Con rapidez y amplia mayoría diputados despachan ley antisaqueos al Senado
Según los autores de la moción parlamentaria, el proyecto, de convertirse en ley, "dará mayores herramientas a fiscales y a la Justicia para perseguir saqueos y barricadas".
Diario UChile
Miércoles 4 de diciembre 2019 17:04 hrs.
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Este miércoles, la Cámara de Diputados votó con 127 votos a favor, siete en contra y 13 abstenciones la modificación al Código Penal y tipifica el delito de alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia.
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se mostró satisfecho con el resultado de la votación en la Cámara Baja .”Los acuerdos que permiten encausar y superar esta crisis, el acuerdo constitucional, el acuerdo social y el plan de recuperación económica para proteger el empleo, necesitan paz social y orden público” señaló a los medios presentes.
El proyecto de ley que crea este nuevo delito contempla las siguientes conductas como delictuales:
1. Paralizar o interrumpir algún servicio público de primera necesidad, entendiéndose por tales los servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones, afectando gravemente su funcionamiento.
2. Ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros elementos aptos para esos fines.
3. Destruir, en todo o en parte relevante, una vivienda, un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, uno o más vehículos motorizados o la irrogación de daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.
4. Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos.
5. Impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.
6. Cuando se ocupen o usurpen bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.
En caso que las conductas individualizadas se realicen “formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer habitualmente los hechos punibles mencionados, siempre que no constituya una asociación ilícita”, se considera que la pena aplicable será la máxima dispuesta.
Una de las diputadas que elevó críticas al proyecto de ley iniciado por diputados Gonzalo Fuenzalida, Marcela Sabat (ambos de Renovación Nacional), Miguel Ángel Calisto, Gabriel Silber y Matías Walker, de la Democracia Cristiana, fue Andrea Parra (PPD). La parlamentaria expresó su rechazo a la violencia injustificada y como ésta ha intentado debilitar una movilización histórica pues “sin seguridad pública no hay bienestar posible”. Sin embargo, señaló que es necesario señalar las dificultades que conlleva este proyecto. “Penaliza excesivamente algunos temas. Lo que me parece particularmente grave es una indicación que presentaron diputados de la Araucanía, Andrés Molina y Sebastián Álvarez, respecto a penalizar la ocupación de tierras agrícolas que a mí me parece es una mirada encubierta de atacar el movimiento mapuche. Creo que la política de la bota y el garrote no ha dado resultados y esto fue incluido como un subterfugio dentro del proyecto”, afirmó la legisladora.
Para la representante del distrito 22 también la tipificación de las barricadas tiene una pena muy alta. “Podría ser hasta 3 años, y además se puso una agravante para el caso que si hay dos o más personas destinadas habitualmente a cometer los hechos punibles en el marco de una manifestación pública, se aplique siempre la pena máxima de hasta 10 años. Las agravantes son excepcionales, pero qué desorden público no es de más de dos personas, entonces estamos agravando todo y eso me parece muy complejo. Llamo al Senado a reparar en aquello y solucionar ese problema“, concluyó Parra luego de la votación.
Por su parte la diputada oficialista, Marcela Sabat, calificó el avance de este proyecto al senado como un importante paso en materia de restablecimiento del orden público, y también para el avance de la Agenda Social. Quien fuera una de las autoras de la moción destacó la transversal labor y la apertura al diálogo y aseguró que esta nueva ley “dará mayores herramientas a fiscales y a la Justicia para perseguir saqueos y barricadas”.
Según la diputada, el proyecto de ley antisaqueos es “transversal, ampliamente acordado y validado también por fiscales y la misma Defensoría Penal Pública, entendiendo que viene a dar respuesta al delito de mayor ocurrencia en Chile desde el 18 de octubre, y que pese a ello, pese a la gravedad de los hechos y el tremendo daño para la población y comerciantes, la gran mayoría de los responsables de estos violentos delitos durante el estado de emergencia, tuvieron sólo medidas cautelares menores y menos de un 4% terminó en prisión preventiva”.
