El caso de los estudiantes del sureño pueblo de Ayotzinapa todavía perturba a México, donde la investigación oficial fue manchada por irregularidades y el gobierno se negó a renovar el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que estuvo en el país investigando el caso durante un año para asegurar una indagatoria transparente.
Ahora, el mismo grupo de expertos (los abogados Angela Buitrago, Claudia Paz y Francisco Coz, así como el médico y psicólogo Carlos Beristain) retomará su investigación de 2015, en la que descartaba la llamada “verdad histórica” del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, según la cual los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero.
Su vuelta obedece a la propuesta enviada por la CIDH al gobierno mexicano en diciembre pasado, al considerar que los resultados de la investigación, hasta el momento, “han sido infructuosos”.
Los estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado sureño de Guerrero, desaparecieron en Iguala el 26 de septiembre de 2014, tras ser detenidos por policías. Desde entonces se desconoce su paradero. Todos los esfuerzos por encontrar restos de los cuerpos quemados fueron en vano.
Las pesquisas deberían reiniciarse desde cero. El GIEI pide que se investigue el tráfico de drogas entre Guerrero y Chicago en Estados Unidos como posible móvil de los ataques, así como la acción de los militares. Una de las hipótesis es que los autobuses que tomaron los jóvenes escondían droga del cartel de Guerreros Unidos.
Según Vidulfo Rosales, el abogado de los padres entrevistado por RFI, el regreso de los expertos demuestra que quieren “desmontar una mentira”: “Por eso es muy significativo el trabajo que puedan realizar los expertos. Van a tener el mismo mandato que se tuvo anteriormente y el plazo que se tiene es hasta noviembre del 2020″.
López Obrador “nos entiende”
“Con la reinstalación del GIEI, creo que tenemos esa institucionalidad fortalecida para poder caminar de manera más rápida en 2020”, dijo asimismo Rosales, tras un encuentro con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
A su llegada al poder, en diciembre de 2018, López Obrador creó una Comisión de la Verdad para este caso mientras la fiscalía general, independiente del Ejecutivo, se comprometió a reiniciar la investigación desde cero.
En el encuentro, los padres y familiares de los estudiantes de Ayotzinapa pidieron al presidente izquierdista agilizar las indagatorias y reconocieron su apoyo como “padre de familia”. “El presidente tiene el sentimiento como padre, nos entiende como madres y padres de los 43, son seis Navidades que no sabemos nada de nuestros hijos”, expresó Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, uno de los desaparecidos.
Rosales afirmó que en el proceso de identificación participa, como en 2015, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y algunos restos podrían enviarse a la Universidad de Innsbruck en Austria para su análisis. “En el mes de febrero y marzo se van a tener avances respecto a estas investigaciones”, adelantó el abogado.
Foto referencial @REUTERS/Luis Cortes
El caso de los estudiantes del sureño pueblo de Ayotzinapa todavía perturba a México, donde la investigación oficial fue manchada por irregularidades y el gobierno se negó a renovar el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que estuvo en el país investigando el caso durante un año para asegurar una indagatoria transparente.
Ahora, el mismo grupo de expertos (los abogados Angela Buitrago, Claudia Paz y Francisco Coz, así como el médico y psicólogo Carlos Beristain) retomará su investigación de 2015, en la que descartaba la llamada “verdad histórica” del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, según la cual los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero.
Su vuelta obedece a la propuesta enviada por la CIDH al gobierno mexicano en diciembre pasado, al considerar que los resultados de la investigación, hasta el momento, “han sido infructuosos”.
Los estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado sureño de Guerrero, desaparecieron en Iguala el 26 de septiembre de 2014, tras ser detenidos por policías. Desde entonces se desconoce su paradero. Todos los esfuerzos por encontrar restos de los cuerpos quemados fueron en vano.
Las pesquisas deberían reiniciarse desde cero. El GIEI pide que se investigue el tráfico de drogas entre Guerrero y Chicago en Estados Unidos como posible móvil de los ataques, así como la acción de los militares. Una de las hipótesis es que los autobuses que tomaron los jóvenes escondían droga del cartel de Guerreros Unidos.
