Graves, masivas y sistemáticas: las violaciones que la Defensoría Jurídica mostró a la CIDH
En un informe entregado a la delegación internacional que visita Chile, la instancia compuesta por abogados, académicos y estudiantes de la Universidad de Chile evidenció una actuación sistemática de vulneración a los Derechos Humanos por parte de agentes del Estado.
Tomás González F.
Jueves 30 de enero 2020 19:05 hrs.
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Este jueves, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la Defensoría Jurídica de nuestra casa de estudios hizo público el informe que da cuenta de la labor que han cometido desde el inicio de la crisis política y social en relación a la asistencia jurídica, monitoreo y observación de Derechos Humanos en el contexto de las manifestaciones. Y al igual que las que han resultado de las misiones de otros organismos nacionales e internacionales, las conclusiones no son auspiciosas.
Entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019, la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile recibió 2.152 denuncias de personas que participaron en las manifestaciones y que vieron vulnerados sus derechos por parte de agentes del Estado. La mayoría de ellas fue por hechos acontecidos en la Región Metropolitana, pero también recibieron denuncias desde Arica, Iquique, Valparaíso y Talca, entre otras ciudades del país. En cuanto a la edad, la mayoría correspondió a personas entre los 18 y 30 años de edad, pero hubo 140 que afectaron a niños, niñas y adolescentes.
Lo anterior es parte del análisis cuantitativo que hizo la instancia impulsada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y que está contenido en el informe que entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los atropellos cometidos en el contexto de la crisis actual.
Por otra parte, el análisis cualitativo de la información recabada por la Defensoría Jurídica evidenció que se han cometido graves, generalizadas y sistemáticas violaciones de Derechos Humanos imputables a agentes del Estado de Chile, los que incluso han vulnerado los estándares internacionales. Estos mismos sostienen -respecto al derecho a la protesta social y el uso necesario, legal y proporcional de la fuerza- lo que ha derivado en una grave crisis de Derechos Humanos en el país.
Además del rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, a la presentación del informe de la Defensoría Jurídica asistieron el decano de la Facultad de Derecho, Pablo Ruiz-Tagle, y la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zerán; entre otras autoridades. Foto: Alejandra Fuenzalida / Prensa UChile.
En nombre del conjunto de organizaciones que componen la instancia, la directora del Centro de Derechos Humanos, Nancy Yáñez, explicó uno de los aspectos que reviste mayor gravedad del informe: el carácter sistemático de los atropellados cometidos por uniformados.
“Hay una serie de conductas que evidencian una actuación sistemática de vulneración. Uno: la violencia sexual, que es ‘per se’ constitutiva de tortura y que viene siendo observada a lo largo de las últimas décadas en la forma por medio la cual Carabineros contiene el orden público“, advirtió Yáñez.
“El otro punto es la consideración de que dentro de los manifestantes hay niños, niñas y adolescentes, quienes han visto sistemáticamente sus derechos vulnerados. No sólo porque no se han atendido sus derechos económicos, sociales y culturales, sino que porque miles de niños han muerto bajo la custodia del Estado. Esa es la situación de Derechos Humanos que enfrenta el país”, sentenció la directora del CDH.
La Defensoría Jurídica, cabe resaltar, está integrada por estudiantes, abogados, abogadas, académicos y académicas; en conjunto con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile (CDH), el Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), la Corporación Londres 38 y Comisión Chilena de Derechos Humanos, entre otras organizaciones y federaciones universitarias que prestaron apoyo.
Esto, sin embargo, nació de la iniciativa de un grupo de estudiantes de Derecho quienes, ante la delicada situación que se evidenciaba en las calles del país el 18 de octubre, se organizaron y comenzaron las labores de asistencia al día siguiente.
En la presentación del informe de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, la directora del Centro de Derechos Humanos, Nancy Yáñez, sostuvo que “hay una serie de conductas que evidencian una actuación sistemática de vulneración”. Foto: Alejandra Fuenzalida / Prensa UChile.
El presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, Vicente Bustos, representante estudiantil de la Defensoría, explicó que, desde ese momento, han visto graves, masivas y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos; además de un apoyo casi nulo de las instituciones en su tarea.
“Ciertamente que, de la labor que hemos realizado y la que hasta el día de hoy seguimos realizando, podemos afirmar rotundamente -en lo que corresponde al informe de la Defensoría- la vulneración grave, sistemática y masiva de Derechos Humanos”, indicó Bustos.
“Pero también la dificultad que siguen presentando no solamente estudiantes, sino que también defensores de Derechos Humanos en la recolección de información y en el desarrollo de las labores de defensa de estos derechos en el país“, lamentó el estudiante de derecho.
En la presentación de los resultados también estuvieron presentes el decano de la Facultad de Derecho, Pablo Ruiz-Tagle; la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zeran; y el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi.
El rector, por su parte, valoró el trabajo responsable y riguroso que ha realizado la Defensoría desde su conformación, destacando que es justamente ese el rol que debe cumplir una universidad estatal.
El presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, Vicente Bustos, habló a nombre de los estudiantes que tomaron la iniciativa para conformar la instancia que recogió más de 2.000 denuncias entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019. Foto: Alejandra Fuenzalida / Prensa UChile
“Es un momento también de orgullo y de reflexión respecto de lo que la Universidad de Chile hace, y la responsabilidad con que asume los problemas. La Universidad de Chile asume los problemas y siente que es su deber -y también es su derecho- el intervenir para abrir un camino de solución y esperanza en momentos tan dramáticos como los que aquí han sido motivo de exposición“, destacó el rector.
Analizada la información recabada, la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile concluyó que el Estado violó los derechos a la vida, integridad física y psíquica, indemnidad sexual, a la salud, la libertad personal, así como los derechos a reunión y a libertad de expresión. Estas violaciones, además, como consignaron anteriormente, son graves, generalizadas y sistemáticas.
Frente a esto, en el informe formularon recomendaciones que se sustentaron en las que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha entregado en situaciones similares de crisis de Derechos Humanos. En lo inmediato, recomendaron al Estado cesar la represión a manifestantes; también limitar el uso de armas no letales, respetar y garantizar el derecho a la protesta y libertad de expresión, salvaguardar los derechos de los grupos más vulnerables y revisar la agenda de seguridad que impulsa el Gobierno, entre otras.
La Defensoría Jurídica está integrada por estudiantes, abogados, abogadas, académicos y académicas; en conjunto con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, el Departamento de Derecho Penal, la Asociación de Abogadas Feministas , la Corporación Londres 38 y Comisión Chilena de Derechos Humanos, entre otras organizaciones que prestaron apoyo. Foto: Alejandra Fuenzalida / Prensa UChile.
Este jueves, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la Defensoría Jurídica de nuestra casa de estudios hizo público el informe que da cuenta de la labor que han cometido desde el inicio de la crisis política y social en relación a la asistencia jurídica, monitoreo y observación de Derechos Humanos en el contexto de las manifestaciones. Y al igual que las que han resultado de las misiones de otros organismos nacionales e internacionales, las conclusiones no son auspiciosas.
Entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019, la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile recibió 2.152 denuncias de personas que participaron en las manifestaciones y que vieron vulnerados sus derechos por parte de agentes del Estado. La mayoría de ellas fue por hechos acontecidos en la Región Metropolitana, pero también recibieron denuncias desde Arica, Iquique, Valparaíso y Talca, entre otras ciudades del país. En cuanto a la edad, la mayoría correspondió a personas entre los 18 y 30 años de edad, pero hubo 140 que afectaron a niños, niñas y adolescentes.
Lo anterior es parte del análisis cuantitativo que hizo la instancia impulsada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y que está contenido en el informe que entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los atropellos cometidos en el contexto de la crisis actual.