De acuerdo a lo que propone el proyecto de ley, la pena prevista para quienes sean considerados culpables de los delitos tipificados abarca desde 541 días a 5 años.
Este miércoles, la Cámara de Diputados votó con 127 votos a favor, siete en contra y 13 abstenciones la modificación al Código Penal y tipifica el delito de alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia.
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se mostró satisfecho con el resultado de la votación en la Cámara Baja .”Los acuerdos que permiten encausar y superar esta crisis, el acuerdo constitucional, el acuerdo social y el plan de recuperación económica para proteger el empleo, necesitan paz social y orden público” señaló a los medios presentes.
El proyecto de ley que crea este nuevo delito contempla las siguientes conductas como delictuales:
1. Paralizar o interrumpir algún servicio público de primera necesidad, entendiéndose por tales los servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones, afectando gravemente su funcionamiento.
2. Ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros elementos aptos para esos fines.
3. Destruir, en todo o en parte relevante, una vivienda, un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, uno o más vehículos motorizados o la irrogación de daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.
4. Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos.
5. Impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.
6. Cuando se ocupen o usurpen bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.
En caso que las conductas individualizadas se realicen “formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer habitualmente los hechos punibles mencionados, siempre que no constituya una asociación ilícita”, se considera que la pena aplicable será la máxima dispuesta.
Una de las diputadas que elevó críticas al proyecto de ley iniciado por diputados Gonzalo Fuenzalida, Marcela Sabat (ambos de Renovación Nacional), Miguel Ángel Calisto, Gabriel Silber y Matías Walker, de la Democracia Cristiana, fue Andrea Parra (PPD). La parlamentaria expresó su rechazo a la violencia injustificada y como ésta ha intentado debilitar una movilización histórica pues “sin seguridad pública no hay bienestar posible”. Sin embargo, señaló que es necesario señalar las dificultades que conlleva este proyecto. “Penaliza excesivamente algunos temas. Lo que me parece particularmente grave es una indicación que presentaron diputados de la Araucanía, Andrés Molina y Sebastián Álvarez, respecto a penalizar la ocupación de tierras agrícolas que a mí me parece es una mirada encubierta de atacar el movimiento mapuche. Creo que la política de la bota y el garrote no ha dado resultados y esto fue incluido como un subterfugio dentro del proyecto”, afirmó la legisladora.
Para la representante del distrito 22 también la tipificación de las barricadas tiene una pena muy alta. “Podría ser hasta 3 años, y además se puso una agravante para el caso que si hay dos o más personas destinadas habitualmente a cometer los hechos punibles en el marco de una manifestación pública, se aplique siempre la pena máxima de hasta 10 años. Las agravantes son excepcionales, pero qué desorden público no es de más de dos personas, entonces estamos agravando todo y eso me parece muy complejo. Llamo al Senado a reparar en aquello y solucionar ese problema“, concluyó Parra luego de la votación.
Por su parte la diputada oficialista, Marcela Sabat, calificó el avance de este proyecto al senado como un importante paso en materia de restablecimiento del orden público, y también para el avance de la Agenda Social. Quien fuera una de las autoras de la moción destacó la transversal labor y la apertura al diálogo y aseguró que esta nueva ley “dará mayores herramientas a fiscales y a la Justicia para perseguir saqueos y barricadas”.
Según la diputada, el proyecto de ley antisaqueos es “transversal, ampliamente acordado y validado también por fiscales y la misma Defensoría Penal Pública, entendiendo que viene a dar respuesta al delito de mayor ocurrencia en Chile desde el 18 de octubre, y que pese a ello, pese a la gravedad de los hechos y el tremendo daño para la población y comerciantes, la gran mayoría de los responsables de estos violentos delitos durante el estado de emergencia, tuvieron sólo medidas cautelares menores y menos de un 4% terminó en prisión preventiva”.
