La tarde de este lunes, y con la oposición dividida, el Senado aprobó la llamada “Ley Antisaqueos” en todos sus artículos, normativas que tipifica como delito la alteración del orden y la paz, agravando las penas a quienes ejerzan actos de violencia.
La normativa establece penas que van desde 541 días a cinco años de cárcel para quienes sean declarados culpables del delito de saqueo. Por otra parte, a quienes sean culpables de interrumpir el tránsito o la libre circulación se les podrá condenar con sanciones que van desde los 61 días a 540 días. Esta misma pena podrán recibir quienes realicen el llamado “el que baila pasa”, pues se considera obstrucción al tránsito.
Fue el senador Alejandro Guillier uno de los que criticó más fuertemente el proyecto nacido desde el Ejecutivo. Para el parlamentario, este obedece a la nula capacidad del gobierno de hacer frente a las demandas sociales y, en consecuencia, apostar por una represión desmedida con el riesgo de seguir violando –como hasta ahora- los derechos humanos de los manifestantes.
“La propaganda del Gobierno dice que esta es una ley antisaqueo pero, la verdad, es que no es así. Ante un estallido profundo la respuesta del Gobierno será cárcel, y lo que se busca no es hacer frente al saqueo, lo que se quiere es llegar a marzo teniendo mecanismos de represión más violentos y meter a la cárcel a quienes salgan a protestar o a manifestarse, suponiendo, además, que va a haber un escenario impredecible del cual ya están asustando a la gente. La verdad es que yo no estoy disponible para dar más facultades de represión a un Gobierno que viola los derechos humanos”.
Por su parte, el senador UDI, José Durana, justificó y defendió el proyecto argumentando que los saqueos pueden afectar el abastecimiento de comida y medicina para la población, por lo que se debe contar con las herramientas necesarias para castigar este tipo de acciones.
“Considerando el momento actual que vivimos, en este momento el proyecto de ley recoge el saqueo en una figura agravada como delito de robo con violencia por la connotación de desorden público pero, fundamentalmente, por los efectos del desabastecimiento de alimentos o medicamentos que pueda generar en la población. Este es el punto más grave en que, obviamente, altera la vida normal de los ciudadanos. Todos estos elementos llevan a concluir que esta norma es absolutamente indispensable para que se puedan ejercer las acciones legales pertinentes, que restituyan la tranquilidad y de verdad nos preocupemos de acoger las demandas sociales que tanto hablamos”.
Luego de su aprobación en el Senado, el proyecto nuevamente pasará a la Cámara de Diputados. Si allí la iniciativa obtiene luz verde, quedará lista para transformarse en ley, de lo contrario, se deberá constituir una comisión mixta donde nuevamente se discuta la normativa.
La tarde de este lunes, y con la oposición dividida, el Senado aprobó la llamada “Ley Antisaqueos” en todos sus artículos, normativas que tipifica como delito la alteración del orden y la paz, agravando las penas a quienes ejerzan actos de violencia.
La normativa establece penas que van desde 541 días a cinco años de cárcel para quienes sean declarados culpables del delito de saqueo. Por otra parte, a quienes sean culpables de interrumpir el tránsito o la libre circulación se les podrá condenar con sanciones que van desde los 61 días a 540 días. Esta misma pena podrán recibir quienes realicen el llamado “el que baila pasa”, pues se considera obstrucción al tránsito.
Fue el senador Alejandro Guillier uno de los que criticó más fuertemente el proyecto nacido desde el Ejecutivo. Para el parlamentario, este obedece a la nula capacidad del gobierno de hacer frente a las demandas sociales y, en consecuencia, apostar por una represión desmedida con el riesgo de seguir violando –como hasta ahora- los derechos humanos de los manifestantes.
“La propaganda del Gobierno dice que esta es una ley antisaqueo pero, la verdad, es que no es así. Ante un estallido profundo la respuesta del Gobierno será cárcel, y lo que se busca no es hacer frente al saqueo, lo que se quiere es llegar a marzo teniendo mecanismos de represión más violentos y meter a la cárcel a quienes salgan a protestar o a manifestarse, suponiendo, además, que va a haber un escenario impredecible del cual ya están asustando a la gente. La verdad es que yo no estoy disponible para dar más facultades de represión a un Gobierno que viola los derechos humanos”.
