La observación de las graves y extendidas violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile durante los últimos dos meses nos obliga a no minimizarlas. Nuestro país y sus habitantes han sido expuestos a una situación inimaginable e inaceptable en un sistema democrático.  Ni siquiera los argumentos utilizados para justificar lo injustificable -sean el vandalismo, los saqueos, los encapuchados, las barricadas u otros- dan a las autoridades políticas y a la policía la facultad directa o indirecta de matar, torturar, ejercer violencia sexual, mutilar, reprimir y otras de las prácticas que se han vuelto comunes en el Chile actual. No porque lo diga un periodista, sino porque así lo han acreditado, hasta ahora, cuatro informes realizados por organismos internacionales, incluyendo el de Naciones Unidas dado a conocer este viernes.

Es en ese contexto que la Cámara de Diputados concurrió ayer a discutir la llamada “cuestión previa” en la acusación constitucional contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera. El intento de los personeros del Gobierno por desbaratar la presentación fue denodado desde hace semanas y se extendió hasta ayer. Incluso la aparición del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, en las oficinas de la bancada radical, de la cual hay registros fotográficos, contribuyó al resultado que La Moneda esperaba, pues tres de los integrantes de esa instancia -Pepe Auth, Carlos Abel Jarpa y Fernando Meza- terminaron votando en contra de la iniciativa, junto a otros cuatro diputados de oposición.

Entre todos los argumentos utilizados para oponerse a la “cuestión previa”, el que más llama la atención es el que comparó esta presentación con el golpe civil-militar del 11 de septiembre de 1973. Según esa construcción, avanzar en una eventual destitución de Piñera equivaldría a la interrupción democrática propiciada por la Junta Militar que encabezaba Augusto Pinochet. Incluso el diputado Auth planteó que la manera de sacar a Piñera era en las urnas en 2021 y no, según sus palabras, “por secretaría”. Llama la atención el extraño paralelo entre una embestida contra la institucionalidad donde hubo bombardeo del palacio presidencial, asesinados, torturados y exiliados, con un mecanismo que está contemplado en la actual Constitución y que existe para establecer las responsabilidades de un funcionario público, el presidente de la República, frente a hechos que revistan especial gravedad. Es evidente que la acusación constitucional era una acción plenamente institucional y no una ruptura, como el golpe de 1973.

El segundo argumento, y quizás el más delicado, es que no puede haber nada más grave para el país que la destitución del presidente de la República. Este pánico instalado en el inconsciente político colectivo, inspirado en la omnipresente figura del jefe de Estado en la historia y en la institucionalidad chilenas, según el cual sin él solo vendría el caos y el abismo, parece más bien materia propia de una terapia colectiva y no de un argumento propiamente político. No solo porque la Constitución establece claramente los mecanismos de sucesión sino porque, entre otras, una consecuencia de ese modo de ver las cosas sería que entonces jamás, por ningún motivo, un presidente de la República puede ser destituido en Chile. Con esta decisión, la Cámara de Diputados ha transmitido al país y al futuro que los jefes de Estado cuentan con total impunidad para hacer lo que estimen.

Los supuestos detrás del rechazo a discutir el fondo de la acusación constitucional situarían al presidente de una república como Chile por encima del bien y el mal. Por encima de la ley o en un estado de infalibilidad, como el emperador japonés, sacerdote mediador entre la divinidad y el pueblo. La exacerbación de la figura presidencial en Chile muestra en un día como éste sus debilidades y contradicciones.