Señor Director:

Los principios básicos para la conformación de las repúblicas derivan de la ilegitimidad que adquirieron las monarquías para decidir en nombre de toda la población bajo sus reinados. Con ello, el concepto de ‘soberano’ pasa del rey al pueblo -no sin la revolución francesa de por medio- y, consecuentemente, el soberano es el pueblo en su conjunto.

Por otro lado, el ejercicio de la soberanía se basa en que la voluntad colectiva favorecerá el bien común mediante procesos de deliberación que permiten llegar a cuál es ese bien común. Así, el soberano decide cuál es el bien común y establece el marco institucional de la República para llegar a él. De ningún modo una porción del pueblo puede representar al pueblo, dado que representaría los intereses de esa porción. Así como mucho menos una sola persona puede decidir cuál es el bien común en nombre de toda una República. Esos principios dan pie a que las repúblicas actúen de modo democrático para su ordenamiento interno y se respete así las mayorías.

El marco institucional antes dicho no es otra cosa que el Contrato Social de J-J.Russeau, o la Carta Magna, o un Pacto Social, o la Constitución de la República. Es entonces bajo esos principios que el poder constituyente es originario, o supremo, desde donde se construye la República que la población quiere habitar en pro del bien colectivo. Por lo tanto, en un proceso constituyente, éste poder debe actuar independiente de los poderes del Estado, y no sujeto a alguno de ellos, como el Legislativo o Ejecutivo.

Menos aún podemos permitir que un poder constituido ejerza un proceso constituyente, si repasamos: el reciente caso de boletas ideológicamente falsas entre parlamentarios y SQM -que ya parece olvidado; o el coetáneo caso Penta; o antes la “justicia en la medida de lo posible”; o la privatización de bienes básicos y estratégicos en los años ’90s; Caso chispas; Acuerdo binacional para regalar la cordillera a Barrick; Palabrejas como autovías para hacer pseudo autopistas, burlando leyes para asegurar negocio a las concesionarias con el TAG; o caso parecido con Transantiago; obligación a cotizar en AFP privadas, que se jactan de tener altísimas rentabilidades anuales pero pensiones bajo la línea de la pobreza; o ley de pesca que favorece un puñado de empresas, etc, etc, etc… Resulta evidente que los poderes ejecutivos y legislativo bajo la actual Carta Magna no han actuado en pro del bien común de este país, ello se demuestra con las crecientes cifras de desigualdad. Más bien han obrado para la ‘inversión extranjera’, léase grandes corporaciones transnacionales que vienen a depredar los recursos para llevarse utilidades a sus paraísos fiscales (riqueza), dejando ‘externalidades negativas’ en el territorio (pobreza). O han obrado para las grandes fortunas nacionales, quienes poco a poco, a mucho, se han ido adueñando del país, controlando prácticamente todos los servicios con los cuales pueden hacer negocio, y aumentando -sin vergüenza y con orgullo- sus fortunas en desmedro de sus compatriotas, ahogados en indignidad humana (no se puede concebir riqueza sin pobreza, concentra la riqueza y aumenta la pobreza).

Los poderes Legislativo y Ejecutivo, tienen pues un curriculum donde el bien común no aparece sino como discurso o promesa incumplida. Se agrupan en partidos políticos que tienen como ideología optar al poder y mantener -y aumentar- sus privilegios, para ello corruptamente, como lo dicen todos los casos antes expuestos, trabajan para las grandes fortunas y/o para las corporaciones transnacionales. ¿Tienen ellos la “moral” de decidir el nuevo pacto social en nombre de la mayoría?. Ciertamente no.

Luego, sólo el pueblo de modo libre y soberano, sin los poderes constituidos pauteando el proceso, podemos ejercer el poder constituyente originario para construir una República democrática, y donde el bien común lo decidamos las mayorías en una asamblea popular constituyente.

Finalmente, por favor corregir: Donde dice “poderes constituidos”, debe decir: “poderes prostituidos”.