Resultados de Encuesta Nacional del Consejo para la Transparencia revelan razones del estallido social
El sondeo aplicado a 2 mil 850 personas en Chile el 2019, mostró que la ciudadanía percibe mayoritariamente al Estado como distante (84 por ciento), que los ciudadanos se sienten maltratados (76 por ciento) y discriminados (71 por ciento) por éste.
Diario UChile
Domingo 2 de febrero 2020 9:46 hrs.
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El último Estudio Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales del Consejo para la Transparencia (CPLT), arrojó una crisis de confianza en el Estado evidenciada en que sólo 2 de cada 10 personas consultadas manifiestan confiar en el Estado (23 por ciento) y 7 de cada 10 mantienen una evaluación negativa. Además, entre los 26 a 40 años se concentra la visión más crítica en el grupo y en personas con nivel socio económico medio.
Uno de los factores que podría explicar esta negativa evaluación del Estado y el alto nivel de desconfianza, es la alta percepción de corrupción del sector público, la que experimentó un alza de 11 por ciento respecto del 2017 si se considera a aquellas personas que evalúan con nota 10, máximo en una escala de 1 a 10.
Según los datos, el 18 por ciento de los encuestados señala que ha sido testigo de algún caso de corrupción en el sector público en el último año. Si esto se extrapolara a los datos obtenidos en el Censo 2017, se obtendría que más de 3 millones de personas han observado alguna irregularidad.
En tanto, un 7 por ciento de los encuestados sostiene que ha sido testigo o ha conocido a través de algún familiar, amigo o conocido acciones de corrupción a funcionarios públicos -como el pago de un soborno, la entrega de un regalo o hacer un favor- en el último año. Entre los consultados que respondieron de manera afirmativa (204 casos) señalaron que esto ocurrió en municipalidades (40 por ciento), seguidas de Carabineros (24 por ciento) e instituciones que prestan servicios de salud (15 por ciento).
Entre las cinco instituciones consideradas más corruptas por los chilenos aparecen: el Congreso; los Servicios o Ministerios del Gobierno; Carabineros; Municipios y el Poder Judicial.
En lo relativo a la disposición a denunciar este tipo de actos, son los hombres, los adultos jóvenes y las personas de mayor nivel socioeconómico quienes declaran ser más propensas a estas conductas. Así, en 2019, 7 de cada 10 personas en el país declaran que denunciarían un hecho de corrupción si lo experimentaran o presenciaran.
El titular del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, afirmó que los principales resultados de la medición no son de extrañar, “lo venimos diciendo desde mucho antes del estallido social, la crisis de confianza en las instituciones derivó en una falta de legitimidad del proceso político completo poniendo en peligro la democracia”, enfatizó.
En cuanto a la institución peor evaluada, Jaraquemada indicó que “el parlamento debe ir más allá de cuestiones simbólicas, como la rebaja de la dieta, y por ejemplo, intervenir en temáticas como: dedicación exclusiva, deber de abstención y fiscalización externa”.
Por último, el llamado desde el CPLT es a revertir la percepción negativa de la ciudadanía en el corto plazo y revisar la institucionalidad para cambiar el fondo.
El último Estudio Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales del Consejo para la Transparencia (CPLT), arrojó una crisis de confianza en el Estado evidenciada en que sólo 2 de cada 10 personas consultadas manifiestan confiar en el Estado (23 por ciento) y 7 de cada 10 mantienen una evaluación negativa. Además, entre los 26 a 40 años se concentra la visión más crítica en el grupo y en personas con nivel socio económico medio.
Uno de los factores que podría explicar esta negativa evaluación del Estado y el alto nivel de desconfianza, es la alta percepción de corrupción del sector público, la que experimentó un alza de 11 por ciento respecto del 2017 si se considera a aquellas personas que evalúan con nota 10, máximo en una escala de 1 a 10.
Según los datos, el 18 por ciento de los encuestados señala que ha sido testigo de algún caso de corrupción en el sector público en el último año. Si esto se extrapolara a los datos obtenidos en el Censo 2017, se obtendría que más de 3 millones de personas han observado alguna irregularidad.
