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Año XII, 11 de agosto de 2020

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Senado inhabilita a Andrés Chadwick para ejercer cargos públicos por 5 años

Fue el voto del senador Insulza el que inclinó la balanza y determinó que el ex ministro del Interior y mano derecha de Sebastián Piñera no pueda volver a ejercer cargos públicos hasta el 2024.

Claudia Carvajal G.

  Miércoles 11 de diciembre 2019 20:57 hrs. 





Por 23 votos a favor y 18 en contra, la tarde de este miércoles fue aprobada por el Senado la Acusación Constitucional en contra del ex ministro del interior, Andrés Chadwick,  determinando así, que es él el responsable político de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país durante la vigencia del estado de Emergencia Constitucional.

Con esto, los senadores decidieron que el exministro incurrió en infracción de la Constitución y las leyes al “omitir adoptar medidas para detener violaciones a los DD.HH.” y  que “comprometió gravemente el honor y la seguridad de la nación”.

Fue el voto del senador socialista José Miguel Insulza el que determinó la sanción de inhabilitación del ex secretario de Estado. En su intervención, el congresista por Arica y Parinacota  fue tajante al señalar que lo que revisa la Cámara Alta reviste características políticas y no penales. “Este es un juicio político y es la única oportunidad que tenemos de decirle al gobierno del presidente Sebastián Piñera que antes, durante y después de la crisis, ha hecho un pésimo trabajo, que con su ineficacia e insensibilidad ha perdido la confianza de las chilenas y chilenos. Y que para recuperarla, al menos en los mínimos necesarios, debe aclarar lo ocurrido en cada una de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública bajo su autoridad”.

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José Miguel Insulza

Previamente, los senadores oficialistas habían expuesto su parecer respecto de la acción constitucional iniciada contra quien fuera la mano derecha de Sebastián Piñera hasta el 28 de octubre. Así, Manuel José Ossandón , el primero de los parlamentarios en exponer la mañana de este miércoles, aseguró que los hechos que se le imputan a Chadwick son complejos y que no se condicen con la realidad.

“La del ministro es la acusación más delicada que puede formularse a las autoridades. En el fondo se le está acusando de violar su juramente de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes”, señaló el representante de la circunscripción Santiago Oriente, quien votó en contra del libelo.

Tal como lo anunciara Ossandón, los legisladores pertenecientes al bloque oficialista se refirieron principalmente a la absoluta inexistencia de responsabilidad penal de Andrés Chadwick, así como de negar las violaciones a los derechos humanos durante el Estado de Excepción. “La acusación constitucional no puede determinar la existencia de violaciones a DD.HH u otros ilícitos que actualmente investiga el Ministerio Público y menos extender responsabilidad por estos hechos a Andrés Chadwick”, aseguró la senadora Jacqueline Van Rysselberghe (UDI). En ese mismo sentido se pronunció la senadora Carmen Aravena “No tiene sustento, ya que el ex ministro no abusó ni violó confianzas públicas; lo contrario, nos trató de proteger frente a una amenaza grave” .

En tanto, para la oposición el punto común fue el establecer la naturaleza puramente política de la instancia ante el Senado y la facultad de éste para controlar al Ejecutivo, “incluso en un sistema presidencial como el que tenemos”, según aseguró Felipe Harboe del PPD.

“No estamos en posición de calificar si los hechos acaecidos se traducen o no en una figura penalmente típica. Eso tenemos que desecharlo porque no es la sede para ello, por consiguiente, veamos la responsabilidad política. El ministro no es responsable de los actos operativos, pero eso no lo excluye de su responsabilidad política”, puntualizó Harboe.

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Mientras se discutía la acusación en el senado, los ministros de Estado expresaban públicamente su apoyo al ex titular de Interior utilizando el hashtag #EstoyConChadwick, además de que varios de ellos estuvieron presentes en la sala, como fue el caso de Felipe Ward, Gonzalo Blumel y Karla Rubilar.


En el caso del único senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, la justificación para aprobar la acusación constitucional se relacionaba con la necesidad de que las autoridades civiles también enfrenten la responsabilidad de los abusos, excesos y violaciones a los derechos humanos cometidas por uniformados.  “Chadwick es culpable por omitir el apego al derecho internacional y nacional sobre el monopolio del uso de la fuerza, y es responsable por haber infringido gravemente la Constitución al participar en declaración de estado de emergencia y permitir la afectación de derechos no contemplados. Es importante que los civiles asuman sus responsabilidades”, aseveró el parlamentario.

Otro de los puntos que se analizó en las exposiciones de los senadores al momento de justificar sus votos fue la diferencia entre el actuar de Andrés Chadwick y el de Gonzalo Blumel en el mismo cargo. Así, el senador Lagos Weber expresó que el actual ministro del Interior, recién asumido, instruyó la facción de cambios en los protocolos de Carabineros, lo que posteriormente fue rebatido por la senadora Ena Von Baer quien aseguró que no ha habido variación en las instrucciones que siguen los encargados del Orden y Seguridad. “Cuando uno hace una acusación tan grave como ésta tiene que tener los datos. Resulta que los protocolos siguen siendo los mismos”, expresó airadamente la parlamentaria, para luego retrucar también al senador Insulza manifestando que sobre Chadwick se considera una doble condena política.  “Cuando un ministro no cumple con su trabajo, se le separa de su cargo. Pero señor senador Insulza, hoy en este Senado, no comparece un ministro, comparece un exministro, que ya asumió su responsabilidad. Entiendo que no se puede juzgar a la misma persona por el mismo hecho dos veces. Eso es lo que se está haciendo en el día de hoy”.

El resultado de esta votación de los senadores implica que Andrés Chadwick, de 63 años, ex diputado, ex senador y ex ministro no podrá ejercer cargos públicos ya sea de confianza o por elección popular por un lapso de 5 años, pues se le considera responsable de violar la Constitución Política de la República y de comprometer gravemente el honor y la seguridad de la nación.