El examen de la vasta reforma de las pensiones, artículo por artículo, comienza este lunes en la tarde en una comisión de la Asamblea Nacional: cerca de 22.000 enmiendas han sido presentadas contra el proyecto de crear un sistema universal por puntos, lo que representa un récord en la actual legislatura.
Los 17 diputados del partido de izquierda radical Francia Insumisa, que presentaron 17.000 de ellas, asumen plenamente el intento de “obstrucción”.
Es muy probable que las enmiendas impidan que la comisión especial de 71 diputados logre terminar el examen de los 65 artículos del proyecto de ley ordinario y los cinco del proyecto de ley orgánica, antes de su llegada al hemiciclo el 17 de febrero.
“Es absurdo”, comentó el ministro de Relaciones con el Parlamento Marc Fesneau evocando el número récord de enmiendas. La portavoz del gobierno Sibeth Ndiaye estimó por su lado que el procedimiento de la oposición “no está a la altura de una democracia”.
El partido oficialista La República en Marcha no solo es consciente de que la oposición “no le hará ninguna concesión” sino que se ha mostrado preparado también para enfrentar esta especie de guerrilla legislativa.
“El campo de brasas no nos asusta”, dijo el primer ministro Philippe a propósito de lo que vaticinó la oposición si la reforma pasaba. Muchos miembros del partido de Macron han dicho que se sienten “orgullosos” de llevar adelante la reforma.
El espaldarazo del Consejo de Estado
La oposición no solo critica el fondo del proyecto de reforma sino también la forma pues el gobierno ha presentado un texto “con huecos”, en particular por las 29 “ordenanzas programadas”, lo que algunos interpretan como un “desprecio” del parlamento por el intento de por pasarse por encima a lo diputados.
En materia constitucional, en efecto, una ordenanza en Francia es una medida tomada por el gobierno en temas jurídicos que son normalmente de la competencia de la ley y por tanto del parlamento. Las ordenanzas entran en vigor tras su publicación en el Diario Oficial. El gobierno solo puede recurrir a las ordenanzas si ha sido autorizado por el parlamento.
Las críticas de la oposición se han visto reforzadas por un reciente dictamen muy crítico del Consejo de Estado sobre la reforma Macron.
El organismo, encargado de aconsejar al gobierno en la elaboración de la ley, criticó el hecho de recurrir a las ordenanzas, dijo que no iba a poder garantizar la seguridad jurídica del texto (en razón del estrecho lapso para examinarlo) y criticó asimismo las “proyecciones financieras deficientes del estudio de impacto“.
Los tres grupos de izquierda – socialistas, comunistas e insumisos – están dispuestos a recurrir a todos los mecanismos para impedir que la reforma pase, entre otros, una moción de censura a mediados de febrero o, como proponen los socialistas, a finales de febrero, cuando terminan los debates.
Y si no hay cambios en el Parlamento, el número uno del Partido Socialista, Olivier Faure, espera que en las municipales de marzo los franceses van a expresar en las urnas “su hartazgo” y que esto obligará al gobierno a ceder.
El examen de la vasta reforma de las pensiones, artículo por artículo, comienza este lunes en la tarde en una comisión de la Asamblea Nacional: cerca de 22.000 enmiendas han sido presentadas contra el proyecto de crear un sistema universal por puntos, lo que representa un récord en la actual legislatura.
Los 17 diputados del partido de izquierda radical Francia Insumisa, que presentaron 17.000 de ellas, asumen plenamente el intento de “obstrucción”.
Es muy probable que las enmiendas impidan que la comisión especial de 71 diputados logre terminar el examen de los 65 artículos del proyecto de ley ordinario y los cinco del proyecto de ley orgánica, antes de su llegada al hemiciclo el 17 de febrero.
“Es absurdo”, comentó el ministro de Relaciones con el Parlamento Marc Fesneau evocando el número récord de enmiendas. La portavoz del gobierno Sibeth Ndiaye estimó por su lado que el procedimiento de la oposición “no está a la altura de una democracia”.
El partido oficialista La República en Marcha no solo es consciente de que la oposición “no le hará ninguna concesión” sino que se ha mostrado preparado también para enfrentar esta especie de guerrilla legislativa.
“El campo de brasas no nos asusta”, dijo el primer ministro Philippe a propósito de lo que vaticinó la oposición si la reforma pasaba. Muchos miembros del partido de Macron han dicho que se sienten “orgullosos” de llevar adelante la reforma.
