Corte de Apelaciones de Concepción acoge acción legal contra Ministerio de Salud por campaña de VIH/SIDA 2019
“Esta obligación legal ha sido históricamente incumplida por el Ministerio de salud y de esta forma se ha hecho necesario acudir ante los tribunales de justicia. La participación de la comunidad es imprescindible”, sostuvo Esteban Arévalo, abogado especialista en derecho a la salud, patrocinante de la causa.
Lunes 23 de diciembre 2019 15:55 hrs.
El pasado 13 de diciembre, el activista comunitario en VIH/SIDA, Víctor Hugo Robles, presentó un Recurso de Protección en la Corte de Apelaciones de Concepción en contra del Ministerio de Salud, representado por el ministro Jaime Mañalich, cuestionando la reciente campaña de prevención del VIH/SIDA.
Robles valoró la decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción que, en resolución del 19 de diciembre, señala textual:
“Por interpuesto el recurso, informe pormenorizadamente del recurrido Ministerio de Salud, debiendo evacuarlo y adjuntar todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto motivo del recurso dentro del plazo de ocho días, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de prescindir de dicho informe y de aplicarle alguna de las medidas que contempla el número 15 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitaciones y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales”.
“La decisión de la justicia chilena es importante porque valida las denuncias que han surgido desde la sociedad civil por el permanente incumpliendo de la “Ley de Sida” de parte del Ministerio de Salud, que planifica políticas públicas de salud sexual a espaldas de la sociedad civil, abriendo la puerta a enmendar estas graves irregularidades”, señaló el activista, afirmando que es “urgente y necesario que la autoridad política – sanitaria enfoque sus esfuerzos en la prevención del VIH en las llamadas “poblaciones clave”, como la recomienda ONUSIDA, entre ellas, los hombres que tienen sexo con hombres.
Por su parte, Esteban Arévalo, abogado especialista en derecho a la salud, patrocinante de la causa, afirmó que “desde el punto de vista jurídico, estimamos que la ley es clarísima en cuanto a establecer la obligatoriedad para el Estado, en este caso, el Ministerio de Salud, de considerar la participación de la comunidad en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas de VIH/SIDA y particularmente las campañas comunicacionales de prevención”.
“Esta obligación legal ha sido históricamente incumplida por el Ministerio de salud y de esta forma se ha hecho necesario acudir ante los tribunales de justicia. La participación de la comunidad es imprescindible”, concluyó Arévalo.
El pasado 13 de diciembre, el activista comunitario en VIH/SIDA, Víctor Hugo Robles, presentó un Recurso de Protección en la Corte de Apelaciones de Concepción en contra del Ministerio de Salud, representado por el ministro Jaime Mañalich, cuestionando la reciente campaña de prevención del VIH/SIDA.
Robles valoró la decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción que, en resolución del 19 de diciembre, señala textual:
“Por interpuesto el recurso, informe pormenorizadamente del recurrido Ministerio de Salud, debiendo evacuarlo y adjuntar todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto motivo del recurso dentro del plazo de ocho días, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de prescindir de dicho informe y de aplicarle alguna de las medidas que contempla el número 15 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitaciones y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales”.
“La decisión de la justicia chilena es importante porque valida las denuncias que han surgido desde la sociedad civil por el permanente incumpliendo de la “Ley de Sida” de parte del Ministerio de Salud, que planifica políticas públicas de salud sexual a espaldas de la sociedad civil, abriendo la puerta a enmendar estas graves irregularidades”, señaló el activista, afirmando que es “urgente y necesario que la autoridad política – sanitaria enfoque sus esfuerzos en la prevención del VIH en las llamadas “poblaciones clave”, como la recomienda ONUSIDA, entre ellas, los hombres que tienen sexo con hombres.
Por su parte, Esteban Arévalo, abogado especialista en derecho a la salud, patrocinante de la causa, afirmó que “desde el punto de vista jurídico, estimamos que la ley es clarísima en cuanto a establecer la obligatoriedad para el Estado, en este caso, el Ministerio de Salud, de considerar la participación de la comunidad en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas de VIH/SIDA y particularmente las campañas comunicacionales de prevención”.
“Esta obligación legal ha sido históricamente incumplida por el Ministerio de salud y de esta forma se ha hecho necesario acudir ante los tribunales de justicia. La participación de la comunidad es imprescindible”, concluyó Arévalo.
El pasado 13 de diciembre, el activista comunitario en VIH/SIDA, Víctor Hugo Robles, presentó un Recurso de Protección en la Corte de Apelaciones de Concepción en contra del Ministerio de Salud, representado por el ministro Jaime Mañalich, cuestionando la reciente campaña de prevención del VIH/SIDA.
Robles valoró la decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción que, en resolución del 19 de diciembre, señala textual:
“Por interpuesto el recurso, informe pormenorizadamente del recurrido Ministerio de Salud, debiendo evacuarlo y adjuntar todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto motivo del recurso dentro del plazo de ocho días, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de prescindir de dicho informe y de aplicarle alguna de las medidas que contempla el número 15 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitaciones y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales”.
“La decisión de la justicia chilena es importante porque valida las denuncias que han surgido desde la sociedad civil por el permanente incumpliendo de la “Ley de Sida” de parte del Ministerio de Salud, que planifica políticas públicas de salud sexual a espaldas de la sociedad civil, abriendo la puerta a enmendar estas graves irregularidades”, señaló el activista, afirmando que es “urgente y necesario que la autoridad política – sanitaria enfoque sus esfuerzos en la prevención del VIH en las llamadas “poblaciones clave”, como la recomienda ONUSIDA, entre ellas, los hombres que tienen sexo con hombres.
Por su parte, Esteban Arévalo, abogado especialista en derecho a la salud, patrocinante de la causa, afirmó que “desde el punto de vista jurídico, estimamos que la ley es clarísima en cuanto a establecer la obligatoriedad para el Estado, en este caso, el Ministerio de Salud, de considerar la participación de la comunidad en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas de VIH/SIDA y particularmente las campañas comunicacionales de prevención”.
“Esta obligación legal ha sido históricamente incumplida por el Ministerio de salud y de esta forma se ha hecho necesario acudir ante los tribunales de justicia. La participación de la comunidad es imprescindible”, concluyó Arévalo.