Por otra parte, el análisis cualitativo de la información recabada por la Defensoría Jurídica evidenció que se han cometido graves, generalizadas y sistemáticas violaciones de Derechos Humanos imputables a agentes del Estado de Chile, los que incluso han vulnerado los estándares internacionales. Estos mismos sostienen -respecto al derecho a la protesta social y el uso necesario, legal y proporcional de la fuerza- lo que ha derivado en una grave crisis de Derechos Humanos en el país.
Además del rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, a la presentación del informe de la Defensoría Jurídica asistieron el decano de la Facultad de Derecho, Pablo Ruiz-Tagle, y la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zerán; entre otras autoridades. Foto: Alejandra Fuenzalida / Prensa UChile.
En nombre del conjunto de organizaciones que componen la instancia, la directora del Centro de Derechos Humanos, Nancy Yáñez, explicó uno de los aspectos que reviste mayor gravedad del informe: el carácter sistemático de los atropellados cometidos por uniformados.
“Hay una serie de conductas que evidencian una actuación sistemática de vulneración. Uno: la violencia sexual, que es ‘per se’ constitutiva de tortura y que viene siendo observada a lo largo de las últimas décadas en la forma por medio la cual Carabineros contiene el orden público“, advirtió Yáñez.
“El otro punto es la consideración de que dentro de los manifestantes hay niños, niñas y adolescentes, quienes han visto sistemáticamente sus derechos vulnerados. No sólo porque no se han atendido sus derechos económicos, sociales y culturales, sino que porque miles de niños han muerto bajo la custodia del Estado. Esa es la situación de Derechos Humanos que enfrenta el país”, sentenció la directora del CDH.
La Defensoría Jurídica, cabe resaltar, está integrada por estudiantes, abogados, abogadas, académicos y académicas; en conjunto con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile (CDH), el Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), la Corporación Londres 38 y Comisión Chilena de Derechos Humanos, entre otras organizaciones y federaciones universitarias que prestaron apoyo.
Esto, sin embargo, nació de la iniciativa de un grupo de estudiantes de Derecho quienes, ante la delicada situación que se evidenciaba en las calles del país el 18 de octubre, se organizaron y comenzaron las labores de asistencia al día siguiente.
En la presentación del informe de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, la directora del Centro de Derechos Humanos, Nancy Yáñez, sostuvo que “hay una serie de conductas que evidencian una actuación sistemática de vulneración”. Foto: Alejandra Fuenzalida / Prensa UChile.
El presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, Vicente Bustos, representante estudiantil de la Defensoría, explicó que, desde ese momento, han visto graves, masivas y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos; además de un apoyo casi nulo de las instituciones en su tarea.
“Ciertamente que, de la labor que hemos realizado y la que hasta el día de hoy seguimos realizando, podemos afirmar rotundamente -en lo que corresponde al informe de la Defensoría- la vulneración grave, sistemática y masiva de Derechos Humanos”, indicó Bustos.
“Pero también la dificultad que siguen presentando no solamente estudiantes, sino que también defensores de Derechos Humanos en la recolección de información y en el desarrollo de las labores de defensa de estos derechos en el país“, lamentó el estudiante de derecho.
En la presentación de los resultados también estuvieron presentes el decano de la Facultad de Derecho, Pablo Ruiz-Tagle; la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zeran; y el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi.
El rector, por su parte, valoró el trabajo responsable y riguroso que ha realizado la Defensoría desde su conformación, destacando que es justamente ese el rol que debe cumplir una universidad estatal.
El presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, Vicente Bustos, habló a nombre de los estudiantes que tomaron la iniciativa para conformar la instancia que recogió más de 2.000 denuncias entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019. Foto: Alejandra Fuenzalida / Prensa UChile
“Es un momento también de orgullo y de reflexión respecto de lo que la Universidad de Chile hace, y la responsabilidad con que asume los problemas. La Universidad de Chile asume los problemas y siente que es su deber -y también es su derecho- el intervenir para abrir un camino de solución y esperanza en momentos tan dramáticos como los que aquí han sido motivo de exposición“, destacó el rector.
