Una querella criminal en contra del intendente Metropolitano, Felipe Guevara, y el director general de Carabineros, Mario Rozas, en calidad de autores mediatos del delito de homicidio frustrado a Óscar Pérez y de reiterados delitos de lesiones graves y gravísimas en distintas víctimas, presentaron este jueves las organizaciones que componen Unidad Social, en conjunto con la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
Esto, en el marco de la violenta jornada que se vivió el viernes pasado en las inmediaciones de Plaza Italia, luego de la decisión que tomó el intendente Guevara de implementar una estrategia de ‘copamiento’ del sector, en el que más de mil efectivos de Carabineros reprimieron cualquier indicio de manifestación.
La jornada culminó con decenas de heridos, entre ellos Óscar Pérez, un joven de 20 años que fue atropellado por dos carros lanza gases, imágenes que fueron capturadas en vivo por un canal de televisión y que han dado la vuelta al mundo.
El abogado y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, explicó que la actividad del intendente, ordenando el despliegue de mil uniformados para resguardar el principal punto de encuentro en las manifestaciones de la capital, y la instrucción del general director, incitando una represión que produjo daños a las personas, vulneraron los derechos a la reunión sin permiso previo y a la libertad de expresión.
“Chile está hoy día en la mira de la comunidad internacional y está siendo mirado como un paria de la comunidad internacional porque se está poniendo al margen de los principios y normas que informan el actuar, el devenir y el cumplimiento de los objetivos propios de las Naciones Unidas”, sostuvo Margotta.
“Situación que, me permite recordar, sufrió nuestro país con la política de exterminio que aplicó la dictadura cívico-militar de Pinochet y que durante 17 años Chile fue un paria de la comunidad internacional”, agregó el abogado y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
Así también, desde la Comisión Chilena y el bloque de Unidad Social sostuvieron que, al ser parte de los ataques sistemáticos y generalizados que se han producido contra la población civil en los últimos días, estudiarán también la ampliación de la querella por homicidio frustrado al Presidente de la República, Sebastián Piñera, y al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, como autoridades civiles responsables por omisión directa en la comisión de estos hechos.
En ese sentido, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, sostuvo que el Gobierno ha mantenido una estrategia que ha facilitado la comisión de estos delitos.
“Lo ocurrido el día viernes de la semana pasada marca un precedente no solo respecto del nivel de violencia, sino que también muy en línea con lo que el propio Gobierno había señalado. Ellos hicieron los días previos, el propio intendente, declaraciones señalando que no iba a haber espacio a convocatorias no autorizadas, señalaron que ellos están llamados a resguardar el orden público”, dijo Figueroa.
“Por lo tanto, nosotros entendemos que desde el día uno hasta el día 60 seguimos en el mismo discurso por parte del Gobierno. Que esto no es un problema de crisis social, sino que ellos insisten en que este es un problema de orden público y donde cada día se ven mayores y más sistemáticas acciones de violaciones a los derechos humanos“, criticó la presidenta de la CUT.
A su vez, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, indicó que, habiendo estado presente en la jornada del viernes y habiendo presenciado lo sucedido, para él la querella está más que justificada.
“Fuimos directamente agredidos sin mediar absolutamente ninguna acción de nuestra parte que lo justificara ni cercanamente, incluso en la vereda, ni siquiera en la calle o en la acera de circulación de vehículos. Por lo tanto, creemos que todos los fundamentos para hacer acciones nacionales e internacionales, si fuera el caso, son absolutamente justificadas“, señaló Aguilar.
Por otra parte, la denuncia también será presentada en contra de todos quienes resulten responsables en calidad de autores directos de los hechos ocurridos durante el ‘copamiento’ de la Plaza Italia, y en particular contra el cabo Mauricio Carrillo, quien ya ha sido formalizado por el atropello de un joven de 20 años.
En este sentido, la denuncia se basa en lo expresado en los artículos 14, N°2, y 15, N°3, del Código Penal, en donde señala que cabe responsabilidad a “los que fuerzan o inducen directamente a otro a ejecutarlo” y “los que, concertados para su ejecución, facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata de él”.
La querella fue presentada la tarde de este jueves ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que deberá resolver la admisibilidad de la misma, para luego, en caso de declararla admisible, derivar la investigación de los hechos al Ministerio Público.