La mañana de este viernes, se dio a conocer el informe preparado por la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU que concluye que, en el marco de la crisis social que actualmente vive nuestro país, se ha producido “un elevado número de violaciones graves a los DD.HH.”
El documento fue formulado luego de una investigación realizada desde el 30 de octubre al 22 de noviembre de 2019 en siete regiones del país y sobre la base de entrevistas con autoridades gubernamentales, sociedades civiles y 235 víctimas.
Respecto del contexto en el que se han dado las manifestaciones en Chile desde mediados de octubre, el informe señala que éstas ” tienen sus raíces en una multiplicidad de causas, incluyendo la desigualdad social y económica. Desde mediados de octubre, la mayoría de quienes han ejercido el derecho a la asamblea pacífica lo han hecho de manera pacífica. Sin embargo, han habido numerosos ataques contra miembros de las fuerzas de seguridad y sus instalaciones. Dentro y fuera de las manifestaciones también hubo saqueos y destrucción significativa de bienes públicos y privados”.
El documento es claro cuando señala que las vulneraciones a las garantías fundamentales se produjeron en todo el país, pero que su mayor número se concentra en la Región Metropolitana. “Hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos. Estas violaciones incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias. Estas violaciones se cometieron en todo el país, pero su gran mayoría ocurrió en la Región Metropolitana y en contextos urbanos”.
Respecto del uso de las armas por parte de personal encargado del orden y la seguridad pública, la ACNUDH señala que la utilización indebida de éstas también es una violación a los derechos humanos y concluye que se trata de situaciones “reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas”.
Nueva Constitución, INDH y criminalización de la protesta
Uno de los puntos en que la ONU hace recomendaciones es en el del proceso para redactar una nueva Constitución. Según la organización internacional es necesario que éste sea “inclusivo, participativo y transparente, incluso garantizando la paridad de género (50% mujeres, 50% hombres) durante el proceso y la participación de los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad. Los derechos humanos deben estar en el centro de este debate nacional”.
En cuanto a las protestas en sí mismas, la ONU hace referencia a la necesidad de en Chile se adopten medidas “para asegurar que el derecho penal no se utilice de ninguna manera para restringir a quienes ejercen sus derechos a reunirse pacífica y libremente. Las autoridades deben abstenerse de dichos que puedan, de alguna forma, criminalizar la protesta”, lo que hace directa relación al proyecto de ley antisaqueos que actualmente está en la Cámara del Senado y del que ya se anunció una completa reformulación por los graves errores de técnica legislativa que presenta.
En ese mismo sentido, el informe sugiere que se tome en cuenta los reportes de otras organizaciones que resguardan los derechos humanos en orden a establecer “un mecanismo de múltiples partes interesadas, que incluya a la sociedad civil y a la academia, junto con representantes del gobierno y del sector privado, para identificar las causas estructurales de las protestas, en particular relacionadas con los derechos económicos y sociales y la discriminación, y recomendar acciones para abordarlos”.
A la vez, el texto emanado de la ACNUDH insta al Estado a asegurar la estabilidad financiera de los órganos internos de protección de los derechos humanos de los ciudadanos, y en particular, de los niños y niñas, de modo que puedan “cumplir su mandato de manera efectiva en todas las regiones del país, especialmente a la luz de la mayor carga de trabajo“.
Finalmente, el informe ONU hace un llamado al Gobierno a ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a establecer un mecanismo de seguimiento, con la Oficina Regional de la ACNUDH para América del Sur e “incluir la participación de la sociedad civil, para evaluar, dentro de tres meses, la implementación de las recomendaciones anteriores, así como las de otros mecanismos internacionales de derechos humanos”. El pacto referido señala, en términos simples, que los ciudadanos de los Estados miembro pueden demandar ante presuntas violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales por igual, poniendo fin así a la separación entre los derechos civiles y políticos.
Puede revisar el informe completo en este enlace.
Imagen principal: Tito Carreño.
