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15D: resultados preliminares de una construcción local y participativa

Columna de opinión por Sergio Galilea y José Viacava
Miércoles 18 de diciembre 2019 10:15 hrs.


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La Consulta Municipal convocada el 15 de diciembre (15D) constituyó un éxito rotundo, ya sea por su convocatoria (aproximadamente 2 millones y medio de sufragantes), por la seriedad de su proceso (irregularidades abiertamente escasas), por su innovación del voto electrónico (con reparos menores), por la transversalidad efectiva de los convocantes y municipios participantes (ejemplo de convivencia  cívica), por el intento de incorporar a la población de 14 a 17 años (prometedor inicio de la iniciativa) y, sobre todo, porque se trata de un triunfo organizativo y político de envergadura en medio aún de una crisis de ruptura institucional instalada.

Los Municipios y la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) mostraron una conducción política muy valorada por una sociedad abiertamente critica del sistema vigente. Los Municipios se constituyeron en una “esperanza institucional” en la que una cantidad importante de ciudadanos depositó su confianza. Esta consulta nunca contó con el beneplácito gubernamental, fue ignorada sistemáticamente por la mayoría de los medios de comunicación y se pensó que iba a ser “subsumida” por el plebiscito de entrada constitucional previsto para el 26 de abril del 2020 (26A).  Además, contó con una muy escasa colaboración institucional (en particular del SERVEL y del Registro Civil) y debió llevarse a cabo con  medios materiales y humanos en extremo limitados. Con el alcalde Codina a la cabeza y una nutrida participación de autoridades locales de prácticamente todos los partidos nacionales, se llevó a cabo un proceso inédito de participación ciudadana, el que dicho sea de paso, “llegó para quedarse”.

Este proceso es, con alta probabilidad, lo que asegurará la irreversibilidad del plebiscito de entrada constitucional del 26A. En un ejercicio no-vinculante, voluntario y careciendo del entusiasta apoyo de las principales instituciones encargadas de organizar y conducir los procesos electorales en el país, la ciudadanía se volcó a las urnas y expresó de forma institucional (municipios), democrática (voto) y soberana su deseo a ser escuchada. La lección es clara: la salida a la crisis social, política y -ahora- económica debe contar con una decidida e irrestricta participación de los chilenos/as. El llamado efectuado por la AChM fue exitoso. La respuesta de los/as electores categórica. Ahora, corresponde el turno al Congreso y al Ejecutivo para que el proceso constituyente y la pronta respuesta a las demandas de la agenda social consideren este resultado y se transformen en un imperativo ético para nuestras autoridades en la búsqueda de soluciones legítimas que respondan al malestar de nuestra sociedad.

Cuando observamos en detalle las consecuencias del acto cívico del 15D, lo primero que resalta es que está destinado a fortalecer tanto la institucionalidad municipal como los procedimientos activos, precisos y eficientes de consulta ciudadana. Nace así una “democracia participativa” en donde la/el ciudadano juegan un rol esencial. Los municipios han vuelto a colocar en valor el co-diseño y, eventualmente, la co-producción de soluciones públicas a problemas colectivos. La  Nueva Carta Magna deberá asumir estos nuevos procedimientos, fortalecerá el poder local y regional  y confiará a la ciudadanía y a la soberanía popular la resolución de controversias y la definición de prioridades de acción gubernamental, con énfasis en las realidades locales. Es perfectamente posible que en Chile se revitalice el papel de los Municipios y su acción intercomunal y la de los Gobiernos Regionales, instancias descentralizadas de la gestión pública que deben afianzarse.

Y los resultados de esta consulta son clarísimos para la resolución urgente de aquellas cuestiones que están en la Agenda Social indispensable para alcanzar los mínimos de paz social en Chile. Entre las principales, destacan, las reformas esenciales para un sistema de pensiones mixto que  sea capaz de proyectar pensiones cualitativamente mejores a las actuales en plazo razonable bajo un sistema de solidaridad;  las mejoras fundamentales del salario y los ingresos mínimos actuales y proyectados en el país; las substanciales reformas para asegurar un Plan Garantizado de Salud para el conjunto de la población y un sistema de Educación Pública de calidad, son medidas que exigen cumplimiento cabal antes del plebiscito de abril próximo. Ello requerirá modificaciones esenciales de nuestro sistema tributario para gravar a las rentas y los patrimonios de los más poderosos y alivianar la contribución vía IVA de los sectores más modestos de la población. Chile podrá salir de esta complejísima situación social, política e institucional, si somos capaces de establecer estos sólidos acuerdos nacionales de forma urgente. Los municipios nos han marcado un camino y un procedimiento de diálogo basado en alianzas constructivas. La solución eficaz a la actual crisis será el resultado simultáneo entre la agenda social, el itinerario plebiscitario y un orden público con pleno respeto a los derechos humanos.

Desde este nuevo escenario que propende a una mayor equidad territorial es urgente que el Gobierno Nacional plantee con suma urgencia la modificación anunciada al Fondo común Municipal (FCM), en favor de las comunas más pobres, rurales y apartadas y que establezca una contribución pública a lo menos equivalente al subsidio que los municipios efectúan en los ámbitos de la Salud y la Educación Pública. Esta es la oportunidad para afianzar en el país verdaderos Gobiernos Locales, lo que sólo podrá establecer la nueva Constitución, y que sin duda, será una contribución notable a mejorar la calidad de vida de mucha población carenciada y modernizará la gestión pública mediante esta fuerza local. Como muchos Municipios plantearon, las actividades productivas vitales deben renovar su contribución al Municipio y el conjunto de la población local.

Estos mandatos políticos para una acción urgente se encuentran muy validados por la convocatoria en esta Consulta. Los guarismos finales muestran altas cifras de participación si tomamos en consideración la última votación municipal[1]. Por ejemplo, en el caso de Peñalolén, Santiago, San Joaquín, Viña del Mar, San Miguel, Quilicura, La Pintana, La Cisterna, Ñuñoa y Macul la convocatoria superaría a los votantes de la última elección municipal. Todo ello augura una participación creciente en los próximos eventos electorales, ya sean los propios constitucionales, como las elecciones locales y regionales de octubre próximos. Esa democracia fortalecida es la respuesta maciza a la actual crisis chilena.

Un número muy significativo de la votación fue realizada de forma on-line. Con algunos reparos perfectibles, ha llegado la hora de discutir la implementación del voto electrónico en nuestros procesos electorales. La digitalización de nuestros usos y costumbres cotidianos hace que nuestras generaciones más jóvenes nos exhorten con este tipo de votaciones a emplear mecanismos más simples y directos que garanticen el derecho a sufragio.

Por último, la obligatoriedad del sufragio es una demanda para muy amplios sectores de la sociedad chilena. Con la información pormenorizada de esta Consulta, no hay razón para no avanzar decidida y prontamente en esa dirección, lo que afianzará la responsabilidad cívica de los ciudadanos con la Democracia. Este deber ciudadano es probablemente el primer “producto directo” del 15 D.

[1] Poco más de 4.900.000 ciudadanos/a sufragaron en la elección de Alcaldes y Concejales del año 2016. Ello representó la participación del 35% del padrón electoral a esa fecha.

Los autores son académicos del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.