

El proyecto denominado “Admisión Justa” pretende reestablecer la selección de estudiantes en los establecimientos que perciben subvención desactivando un Sistema de Admisión Escolar de carácter aleatorio que, sin mucha convicción en su creación, ya adolecía de fisuras en relación a establecimientos “emblemáticos”, “tradicionales” o de “especialización temprana”.

Esta medida permite nuevamente a los establecimientos educacionales discriminar alumnos según nivel socioeconómico y capital cultural, en tanto la noción de rendimiento académico (o mal llamado “mérito”) se sostiene en esos factores.

Por su parte, el proyecto de subvenciones a los niveles medios de educación parvularia viene no sólo a consolidar totalmente el voucher como mecanismo de financiamiento al sistema educativo, sino que también a legitimar la subvención como contraprestación a la regulación, fortaleciendo el mercado y la competencia por demanda, e imponiendo el lucro como el gran mecanismo de incentivos a la provisión del servicio educativo.

Algo similar ocurre con el proyecto de liberalización de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), que más allá de su poco prolija técnica legislativa, inyecta los enormes fondos destinados de manera exclusiva al mejoramiento de la calidad educativa a un saco roto denominado “fines educativos”, sin capacidad real de fiscalización sobre su correcto uso.

Esa estructura jurídica de nítido carácter ideológico afín a la liberalización extrema de lo que debiera considerarse un derecho social, es la que ha llevado las cosas a un nivel inédito del malestar social. Es cierto, no es sólo la educación y las condiciones de su sobrevivencia precaria, la causante de la protesta social. Es, en resumen, la forma en que el modelo económico ha permeado todos los aspectos de nuestra vida: de manera injusta y abusiva.

No se aprecia un futuro promisorio, si el legislador no resuelve enfrentar con fuerza lo que el mercado ha hecho con la educación chilena. En estos momentos, en que los anhelos parecieran estar a la vuelta de la esquina, es su obligación responder a la ciudadanía y dar señales reales de querer transformar las escuelas desde su actual realidad como agentes económicos, en instituciones puramente educativas, con preeminencia pública, inclusivas y de calidad.

El autor es fundador del Instituto Chileno de Derecho Educacional (ICHDE).