Antes de que la Coordinadora Nacional de Inmigrantes interpusiera un recurso de apelación que buscaba incluir a la población migrante en el padrón electoral del plebiscito de abril, el Servel declinó de su postura y este lunes anunció la inclusión de al menos 348 mil personas extranjeras.

Se trata de ciudadanos que han cumplido 5 años desde la aprobación de su primera visa, y sobre los cuales las posiciones a favor o en contra de su participación electoral son diversas.

Sobre este tema se refirió, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la doctora en ciencias de la educación y académica de la Facultad de Ciencias Sociales, Caterine Galaz, quien además explicó la concepción de ciudadanía que debería primar en un debate al alero del fenómeno migratorio contemporáneo.

“Todavía se asocia ciudadanía a nacionalidad, y eso está en cuestión en diferentes partes del mundo. La ciudadanía tiene que ser entendida más ampliamente de lo que la Constitución actual lo plantea. De hecho, por eso también necesitamos una nueva Constitución, para pensar que quienes residen, quienes trabajan, quienes viven, quienes tributan, quienes se educan en este territorio, puedan participar”, precisó.

Sin embargo, esto no es distinto de lo que ocurría hace algunos años atrás respecto de la inclusión en el padrón de las y los chilenos que residen en el extranjero, y en donde los argumentos tenían que ver incluso con ciertas posturas políticas que primarían en dicha población.

Esto mismo sucedió en esta oportunidad en el caso de la población venezolana, cuyos reparos de los nacionales tienen que ver con que dichos votos podrían apoyar a la tendencia del rechazo a una nueva Constitución.

Aunque según información del Servel, solo 5 mil 542 nacionales de Venezuela podrán votar en el plebiscito, para Galaz, este dato ni siquiera debería ser considerado al momento de garantizar su derecho a la participación.

Asimismo, la académica criticó que este tipo de derecho haya sido relegado por tanto tiempo.

“Hubo posiciones nacionalistas, xenófobas y racistas para señalar quienes pueden y quienes tienen derecho o no a tener derechos. Hasta ahora, parte de la comunidad migrante ha tenido derechos sociales, económicos, pero los derechos políticos se les relega. En ese sentido, estamos estableciendo ciudadanías de segunda clase; por un lado, la ciudadanía plena, y por el otro, ciudadanos que están acá. que son nuestros vecinos y que no tienen esos derechos”, indicó.

No obstante, luego del anuncio del Servel en favor de la población migrante, Galaz se refirió al paso que complementaría lo alcanzado.

“Es un triunfo para la comunidad migrante porque la lectura del Servel ha cambiado en muy poco tiempo. El próximo paso es, si esta es la forma de interpretación y ellos son ciudadanos que van a poder votar con cinco años de residencia, entonces, que puedan también participar como posibles electos del órgano constituyente. Todas las personas que estamos organizadas en función de esto, vamos a bregar por ese camino”, sentenció.

Finalmente, un dato no menor en este proceso dice relación con que los nacionales de Haití y República Dominicana no aparecen dentro de las diez nacionalidades que tendrán mayores votantes en el plebiscito.

En el análisis de Galaz, esto tendría que ver con las diversas restricciones que el Estado ha puesto para que los inmigrantes centroamericanos puedan establecerse en el territorio nacional. Sin embargo, según dijo, se trata de corrientes migratorias que muy por el contrario de lo que se pensaba, no se han podido frenar.