Durante los últimos años en Ecuador se ha estado experimentando un tránsito en la dirección contraria a la de un “proyecto societal” que, al menos en los primeros años de los gobiernos de Correa, poseía una clara impronta social, popular e indígena, cuya expresión fue la Asamblea Nacional Constituyente que derivó en la elaboración de la Constitución de 2008, también conocida como “Constitución de Montecristi”, la cual estuvo marcada por la centralidad del concepto de “Buen Vivir” y un horizonte postneoliberal.

La influencia del Buen Vivir repercutió en diversos aspectos: a) el reconocimiento del carácter intercultural y plurinacional del Estado; b) el establecimiento de la naturaleza como sujeto de derechos políticos, lo que posicionó a Ecuador como un país pionero en ello; c) el nuevo carácter otorgado a la economía plural y al rol central del Estado en la economía, a través de aspectos como su carácter redistributivo y de su rol como garante de derechos sociales; d) la importancia que se dió a la participación de la ciudadanía y al trabajo como ejes fundamentales para alcanzar una vida digna.   

A contracorriente con lo expuesto, claramente durante la coyuntura actual, el gobierno ecuatoriano de Lenin Moreno ha expresado un drástico cambio de rumbo que se observa, por ejemplo, en la pérdida de centralidad política y discursiva de conceptos como el del “Sumak Kawsay” como “Vida en plenitud” o “Buen Vivir”. Así, los “Planes Nacionales” desde el año 2017 en adelante, reemplazaron la utilización del concepto de “Buen vivir”, por viejos conceptos como los de “desarrollo”, que ya problematizamos en comentario anterior. 

Dicho viraje neoliberal también se devela nítidamente en el congelamiento de la inversión pública, producto de la prohibición del déficit primario efectuada en 2018, la que sólo admite incurrir en él para pagar los intereses de la deuda. Como consecuencia de ello, el acceso y la calidad de servicios públicos como la educación, la salud y la seguridad social se han visto afectados negativamente. Aquella decisión de Moreno, enmarcada en su agenda de aplicación de medidas de “austeridad”, se encontraría en las antípodas de las políticas sociales implementadas por Rafael Correa caracterizadas por el otorgamiento de un papel más importante al Estado, a través de la garantización de derechos sociales universales como: educación (por medio de la “revolución educativa” para mejorar el acceso y la calidad en todos los niveles educativos); la salud (con la creación de una Red Pública Integral de Salud, el fortalecimiento de la atención primaria, la acción sobre determinantes de la salud y un mayor financiamiento); y la seguridad social (mediante el fortalecimiento del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS) y el establecimiento de la obligatoriedad para los empleadores de afiliar a todos sus empleados). Estas medidas encontraron un sustento económico en la nacionalización de algunas empresas de recursos estratégicos como el petróleo y en las políticas tributarias implementadas, durante sus gobiernos. Según la CEPAL, durante los gobiernos de Correa aumentó el gasto público como porcentaje del Producto Interno Bruto, pasando en educación de 2,71% en 2007 a un 4,59% en 2016; en salud de un 1,18% a un 2,54%, entre los mismos años; y en seguridad social de un 1,008% en 2007 a un 1,22% en 2016. 

Por otro lado, respecto de las políticas implementadas en materia laboral durante los gobiernos de la Revolución Ciudadana, se aumentaron los salarios reales de los trabajadores, prohibió la tercerización y el trabajo por horas (aunque con ciertas excepciones consideradas en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones del año 2010) e instauró la obligación –para los empleadores– de afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social. Aun siendo el punto polémico en lo que respecta, sobre todo, a la autonomía sindical, la orientación general de la política laboral, según Miguel Ruiz, se encontró marcada por el intento de regular los aspectos más inequitativos del mercado laboral desde un enfoque neokeynesiano, que buscó poner frenos a las tasas de explotación del capital e intento de cumplir con los estándares de trabajo digno establecidos por la OIT.

El “paquetazo”, entonces, debe ser entendido bajo este rumbo neoliberal que quiere transformar la sociedad ecuatoriana. 

El “Paquetazo”  de Moreno

Hasta ahora, Lenin Moreno firmó un acuerdo con el FMI en febrero de 2019 por más de diez millones de dólares a cambio, entre otras cosas, de la implementación de las medidas contempladas en lo que ha sido conocido como el “Paquetazo”. Una de las propuestas contempladas implicaba el fin del subsidio al precio de los combustibles, gasolina y gasoil por medio del decreto 883, lo que en caso de ser aplicado habría conllevado una fuerte alza en los precios, que se sumaba a la realizada en diciembre de 2018, aunque Richard Martínez (Ministro de Economía y Finanzas) y el mismo Moreno habían declarado que el precio del combustible no subiría porque afectaba a los más pobres, no cumpliendo lo que el gobierno había manifestado ante la opinión pública. 