Analizada la información recabada, la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile concluyó que el Estado violó los derechos a la vida, integridad física y psíquica, indemnidad sexual, a la salud, la libertad personal, así como los derechos a reunión y a libertad de expresión. Estas violaciones, además, como consignaron anteriormente, son graves, generalizadas y sistemáticas.
Frente a esto, en el informe formularon recomendaciones que se sustentaron en las que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha entregado en situaciones similares de crisis de Derechos Humanos. En lo inmediato, recomendaron al Estado cesar la represión a manifestantes; también limitar el uso de armas no letales, respetar y garantizar el derecho a la protesta y libertad de expresión, salvaguardar los derechos de los grupos más vulnerables y revisar la agenda de seguridad que impulsa el Gobierno, entre otras.
La Defensoría Jurídica está integrada por estudiantes, abogados, abogadas, académicos y académicas; en conjunto con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, el Departamento de Derecho Penal, la Asociación de Abogadas Feministas , la Corporación Londres 38 y Comisión Chilena de Derechos Humanos, entre otras organizaciones que prestaron apoyo. Foto: Alejandra Fuenzalida / Prensa UChile.
Este jueves, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la Defensoría Jurídica de nuestra casa de estudios hizo público el informe que da cuenta de la labor que han cometido desde el inicio de la crisis política y social en relación a la asistencia jurídica, monitoreo y observación de Derechos Humanos en el contexto de las manifestaciones. Y al igual que las que han resultado de las misiones de otros organismos nacionales e internacionales, las conclusiones no son auspiciosas.
Entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019, la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile recibió 2.152 denuncias de personas que participaron en las manifestaciones y que vieron vulnerados sus derechos por parte de agentes del Estado. La mayoría de ellas fue por hechos acontecidos en la Región Metropolitana, pero también recibieron denuncias desde Arica, Iquique, Valparaíso y Talca, entre otras ciudades del país. En cuanto a la edad, la mayoría correspondió a personas entre los 18 y 30 años de edad, pero hubo 140 que afectaron a niños, niñas y adolescentes.
Lo anterior es parte del análisis cuantitativo que hizo la instancia impulsada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y que está contenido en el informe que entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los atropellos cometidos en el contexto de la crisis actual.
Por otra parte, el análisis cualitativo de la información recabada por la Defensoría Jurídica evidenció que se han cometido graves, generalizadas y sistemáticas violaciones de Derechos Humanos imputables a agentes del Estado de Chile, los que incluso han vulnerado los estándares internacionales. Estos mismos sostienen -respecto al derecho a la protesta social y el uso necesario, legal y proporcional de la fuerza- lo que ha derivado en una grave crisis de Derechos Humanos en el país.
Además del rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, a la presentación del informe de la Defensoría Jurídica asistieron el decano de la Facultad de Derecho, Pablo Ruiz-Tagle, y la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zerán; entre otras autoridades. Foto: Alejandra Fuenzalida / Prensa UChile.
En nombre del conjunto de organizaciones que componen la instancia, la directora del Centro de Derechos Humanos, Nancy Yáñez, explicó uno de los aspectos que reviste mayor gravedad del informe: el carácter sistemático de los atropellados cometidos por uniformados.
“Hay una serie de conductas que evidencian una actuación sistemática de vulneración. Uno: la violencia sexual, que es ‘per se’ constitutiva de tortura y que viene siendo observada a lo largo de las últimas décadas en la forma por medio la cual Carabineros contiene el orden público“, advirtió Yáñez.