Por su parte, el senador UDI, José Durana, justificó y defendió el proyecto argumentando que los saqueos pueden afectar el abastecimiento de comida y medicina para la población, por lo que se debe contar con las herramientas necesarias para castigar este tipo de acciones.
“Considerando el momento actual que vivimos, en este momento el proyecto de ley recoge el saqueo en una figura agravada como delito de robo con violencia por la connotación de desorden público pero, fundamentalmente, por los efectos del desabastecimiento de alimentos o medicamentos que pueda generar en la población. Este es el punto más grave en que, obviamente, altera la vida normal de los ciudadanos. Todos estos elementos llevan a concluir que esta norma es absolutamente indispensable para que se puedan ejercer las acciones legales pertinentes, que restituyan la tranquilidad y de verdad nos preocupemos de acoger las demandas sociales que tanto hablamos”.
Luego de su aprobación en el Senado, el proyecto nuevamente pasará a la Cámara de Diputados. Si allí la iniciativa obtiene luz verde, quedará lista para transformarse en ley, de lo contrario, se deberá constituir una comisión mixta donde nuevamente se discuta la normativa.
La tarde de este lunes, y con la oposición dividida, el Senado aprobó la llamada “Ley Antisaqueos” en todos sus artículos, normativas que tipifica como delito la alteración del orden y la paz, agravando las penas a quienes ejerzan actos de violencia.
La normativa establece penas que van desde 541 días a cinco años de cárcel para quienes sean declarados culpables del delito de saqueo. Por otra parte, a quienes sean culpables de interrumpir el tránsito o la libre circulación se les podrá condenar con sanciones que van desde los 61 días a 540 días. Esta misma pena podrán recibir quienes realicen el llamado “el que baila pasa”, pues se considera obstrucción al tránsito.
Fue el senador Alejandro Guillier uno de los que criticó más fuertemente el proyecto nacido desde el Ejecutivo. Para el parlamentario, este obedece a la nula capacidad del gobierno de hacer frente a las demandas sociales y, en consecuencia, apostar por una represión desmedida con el riesgo de seguir violando –como hasta ahora- los derechos humanos de los manifestantes.
“La propaganda del Gobierno dice que esta es una ley antisaqueo pero, la verdad, es que no es así. Ante un estallido profundo la respuesta del Gobierno será cárcel, y lo que se busca no es hacer frente al saqueo, lo que se quiere es llegar a marzo teniendo mecanismos de represión más violentos y meter a la cárcel a quienes salgan a protestar o a manifestarse, suponiendo, además, que va a haber un escenario impredecible del cual ya están asustando a la gente. La verdad es que yo no estoy disponible para dar más facultades de represión a un Gobierno que viola los derechos humanos”.
Por su parte, el senador UDI, José Durana, justificó y defendió el proyecto argumentando que los saqueos pueden afectar el abastecimiento de comida y medicina para la población, por lo que se debe contar con las herramientas necesarias para castigar este tipo de acciones.
“Considerando el momento actual que vivimos, en este momento el proyecto de ley recoge el saqueo en una figura agravada como delito de robo con violencia por la connotación de desorden público pero, fundamentalmente, por los efectos del desabastecimiento de alimentos o medicamentos que pueda generar en la población. Este es el punto más grave en que, obviamente, altera la vida normal de los ciudadanos. Todos estos elementos llevan a concluir que esta norma es absolutamente indispensable para que se puedan ejercer las acciones legales pertinentes, que restituyan la tranquilidad y de verdad nos preocupemos de acoger las demandas sociales que tanto hablamos”.
Luego de su aprobación en el Senado, el proyecto nuevamente pasará a la Cámara de Diputados. Si allí la iniciativa obtiene luz verde, quedará lista para transformarse en ley, de lo contrario, se deberá constituir una comisión mixta donde nuevamente se discuta la normativa.