En tanto, un 7 por ciento de los encuestados sostiene que ha sido testigo o ha conocido a través de algún familiar, amigo o conocido acciones de corrupción a funcionarios públicos -como el pago de un soborno, la entrega de un regalo o hacer un favor- en el último año. Entre los consultados que respondieron de manera afirmativa (204 casos) señalaron que esto ocurrió en municipalidades (40 por ciento), seguidas de Carabineros (24 por ciento) e instituciones que prestan servicios de salud (15 por ciento).
Entre las cinco instituciones consideradas más corruptas por los chilenos aparecen: el Congreso; los Servicios o Ministerios del Gobierno; Carabineros; Municipios y el Poder Judicial.
En lo relativo a la disposición a denunciar este tipo de actos, son los hombres, los adultos jóvenes y las personas de mayor nivel socioeconómico quienes declaran ser más propensas a estas conductas. Así, en 2019, 7 de cada 10 personas en el país declaran que denunciarían un hecho de corrupción si lo experimentaran o presenciaran.
El titular del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, afirmó que los principales resultados de la medición no son de extrañar, “lo venimos diciendo desde mucho antes del estallido social, la crisis de confianza en las instituciones derivó en una falta de legitimidad del proceso político completo poniendo en peligro la democracia”, enfatizó.
En cuanto a la institución peor evaluada, Jaraquemada indicó que “el parlamento debe ir más allá de cuestiones simbólicas, como la rebaja de la dieta, y por ejemplo, intervenir en temáticas como: dedicación exclusiva, deber de abstención y fiscalización externa”.
Por último, el llamado desde el CPLT es a revertir la percepción negativa de la ciudadanía en el corto plazo y revisar la institucionalidad para cambiar el fondo.
El último Estudio Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales del Consejo para la Transparencia (CPLT), arrojó una crisis de confianza en el Estado evidenciada en que sólo 2 de cada 10 personas consultadas manifiestan confiar en el Estado (23 por ciento) y 7 de cada 10 mantienen una evaluación negativa. Además, entre los 26 a 40 años se concentra la visión más crítica en el grupo y en personas con nivel socio económico medio.
Uno de los factores que podría explicar esta negativa evaluación del Estado y el alto nivel de desconfianza, es la alta percepción de corrupción del sector público, la que experimentó un alza de 11 por ciento respecto del 2017 si se considera a aquellas personas que evalúan con nota 10, máximo en una escala de 1 a 10.
Según los datos, el 18 por ciento de los encuestados señala que ha sido testigo de algún caso de corrupción en el sector público en el último año. Si esto se extrapolara a los datos obtenidos en el Censo 2017, se obtendría que más de 3 millones de personas han observado alguna irregularidad.
En tanto, un 7 por ciento de los encuestados sostiene que ha sido testigo o ha conocido a través de algún familiar, amigo o conocido acciones de corrupción a funcionarios públicos -como el pago de un soborno, la entrega de un regalo o hacer un favor- en el último año. Entre los consultados que respondieron de manera afirmativa (204 casos) señalaron que esto ocurrió en municipalidades (40 por ciento), seguidas de Carabineros (24 por ciento) e instituciones que prestan servicios de salud (15 por ciento).
Entre las cinco instituciones consideradas más corruptas por los chilenos aparecen: el Congreso; los Servicios o Ministerios del Gobierno; Carabineros; Municipios y el Poder Judicial.
En lo relativo a la disposición a denunciar este tipo de actos, son los hombres, los adultos jóvenes y las personas de mayor nivel socioeconómico quienes declaran ser más propensas a estas conductas. Así, en 2019, 7 de cada 10 personas en el país declaran que denunciarían un hecho de corrupción si lo experimentaran o presenciaran.
El titular del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, afirmó que los principales resultados de la medición no son de extrañar, “lo venimos diciendo desde mucho antes del estallido social, la crisis de confianza en las instituciones derivó en una falta de legitimidad del proceso político completo poniendo en peligro la democracia”, enfatizó.
En cuanto a la institución peor evaluada, Jaraquemada indicó que “el parlamento debe ir más allá de cuestiones simbólicas, como la rebaja de la dieta, y por ejemplo, intervenir en temáticas como: dedicación exclusiva, deber de abstención y fiscalización externa”.
Por último, el llamado desde el CPLT es a revertir la percepción negativa de la ciudadanía en el corto plazo y revisar la institucionalidad para cambiar el fondo.