El “Paquetazo” también incorporó: a) la reducción vacacional para los empleados públicos de 30 a 15 días; b) los contratos ocasionales se renueven con 20% menos de remuneración; c) que los trabajadores de empresas públicas deban aportar mensualmente con un día de su salario, lo que según el gobierno se implementaría en función de un “criterio de justicia” dado que su remuneración es superior al del resto de la administración pública; d) aumento de los despidos en el sector público (van 23.000 funcionarios “separados del gobierno” según el propio presidente Lenin Moreno); e) medidas destinadas a beneficiar directamente a la empresa privada nacional y trasnacional por medio de la supresión de impuestos a la importación de celulares, computadoras y tablets; la reducción de aranceles para maquinaria, equipos y materia prima agrícola e industrial; la eliminación del anticipo del impuesto sobre la renta; la baja del impuesto a la renta al banano, entre otras. Con este tipo de medidas, Moreno acogió las demandas de las cámaras empresariales en relación a dar marcha atrás a una supuestamente excesiva carga fiscal proveniente de los mandatos de Rafael Correa.

Las medidas del “Paquetazo” fueron anunciadas el pasado 30 de septiembre y gatillaron fuertes movilizaciones sociales, comenzadas por el sector de los transportistas. Luego de ello, Moreno declaró un fallido estado de excepción -en una lógica muy similar a la que el propio presidente Piñera adoptaría más tarde en Chile, con motivo de las evasiones del metro por parte de estudiantes secundarios-, y posteriormente utilizaría la fuerza militar, que agudizaría más la situación. Con ello la movilización se transversalizó incorporando a indígenas, e importantes sectores medios y populares a nivel nacional. Después de que las movilizaciones sitiaran Quito y el gobierno se viera forzado a trasladar su sede a la ciudad de Guayaquil, se establecieron los acuerdos entre la CONAIE y el Ejecutivo. Lenin Moreno decidió dejar sin efecto el artículo 883 el 14 de Octubre, con el objetivo de intentar restablecer la normalidad en el país. Durante los últimos días el gobierno se ha encontrado empeñado en conseguir una nueva focalización del subsidio a los combustibles lo que se encuentra sujeto al resultado de las rondas de diálogo que actualmente se sostienen en conjunto con distintas organizaciones sociales, mientras que pasado 31 de octubre el Parlamento de los Pueblos, impulsado por la CONAIE, entregó su propuesta económica al secretario de la presidencia. Dicha propuesta contempla mantener los subsidios a los combustibles y alejarse de las medidas del FMI, asumiendo que la política económica debe realizarse de forma integral y teniendo en consideración las particularidades de los pueblos de Ecuador. 

El mismo 31 de octubre el secretario de la presidencia José Agusto Briones sostuvo que el gobierno revisaría la propuesta. Sin embargo, hasta el día de hoy no se han logrado acuerdos. Respecto de ello el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, ha sostenido que la propuesta realizada por el Parlamento de los Pueblos “quedó ahí” y que actualmente el gobierno intenta dividir a organizaciones como la CONAIE y el Frente Unitario de Trabajadores, lo que no permitirá que el diálogo prospere, por lo que es posible que el escenario político-social ecuatoriano continúe marcado por las disputas entre estos actores.  

Al mismo tiempo, tal como han señalado Miguel Ruiz y Manuela García en una columna reciente, tampoco se han ofrecido reparaciones contra la violencia ejercida por las policías y el ejército, y se continúa viviendo un proceso de persecución selectiva contra líderes de la Revolución Ciudadana por medio de órdenes de detención dictadas por el gobierno, como ocurrió en el caso Paola Pabón, Prefecta de la provincia de Pichincha. 

Lo anterior, permite visualizar -al igual que en el caso chileno- que el gobierno de Moreno se ha visto obligado recurrir a los militares y a medidas autoritarias para defender una agenda neoliberal que viene siendo resistida por la población y las principales organizaciones sociales de Ecuador. Es evidente la tensión y contradicción entre estas medidas que el gobierno de Moreno intenta implementar, para acatar las directrices impuestas por el FMI, y lo estipulado por la Constitución de 2008, por ello, la pregunta que surge es si ¿la Constitución será el marco que evite la imposición de estas medidas neoliberales? Es algo abierto que la propia movilización social y el pueblo ecuatoriano irá construyendo. 

La presente columna fue escrita en colaboración con Rodrigo Silva, Mg (c).