“El otro punto es la consideración de que dentro de los manifestantes hay niños, niñas y adolescentes, quienes han visto sistemáticamente sus derechos vulnerados. No sólo porque no se han atendido sus derechos económicos, sociales y culturales, sino que porque miles de niños han muerto bajo la custodia del Estado. Esa es la situación de Derechos Humanos que enfrenta el país”, sentenció la directora del CDH.
La Defensoría Jurídica, cabe resaltar, está integrada por estudiantes, abogados, abogadas, académicos y académicas; en conjunto con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile (CDH), el Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), la Corporación Londres 38 y Comisión Chilena de Derechos Humanos, entre otras organizaciones y federaciones universitarias que prestaron apoyo.
Esto, sin embargo, nació de la iniciativa de un grupo de estudiantes de Derecho quienes, ante la delicada situación que se evidenciaba en las calles del país el 18 de octubre, se organizaron y comenzaron las labores de asistencia al día siguiente.
En la presentación del informe de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, la directora del Centro de Derechos Humanos, Nancy Yáñez, sostuvo que “hay una serie de conductas que evidencian una actuación sistemática de vulneración”. Foto: Alejandra Fuenzalida / Prensa UChile.
El presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, Vicente Bustos, representante estudiantil de la Defensoría, explicó que, desde ese momento, han visto graves, masivas y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos; además de un apoyo casi nulo de las instituciones en su tarea.
“Ciertamente que, de la labor que hemos realizado y la que hasta el día de hoy seguimos realizando, podemos afirmar rotundamente -en lo que corresponde al informe de la Defensoría- la vulneración grave, sistemática y masiva de Derechos Humanos”, indicó Bustos.
“Pero también la dificultad que siguen presentando no solamente estudiantes, sino que también defensores de Derechos Humanos en la recolección de información y en el desarrollo de las labores de defensa de estos derechos en el país“, lamentó el estudiante de derecho.
En la presentación de los resultados también estuvieron presentes el decano de la Facultad de Derecho, Pablo Ruiz-Tagle; la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zeran; y el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi.
El rector, por su parte, valoró el trabajo responsable y riguroso que ha realizado la Defensoría desde su conformación, destacando que es justamente ese el rol que debe cumplir una universidad estatal.
El presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, Vicente Bustos, habló a nombre de los estudiantes que tomaron la iniciativa para conformar la instancia que recogió más de 2.000 denuncias entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019. Foto: Alejandra Fuenzalida / Prensa UChile
“Es un momento también de orgullo y de reflexión respecto de lo que la Universidad de Chile hace, y la responsabilidad con que asume los problemas. La Universidad de Chile asume los problemas y siente que es su deber -y también es su derecho- el intervenir para abrir un camino de solución y esperanza en momentos tan dramáticos como los que aquí han sido motivo de exposición“, destacó el rector.
Analizada la información recabada, la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile concluyó que el Estado violó los derechos a la vida, integridad física y psíquica, indemnidad sexual, a la salud, la libertad personal, así como los derechos a reunión y a libertad de expresión. Estas violaciones, además, como consignaron anteriormente, son graves, generalizadas y sistemáticas.
Frente a esto, en el informe formularon recomendaciones que se sustentaron en las que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha entregado en situaciones similares de crisis de Derechos Humanos. En lo inmediato, recomendaron al Estado cesar la represión a manifestantes; también limitar el uso de armas no letales, respetar y garantizar el derecho a la protesta y libertad de expresión, salvaguardar los derechos de los grupos más vulnerables y revisar la agenda de seguridad que impulsa el Gobierno, entre otras.
La Defensoría Jurídica está integrada por estudiantes, abogados, abogadas, académicos y académicas; en conjunto con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, el Departamento de Derecho Penal, la Asociación de Abogadas Feministas , la Corporación Londres 38 y Comisión Chilena de Derechos Humanos, entre otras organizaciones que prestaron apoyo. Foto: Alejandra Fuenzalida / Prensa UChile.
