Esta semana finalizó la visita de la Misión Canadiense de Derechos Humanos en Chile, de la cual ya se ha dado a conocer algunos resultados preliminares.
En ellos, la Misión señaló que “después de 3 meses desde el inicio del estallido social y a pesar de las recomendaciones de las misiones internacionales y de las organizaciones sociales nacionales, las violaciones a los derechos humanos y la represión continúan en un contexto de intimidación de la población y de criminalización de la protesta social“.
Este martes, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la diputada comunista, Carmen Hertz, se refirió a estos nuevos antecedentes, y criticó el rol del Estado en lo que respecta a la vulneración de los Derechos Humanos.
“El informe de la delegación canadiense viene a ratificar lo que en este país está sucediendo en materia de violación a los Derechos Humanos. Estamos ante una violación sistemática de los derechos fundamentales de las personas, es decir, del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, y la libertad personal. Puedo señalar con toda propiedad que a estas alturas se trata de una política de Estado”, indicó.
Además, la también abogada de Derechos Humanos reflexionó sobre las responsabilidades políticas de tienen que ver con la violencia ejercida en medio de la crisis social.
“El derecho internacional y la legislación interna nuestra señalan que los máximos responsables, en primer lugar, es la máxima autoridad civil, el presidente de la república, y las máximas autoridades militares y policiales. Por lo tanto, la acusación constitucional fallida contra Sebastián Piñera, muestra la incapacidad del Congreso para ejercer su rol y las facultades que tiene”, precisó.
Carmen Hertz también comentó sobre el rol de la oposición en relación a las medidas de contingencia y las agendas que ha llevado a cabo el Gobierno para intentar terminar con las manifestaciones.
“La llamada agenda social es absolutamente distorsionada y mentirosa. Donde el Gobierno ha puesto el énfasis es en la agenda de seguridad, porque para ellos lo que ha ocurrido sigue siendo un problema de orden público. En esa agenda hemos tenido la votación favorable de diputados autodenominados de oposición que votan a favor de estos proyectos, y lo mismo ocurre en el Senado”, criticó.
Hay que recordar también, que la misión canadiense constató en su informe “la continuidad de las violaciones a Derechos Humanos, ya identificadas en informes anteriores”. Algunas de estas tienen que ver con heridas por perdigones y bombas lacrimógenas; violencias y vejámenes sexuales; detenciones sin registro, a veces efectuadas por policías de civil; golpizas de detenidos en furgones de Carabineros y en comisarías; entre otras.
Esta semana finalizó la visita de la Misión Canadiense de Derechos Humanos en Chile, de la cual ya se ha dado a conocer algunos resultados preliminares.
En ellos, la Misión señaló que “después de 3 meses desde el inicio del estallido social y a pesar de las recomendaciones de las misiones internacionales y de las organizaciones sociales nacionales, las violaciones a los derechos humanos y la represión continúan en un contexto de intimidación de la población y de criminalización de la protesta social“.
Este martes, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la diputada comunista, Carmen Hertz, se refirió a estos nuevos antecedentes, y criticó el rol del Estado en lo que respecta a la vulneración de los Derechos Humanos.
“El informe de la delegación canadiense viene a ratificar lo que en este país está sucediendo en materia de violación a los Derechos Humanos. Estamos ante una violación sistemática de los derechos fundamentales de las personas, es decir, del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, y la libertad personal. Puedo señalar con toda propiedad que a estas alturas se trata de una política de Estado”, indicó.
Además, la también abogada de Derechos Humanos reflexionó sobre las responsabilidades políticas de tienen que ver con la violencia ejercida en medio de la crisis social.
“El derecho internacional y la legislación interna nuestra señalan que los máximos responsables, en primer lugar, es la máxima autoridad civil, el presidente de la república, y las máximas autoridades militares y policiales. Por lo tanto, la acusación constitucional fallida contra Sebastián Piñera, muestra la incapacidad del Congreso para ejercer su rol y las facultades que tiene”, precisó.
Carmen Hertz también comentó sobre el rol de la oposición en relación a las medidas de contingencia y las agendas que ha llevado a cabo el Gobierno para intentar terminar con las manifestaciones.
“La llamada agenda social es absolutamente distorsionada y mentirosa. Donde el Gobierno ha puesto el énfasis es en la agenda de seguridad, porque para ellos lo que ha ocurrido sigue siendo un problema de orden público. En esa agenda hemos tenido la votación favorable de diputados autodenominados de oposición que votan a favor de estos proyectos, y lo mismo ocurre en el Senado”, criticó.
Hay que recordar también, que la misión canadiense constató en su informe “la continuidad de las violaciones a Derechos Humanos, ya identificadas en informes anteriores”. Algunas de estas tienen que ver con heridas por perdigones y bombas lacrimógenas; violencias y vejámenes sexuales; detenciones sin registro, a veces efectuadas por policías de civil; golpizas de detenidos en furgones de Carabineros y en comisarías; entre otras.
Esta semana finalizó la visita de la Misión Canadiense de Derechos Humanos en Chile, de la cual ya se ha dado a conocer algunos resultados preliminares.
En ellos, la Misión señaló que “después de 3 meses desde el inicio del estallido social y a pesar de las recomendaciones de las misiones internacionales y de las organizaciones sociales nacionales, las violaciones a los derechos humanos y la represión continúan en un contexto de intimidación de la población y de criminalización de la protesta social“.
Este martes, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la diputada comunista, Carmen Hertz, se refirió a estos nuevos antecedentes, y criticó el rol del Estado en lo que respecta a la vulneración de los Derechos Humanos.
“El informe de la delegación canadiense viene a ratificar lo que en este país está sucediendo en materia de violación a los Derechos Humanos. Estamos ante una violación sistemática de los derechos fundamentales de las personas, es decir, del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, y la libertad personal. Puedo señalar con toda propiedad que a estas alturas se trata de una política de Estado”, indicó.
Además, la también abogada de Derechos Humanos reflexionó sobre las responsabilidades políticas de tienen que ver con la violencia ejercida en medio de la crisis social.
“El derecho internacional y la legislación interna nuestra señalan que los máximos responsables, en primer lugar, es la máxima autoridad civil, el presidente de la república, y las máximas autoridades militares y policiales. Por lo tanto, la acusación constitucional fallida contra Sebastián Piñera, muestra la incapacidad del Congreso para ejercer su rol y las facultades que tiene”, precisó.
Carmen Hertz también comentó sobre el rol de la oposición en relación a las medidas de contingencia y las agendas que ha llevado a cabo el Gobierno para intentar terminar con las manifestaciones.
“La llamada agenda social es absolutamente distorsionada y mentirosa. Donde el Gobierno ha puesto el énfasis es en la agenda de seguridad, porque para ellos lo que ha ocurrido sigue siendo un problema de orden público. En esa agenda hemos tenido la votación favorable de diputados autodenominados de oposición que votan a favor de estos proyectos, y lo mismo ocurre en el Senado”, criticó.
Hay que recordar también, que la misión canadiense constató en su informe “la continuidad de las violaciones a Derechos Humanos, ya identificadas en informes anteriores”. Algunas de estas tienen que ver con heridas por perdigones y bombas lacrimógenas; violencias y vejámenes sexuales; detenciones sin registro, a veces efectuadas por policías de civil; golpizas de detenidos en furgones de Carabineros y en comisarías; entre otras.