De acuerdo a lo que propone el proyecto de ley, la pena prevista para quienes sean considerados culpables de los delitos tipificados abarca desde 541 días a 5 años.
Este miércoles, la Cámara de Diputados votó con 127 votos a favor, siete en contra y 13 abstenciones la modificación al Código Penal y tipifica el delito de alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia.
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se mostró satisfecho con el resultado de la votación en la Cámara Baja .”Los acuerdos que permiten encausar y superar esta crisis, el acuerdo constitucional, el acuerdo social y el plan de recuperación económica para proteger el empleo, necesitan paz social y orden público” señaló a los medios presentes.
El proyecto de ley que crea este nuevo delito contempla las siguientes conductas como delictuales:
1. Paralizar o interrumpir algún servicio público de primera necesidad, entendiéndose por tales los servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones, afectando gravemente su funcionamiento.
2. Ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros elementos aptos para esos fines.
3. Destruir, en todo o en parte relevante, una vivienda, un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, uno o más vehículos motorizados o la irrogación de daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.
4. Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos.
5. Impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.
6. Cuando se ocupen o usurpen bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.
En caso que las conductas individualizadas se realicen “formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer habitualmente los hechos punibles mencionados, siempre que no constituya una asociación ilícita”, se considera que la pena aplicable será la máxima dispuesta.
Una de las diputadas que elevó críticas al proyecto de ley iniciado por diputados Gonzalo Fuenzalida, Marcela Sabat (ambos de Renovación Nacional), Miguel Ángel Calisto, Gabriel Silber y Matías Walker, de la Democracia Cristiana, fue Andrea Parra (PPD). La parlamentaria expresó su rechazo a la violencia injustificada y como ésta ha intentado debilitar una movilización histórica pues “sin seguridad pública no hay bienestar posible”. Sin embargo, señaló que es necesario señalar las dificultades que conlleva este proyecto. “Penaliza excesivamente algunos temas. Lo que me parece particularmente grave es una indicación que presentaron diputados de la Araucanía, Andrés Molina y Sebastián Álvarez, respecto a penalizar la ocupación de tierras agrícolas que a mí me parece es una mirada encubierta de atacar el movimiento mapuche. Creo que la política de la bota y el garrote no ha dado resultados y esto fue incluido como un subterfugio dentro del proyecto”, afirmó la legisladora.
Para la representante del distrito 22 también la tipificación de las barricadas tiene una pena muy alta. “Podría ser hasta 3 años, y además se puso una agravante para el caso que si hay dos o más personas destinadas habitualmente a cometer los hechos punibles en el marco de una manifestación pública, se aplique siempre la pena máxima de hasta 10 años. Las agravantes son excepcionales, pero qué desorden público no es de más de dos personas, entonces estamos agravando todo y eso me parece muy complejo. Llamo al Senado a reparar en aquello y solucionar ese problema“, concluyó Parra luego de la votación.
Por su parte la diputada oficialista, Marcela Sabat, calificó el avance de este proyecto al senado como un importante paso en materia de restablecimiento del orden público, y también para el avance de la Agenda Social. Quien fuera una de las autoras de la moción destacó la transversal labor y la apertura al diálogo y aseguró que esta nueva ley “dará mayores herramientas a fiscales y a la Justicia para perseguir saqueos y barricadas”.
Según la diputada, el proyecto de ley antisaqueos es “transversal, ampliamente acordado y validado también por fiscales y la misma Defensoría Penal Pública, entendiendo que viene a dar respuesta al delito de mayor ocurrencia en Chile desde el 18 de octubre, y que pese a ello, pese a la gravedad de los hechos y el tremendo daño para la población y comerciantes, la gran mayoría de los responsables de estos violentos delitos durante el estado de emergencia, tuvieron sólo medidas cautelares menores y menos de un 4% terminó en prisión preventiva”.
De acuerdo a lo que propone el proyecto de ley, la pena prevista para quienes sean considerados culpables de los delitos tipificados abarca desde 541 días a 5 años.