La mañana de este viernes, se dio a conocer el informe preparado por la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU que concluye que, en el marco de la crisis social que actualmente vive nuestro país, se ha producido “un elevado número de violaciones graves a los DD.HH.”
El documento fue formulado luego de una investigación realizada desde el 30 de octubre al 22 de noviembre de 2019 en siete regiones del país y sobre la base de entrevistas con autoridades gubernamentales, sociedades civiles y 235 víctimas.
Respecto del contexto en el que se han dado las manifestaciones en Chile desde mediados de octubre, el informe señala que éstas ” tienen sus raíces en una multiplicidad de causas, incluyendo la desigualdad social y económica. Desde mediados de octubre, la mayoría de quienes han ejercido el derecho a la asamblea pacífica lo han hecho de manera pacífica. Sin embargo, han habido numerosos ataques contra miembros de las fuerzas de seguridad y sus instalaciones. Dentro y fuera de las manifestaciones también hubo saqueos y destrucción significativa de bienes públicos y privados”.
El documento es claro cuando señala que las vulneraciones a las garantías fundamentales se produjeron en todo el país, pero que su mayor número se concentra en la Región Metropolitana. “Hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos. Estas violaciones incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias. Estas violaciones se cometieron en todo el país, pero su gran mayoría ocurrió en la Región Metropolitana y en contextos urbanos”.
Respecto del uso de las armas por parte de personal encargado del orden y la seguridad pública, la ACNUDH señala que la utilización indebida de éstas también es una violación a los derechos humanos y concluye que se trata de situaciones “reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas”.
Nueva Constitución, INDH y criminalización de la protesta
Uno de los puntos en que la ONU hace recomendaciones es en el del proceso para redactar una nueva Constitución. Según la organización internacional es necesario que éste sea “inclusivo, participativo y transparente, incluso garantizando la paridad de género (50% mujeres, 50% hombres) durante el proceso y la participación de los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad. Los derechos humanos deben estar en el centro de este debate nacional”.
En cuanto a las protestas en sí mismas, la ONU hace referencia a la necesidad de en Chile se adopten medidas “para asegurar que el derecho penal no se utilice de ninguna manera para restringir a quienes ejercen sus derechos a reunirse pacífica y libremente. Las autoridades deben abstenerse de dichos que puedan, de alguna forma, criminalizar la protesta”, lo que hace directa relación al proyecto de ley antisaqueos que actualmente está en la Cámara del Senado y del que ya se anunció una completa reformulación por los graves errores de técnica legislativa que presenta.
En ese mismo sentido, el informe sugiere que se tome en cuenta los reportes de otras organizaciones que resguardan los derechos humanos en orden a establecer “un mecanismo de múltiples partes interesadas, que incluya a la sociedad civil y a la academia, junto con representantes del gobierno y del sector privado, para identificar las causas estructurales de las protestas, en particular relacionadas con los derechos económicos y sociales y la discriminación, y recomendar acciones para abordarlos”.
A la vez, el texto emanado de la ACNUDH insta al Estado a asegurar la estabilidad financiera de los órganos internos de protección de los derechos humanos de los ciudadanos, y en particular, de los niños y niñas, de modo que puedan “cumplir su mandato de manera efectiva en todas las regiones del país, especialmente a la luz de la mayor carga de trabajo“.
Finalmente, el informe ONU hace un llamado al Gobierno a ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a establecer un mecanismo de seguimiento, con la Oficina Regional de la ACNUDH para América del Sur e “incluir la participación de la sociedad civil, para evaluar, dentro de tres meses, la implementación de las recomendaciones anteriores, así como las de otros mecanismos internacionales de derechos humanos”. El pacto referido señala, en términos simples, que los ciudadanos de los Estados miembro pueden demandar ante presuntas violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales por igual, poniendo fin así a la separación entre los derechos civiles y políticos.
Puede revisar el informe completo en este enlace.
Imagen principal: Tito Carreño.