El espaldarazo del Consejo de Estado
La oposición no solo critica el fondo del proyecto de reforma sino también la forma pues el gobierno ha presentado un texto “con huecos”, en particular por las 29 “ordenanzas programadas”, lo que algunos interpretan como un “desprecio” del parlamento por el intento de por pasarse por encima a lo diputados.
En materia constitucional, en efecto, una ordenanza en Francia es una medida tomada por el gobierno en temas jurídicos que son normalmente de la competencia de la ley y por tanto del parlamento. Las ordenanzas entran en vigor tras su publicación en el Diario Oficial. El gobierno solo puede recurrir a las ordenanzas si ha sido autorizado por el parlamento.
Las críticas de la oposición se han visto reforzadas por un reciente dictamen muy crítico del Consejo de Estado sobre la reforma Macron.
El organismo, encargado de aconsejar al gobierno en la elaboración de la ley, criticó el hecho de recurrir a las ordenanzas, dijo que no iba a poder garantizar la seguridad jurídica del texto (en razón del estrecho lapso para examinarlo) y criticó asimismo las “proyecciones financieras deficientes del estudio de impacto“.
Los tres grupos de izquierda – socialistas, comunistas e insumisos – están dispuestos a recurrir a todos los mecanismos para impedir que la reforma pase, entre otros, una moción de censura a mediados de febrero o, como proponen los socialistas, a finales de febrero, cuando terminan los debates.
Y si no hay cambios en el Parlamento, el número uno del Partido Socialista, Olivier Faure, espera que en las municipales de marzo los franceses van a expresar en las urnas “su hartazgo” y que esto obligará al gobierno a ceder.
El examen de la vasta reforma de las pensiones, artículo por artículo, comienza este lunes en la tarde en una comisión de la Asamblea Nacional: cerca de 22.000 enmiendas han sido presentadas contra el proyecto de crear un sistema universal por puntos, lo que representa un récord en la actual legislatura.
Los 17 diputados del partido de izquierda radical Francia Insumisa, que presentaron 17.000 de ellas, asumen plenamente el intento de “obstrucción”.
Es muy probable que las enmiendas impidan que la comisión especial de 71 diputados logre terminar el examen de los 65 artículos del proyecto de ley ordinario y los cinco del proyecto de ley orgánica, antes de su llegada al hemiciclo el 17 de febrero.
“Es absurdo”, comentó el ministro de Relaciones con el Parlamento Marc Fesneau evocando el número récord de enmiendas. La portavoz del gobierno Sibeth Ndiaye estimó por su lado que el procedimiento de la oposición “no está a la altura de una democracia”.
El partido oficialista La República en Marcha no solo es consciente de que la oposición “no le hará ninguna concesión” sino que se ha mostrado preparado también para enfrentar esta especie de guerrilla legislativa.
“El campo de brasas no nos asusta”, dijo el primer ministro Philippe a propósito de lo que vaticinó la oposición si la reforma pasaba. Muchos miembros del partido de Macron han dicho que se sienten “orgullosos” de llevar adelante la reforma.
El espaldarazo del Consejo de Estado
La oposición no solo critica el fondo del proyecto de reforma sino también la forma pues el gobierno ha presentado un texto “con huecos”, en particular por las 29 “ordenanzas programadas”, lo que algunos interpretan como un “desprecio” del parlamento por el intento de por pasarse por encima a lo diputados.
En materia constitucional, en efecto, una ordenanza en Francia es una medida tomada por el gobierno en temas jurídicos que son normalmente de la competencia de la ley y por tanto del parlamento. Las ordenanzas entran en vigor tras su publicación en el Diario Oficial. El gobierno solo puede recurrir a las ordenanzas si ha sido autorizado por el parlamento.
Las críticas de la oposición se han visto reforzadas por un reciente dictamen muy crítico del Consejo de Estado sobre la reforma Macron.
El organismo, encargado de aconsejar al gobierno en la elaboración de la ley, criticó el hecho de recurrir a las ordenanzas, dijo que no iba a poder garantizar la seguridad jurídica del texto (en razón del estrecho lapso para examinarlo) y criticó asimismo las “proyecciones financieras deficientes del estudio de impacto“.
Los tres grupos de izquierda – socialistas, comunistas e insumisos – están dispuestos a recurrir a todos los mecanismos para impedir que la reforma pase, entre otros, una moción de censura a mediados de febrero o, como proponen los socialistas, a finales de febrero, cuando terminan los debates.
Y si no hay cambios en el Parlamento, el número uno del Partido Socialista, Olivier Faure, espera que en las municipales de marzo los franceses van a expresar en las urnas “su hartazgo” y que esto obligará al gobierno a ceder.
