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Año XVI, 29 de marzo de 2024


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Acompañamiento y ambigüedad: los reparos ante la Ley de Identidad de Género en menores de edad

La legislación establece que los menores entre 14 y 18 años pueden hacer el cambio de nombre y sexo registral a través de una solicitud en un Juzgado de Familia, al que deben presentarse con alguno de sus padres o tutor legal.

Andrea Bustos C.

  Sábado 11 de enero 2020 15:03 hrs. 
07 Enero 2018 / VALPARAISO 
Dos con carteles mientras se discute en  la comisión Derechos Humanos donde se discute el proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género.
FOTO: PABLO OVALLEISASMENDI/AGENCIAUNO

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Cientos de personas mayores de 18 años han realizado su cambio de nombre y sexo registral en el Registro Civil en el marco de la Ley de Identidad de Género, que entró en vigencia a fines de diciembre de 2019. Sin embargo, el proceso es diferente en los menores de edad desde los 14 años.

Según la legislación, los menores de edad deben presentar una solicitud con alguno de sus padres o tutor legal en el Tribunal de Familia más cercano, en el que pueden presentar también antecedentes de su contexto psicosocial e informes de acompañamiento si es que lo hubiesen realizado. El proceso no necesita el respaldo de un abogado.

En tanto, el juez además podrá solicitar más requerimientos si así lo siente necesario, como por ejemplo un acompañamiento en el proceso, en el que de ser solicitado debe ser de al menos un año en instituciones acreditadas para ello.

Este es uno de los principales reparos que desde las organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las personas transgénero han hecho a la ley, pues en el fondo el proceso queda en ambigüedad, ya que dependerá del juez si el adolescente deberá o no someterse a un proceso más largo para recibir acompañamiento o si, por el contrario, su solicitud podrá quedar aceptada en un mes en caso de que no se le pida mayores antecedentes que la voluntad y el apoyo de los adultos responsables.

IDENTIDAD DE GENERO

Al respecto Franco Fuica, presidente de la junta directiva de Organizando Trans Diversidades (OTD), señaló que el informe de acompañamiento “podría no presentarse incluso, pero si se hace debe ser de un año y la experiencia que tenemos nosotres en relación a eso es que hay gente que necesita acompañamiento efectivamente y hay gente que no necesita acompañamiento, o el que requiere no es para el niño, niña o adolescente sino para su familia. Ahí es donde uno topa un poco porque todo este acompañamiento de alguna forma está un poco más centrado en el niño o adolescentes más que la familia”.

Además, dijo que “no debería ser una cuestión obligatoria, podría ser una opción pero que sea de la persona y no algo que dependa del juez, porque se dice el juez puede pedir, pero la carga del poder no está en quien solicita, no es que el peticionario pueda ofrecer, sino que es el juez el que puede pedir, como puede no hacerlo”.

franco fuica

En esa línea, Fuica indicó que, si bien la solicitud es a criterio personal del juez, a su juicio, estos mayoritariamente pedirán informes de acompañamiento: “Lo van a pedir bajo una lógica de mucho temor a lo que significa tomar una decisión por otra persona con la fuerza que tiene un juez, la fuerza de ley que tiene”.

“El temor que el juez tiene es a equivocarse y de alguna forma ‘mutilar’ la vida de alguien, aunque este cambio sea registral y no corporal, ni hormonal, ni nada. El juez puede llegar a pensar que esto es la antesala a que la persona haga distintos cambios en su cuerpo, por lo tanto, necesito una garantía de que está bien y como no lo manejo le pediré al psicólogo y al trabajador social que lo haga”.

Una crítica similar tiene Evelyn Silva, encargada del área de familias de Fundación Selenna, quien señaló que la ley es poco clara.

“Como la ley tiene esto de que ‘puede’ quedar al criterio de la persona de turno eso es súper injusto, porque finalmente uno no sabe a qué atenerse. Es super injusto que tu llegues ese día a la audiencia a saber que te van a pedir y que no te van a pedir”, comentó.

Agregó que “el juez podría decirte ‘la ley dice que yo puedo pedirte un informe de acompañamiento y ustedes no lo trajeron’, por lo tanto, no es que les niegue porque no pueden negar, pero pueden decir necesito que vuelva en seis más cuando esté con el acompañamiento”.

IDENTIDAD DE GENERO

En tanto, Claudia Becker, fundadora de Fundación Diversidad Trans, indicó al respecto que el tiempo es “excesivo” y dijo que “no hay una base concreta para aplicar la ley, el acompañamiento voluntario sería lo mejor, no puede ser impuesto, porque obviamente puede haber un juez o jueza que sea más jodido o que no entiende bien el tema de identidad de género y por un principio personal va rechazar esto”.

“Es un avance porque el cambio de nombre es super importante, pero se tiraron a los leones sin preparar nada”, dijo.

A la vez, desde las tres organizaciones destacaron otra valencia del proceso, y es que, si bien las organizaciones se pueden acreditar para el acompañamiento, eso no garantiza que tengan recursos para realizarlo.

“Es una lavada de manos para el Estado porque son las fundaciones las que tienen la experiencia en este tipo de acompañamiento, pero el Estado o el gobierno debería haberse hecho cargo de cómo vamos gestionar el acompañamiento a través del sistema de salud pública, porque las organizaciones no van a dar abasto”, señaló Claudia Becker.

 

familia

En tanto, sobre este punto Franco Fuica indicó que “nos piden un montón de requisitos, pero no nos ofrecen financiamiento para hacerlo, o sea tenemos que tener un convenio con un psiquiatra, y un trabajador social contratado, más un psicólogo contratad. Si les pagas un millón de pesos por el año necesitas 24 solo para eso, y nos exigen otras medidas dentro de los espacios en los que vas a atender, que sea confidencial, que tenga sala de espera”.

“Se vuelve complejo, y aunque si bien se intentó preveer, este gobierno no ha sido capaz de solventarlo”, dijo.

Por su parte, Evelyn Silva agregó que para “los organismos privados que requieran acreditación no hay financiamiento, y hay un montón de exigencias que tienes que cumplir desde tener un arriendo hasta un psiquiatra infanto juvenil, y no todos los niños necesitan un psiquiatra infantojuvenil”, mientras que en el sistema público, agregó, la alta demanda que ya tienen por otro tipo de servicios dificultará las atenciones.

“Está complejo el tema de las acreditaciones para las organizaciones sin fines de lucro y en los hospitales públicos, donde va ser un programa más como los que ya hay de infancia, la gente no tiene la experiencia. Yo lo pasé con mi hija, nadie sabía de qué estaba hablando, me mandaban de un lado para otro”, agregó.

Sin embargo, más allá de las dificultades para realizar el proceso, ya son varios los adolescentes y sus familias que han decidido presentar su solicitud. El pasado jueves Fundación Selenna lo hizo con un adolescente de 16 años, mientras que este lunes OTD también acompañará otro proceso en un tribunal.

De esta forma, dentro de las próximas semanas podrían concretarse sus cambios de nombre y sexo registral o, por el contrario, si el juez así lo decide tendrán que seguir presentando otros antecedentes.

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