Este lunes, integrantes de la Comunidad Autónoma de Temucuicui y sus dirigentes llegaron hasta la Corte de Apelaciones de Temuco, en compañía de sus abogados, para presentar una demanda civil en contra del Estado de Chile por la “manipulación de pruebas llevada a cabo por agentes estatales que generó la acusación por Ley Antiterrorista” a ocho comuneros mapuche, en la operación de inteligencia y montaje policial conocido en la opinión pública como “Caso Huracán”.
Representados por cuatro abogados del Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSUR), los dirigentes mapuche buscan que el Estado indemnice los daños y perjuicios derivados de la acusación a través de Ley Antiterrorista de la que fueron víctimas y de la que finalmente fueron sobreseídos por tratarse de imputaciones falsas.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la abogada de CIDSUR y defensora de los comuneros, Karina Riquelme, explicó que, hasta ahora, el Estado chileno no se ha hecho cargo de estas afectaciones, lo que los motivó a presentar la primera demanda civil que busca una indemnización frente a estos hechos.
“Nosotros creemos que este actuar ilegal de parte de estas instituciones no puede ser soportado por nuestros representados: la carga que significó tanto la acusación mediática, la presión preventiva de casi un mes y la investigación que duró largamente -en donde fueron acusados públicamente por delitos terroristas-“, argumentó Riquelme.
“Vamos a solicitar que el daño, tanto moral como daño emergente, que haya nacido de estos actos, sea indemnizado por el Estado”, agregó la defensora de los dirigentes.
Los dirigentes de Temucuicui representados por Riquelme y compañía son José Enrique Medina y los hermanos Rodrigo, Jaime y Jorge Huenchullan. Este último, actual werkén de la comunidad autónoma, conversó con nuestro medio sobre lo que significa iniciar esta acción. En ese sentido, Huenchullan sostuvo que buscan marcar un precedente para todos los líderes mapuche que han sido y siguen siendo estigmatizados.
“Dejar un precedente de que no se puede juzgar a mapuches sin antecedentes o más bien sobre la base de pruebas falsas, pruebas que no existieron y delitos inventados por la policía. Ante la opinión pública fuimos condenados, ante el Estado fuimos catalogados de terroristas y además estuvimos privados de libertad por las acusaciones falsas que hizo la policía”, sostuvo Huenchullan.
Una estigmatización que, para el werkén de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, se busca mantener en la actualidad con la implementación de la Ley Antiterrorista que se tramita en el Senado, tema que fue mencionado por el Presidente Piñera en su visita a La Araucanía. Es por esto que Huenchullán sostuvo que este no es un tema del actual Gobierno, sino que tiene que ver con una visión generalizada del Estado chileno respecto de la causa mapuche.
“Nosotros, los dirigentes mapuche, estamos llevando un proceso legítimo de reivindicación por nuestros derechos territoriales y políticos como pueblo nación mapuche. Todos los gobiernos han criminalizado nuestras demandas”, sostuvo el dirigente de la Comunidad Autónoma de Temucuicui.
“Todos han invocado Ley Antiterrorista para perseguir a dirigentes mapuche y todos los gobiernos han asesinado a dirigentes mapuche en nuestro territorio. Bajo ese argumento, no es novedad que el Presidente nuevamente siga, sin antecedentes, acusando a mapuches”, sostuvo respecto de las palabras del mandatario en su visita a la región de La Araucanía..
En septiembre de 2017 cuando, en el marco de una operación de inteligencia denominada “Huracán”, fueron detenidos ocho comuneros mapuche, quienes quedaron en prisión preventiva por estar supuestamente involucrados en una asociación ilícita terrorista en el sur del país. No obstante, en enero de 2018 y luego de quedar a cargo de la investigación de los hechos, el Ministerio Público dio cuenta de evidencia que comprobó una manipulación de las pruebas por parte de la Unidad de Inteligencia de Carabineros, en donde incriminaron a los detenidos a través de la intervención de sus teléfonos celulares.
Sin embargo, durante el tiempo en que transcurrió la investigación, los ocho comuneros fueron puestos en prisión preventiva y sólo vieron la libertad luego de un fallo de la Corte Suprema que acogió un recurso de amparo y determinó que no existían pruebas que dieran cuenta de la participación de los presuntos implicados, por lo que no se justificaba la medida cautelar.
Posteriormente se dictó el sobreseimiento definitivo de la causa, dando pie a una nueva indagatoria, esta vez contra la policía uniformada, por los delitos de falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación y asociación ilícita.