Según Vidulfo Rosales, el abogado de los padres entrevistado por RFI, el regreso de los expertos demuestra que quieren “desmontar una mentira”: “Por eso es muy significativo el trabajo que puedan realizar los expertos. Van a tener el mismo mandato que se tuvo anteriormente y el plazo que se tiene es hasta noviembre del 2020″.
López Obrador “nos entiende”
“Con la reinstalación del GIEI, creo que tenemos esa institucionalidad fortalecida para poder caminar de manera más rápida en 2020”, dijo asimismo Rosales, tras un encuentro con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
A su llegada al poder, en diciembre de 2018, López Obrador creó una Comisión de la Verdad para este caso mientras la fiscalía general, independiente del Ejecutivo, se comprometió a reiniciar la investigación desde cero.
En el encuentro, los padres y familiares de los estudiantes de Ayotzinapa pidieron al presidente izquierdista agilizar las indagatorias y reconocieron su apoyo como “padre de familia”. “El presidente tiene el sentimiento como padre, nos entiende como madres y padres de los 43, son seis Navidades que no sabemos nada de nuestros hijos”, expresó Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, uno de los desaparecidos.
Rosales afirmó que en el proceso de identificación participa, como en 2015, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y algunos restos podrían enviarse a la Universidad de Innsbruck en Austria para su análisis. “En el mes de febrero y marzo se van a tener avances respecto a estas investigaciones”, adelantó el abogado.
Foto referencial @REUTERS/Luis Cortes
El caso de los estudiantes del sureño pueblo de Ayotzinapa todavía perturba a México, donde la investigación oficial fue manchada por irregularidades y el gobierno se negó a renovar el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que estuvo en el país investigando el caso durante un año para asegurar una indagatoria transparente.
Ahora, el mismo grupo de expertos (los abogados Angela Buitrago, Claudia Paz y Francisco Coz, así como el médico y psicólogo Carlos Beristain) retomará su investigación de 2015, en la que descartaba la llamada “verdad histórica” del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, según la cual los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero.
Su vuelta obedece a la propuesta enviada por la CIDH al gobierno mexicano en diciembre pasado, al considerar que los resultados de la investigación, hasta el momento, “han sido infructuosos”.
Los estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado sureño de Guerrero, desaparecieron en Iguala el 26 de septiembre de 2014, tras ser detenidos por policías. Desde entonces se desconoce su paradero. Todos los esfuerzos por encontrar restos de los cuerpos quemados fueron en vano.
Las pesquisas deberían reiniciarse desde cero. El GIEI pide que se investigue el tráfico de drogas entre Guerrero y Chicago en Estados Unidos como posible móvil de los ataques, así como la acción de los militares. Una de las hipótesis es que los autobuses que tomaron los jóvenes escondían droga del cartel de Guerreros Unidos.
Según Vidulfo Rosales, el abogado de los padres entrevistado por RFI, el regreso de los expertos demuestra que quieren “desmontar una mentira”: “Por eso es muy significativo el trabajo que puedan realizar los expertos. Van a tener el mismo mandato que se tuvo anteriormente y el plazo que se tiene es hasta noviembre del 2020″.
López Obrador “nos entiende”
“Con la reinstalación del GIEI, creo que tenemos esa institucionalidad fortalecida para poder caminar de manera más rápida en 2020”, dijo asimismo Rosales, tras un encuentro con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
A su llegada al poder, en diciembre de 2018, López Obrador creó una Comisión de la Verdad para este caso mientras la fiscalía general, independiente del Ejecutivo, se comprometió a reiniciar la investigación desde cero.
En el encuentro, los padres y familiares de los estudiantes de Ayotzinapa pidieron al presidente izquierdista agilizar las indagatorias y reconocieron su apoyo como “padre de familia”. “El presidente tiene el sentimiento como padre, nos entiende como madres y padres de los 43, son seis Navidades que no sabemos nada de nuestros hijos”, expresó Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, uno de los desaparecidos.
Rosales afirmó que en el proceso de identificación participa, como en 2015, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y algunos restos podrían enviarse a la Universidad de Innsbruck en Austria para su análisis. “En el mes de febrero y marzo se van a tener avances respecto a estas investigaciones”, adelantó el abogado.
Foto referencial @REUTERS/Luis Cortes