La mañana de este viernes, se dio a conocer el informe preparado por la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU que concluye que, en el marco de la crisis social que actualmente vive nuestro país, se ha producido “un elevado número de violaciones graves a los DD.HH.”
El documento fue formulado luego de una investigación realizada desde el 30 de octubre al 22 de noviembre de 2019 en siete regiones del país y sobre la base de entrevistas con autoridades gubernamentales, sociedades civiles y 235 víctimas.
Respecto del contexto en el que se han dado las manifestaciones en Chile desde mediados de octubre, el informe señala que éstas ” tienen sus raíces en una multiplicidad de causas, incluyendo la desigualdad social y económica. Desde mediados de octubre, la mayoría de quienes han ejercido el derecho a la asamblea pacífica lo han hecho de manera pacífica. Sin embargo, han habido numerosos ataques contra miembros de las fuerzas de seguridad y sus instalaciones. Dentro y fuera de las manifestaciones también hubo saqueos y destrucción significativa de bienes públicos y privados”.
El documento es claro cuando señala que las vulneraciones a las garantías fundamentales se produjeron en todo el país, pero que su mayor número se concentra en la Región Metropolitana. “Hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos. Estas violaciones incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias. Estas violaciones se cometieron en todo el país, pero su gran mayoría ocurrió en la Región Metropolitana y en contextos urbanos”.
Respecto del uso de las armas por parte de personal encargado del orden y la seguridad pública, la ACNUDH señala que la utilización indebida de éstas también es una violación a los derechos humanos y concluye que se trata de situaciones “reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas”.
Nueva Constitución, INDH y criminalización de la protesta
Uno de los puntos en que la ONU hace recomendaciones es en el del proceso para redactar una nueva Constitución. Según la organización internacional es necesario que éste sea “inclusivo, participativo y transparente, incluso garantizando la paridad de género (50% mujeres, 50% hombres) durante el proceso y la participación de los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad. Los derechos humanos deben estar en el centro de este debate nacional”.
En cuanto a las protestas en sí mismas, la ONU hace referencia a la necesidad de en Chile se adopten medidas “para asegurar que el derecho penal no se utilice de ninguna manera para restringir a quienes ejercen sus derechos a reunirse pacífica y libremente. Las autoridades deben abstenerse de dichos que puedan, de alguna forma, criminalizar la protesta”, lo que hace directa relación al proyecto de ley antisaqueos que actualmente está en la Cámara del Senado y del que ya se anunció una completa reformulación por los graves errores de técnica legislativa que presenta.
En ese mismo sentido, el informe sugiere que se tome en cuenta los reportes de otras organizaciones que resguardan los derechos humanos en orden a establecer “un mecanismo de múltiples partes interesadas, que incluya a la sociedad civil y a la academia, junto con representantes del gobierno y del sector privado, para identificar las causas estructurales de las protestas, en particular relacionadas con los derechos económicos y sociales y la discriminación, y recomendar acciones para abordarlos”.
A la vez, el texto emanado de la ACNUDH insta al Estado a asegurar la estabilidad financiera de los órganos internos de protección de los derechos humanos de los ciudadanos, y en particular, de los niños y niñas, de modo que puedan “cumplir su mandato de manera efectiva en todas las regiones del país, especialmente a la luz de la mayor carga de trabajo“.
Finalmente, el informe ONU hace un llamado al Gobierno a ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a establecer un mecanismo de seguimiento, con la Oficina Regional de la ACNUDH para América del Sur e “incluir la participación de la sociedad civil, para evaluar, dentro de tres meses, la implementación de las recomendaciones anteriores, así como las de otros mecanismos internacionales de derechos humanos”. El pacto referido señala, en términos simples, que los ciudadanos de los Estados miembro pueden demandar ante presuntas violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales por igual, poniendo fin así a la separación entre los derechos civiles y políticos.
Puede revisar el informe completo en este enlace.
Imagen principal: Tito Carreño.
