Ya son cuatro meses, cuatro meses en que los estudiantes secundarios encendieron la mecha de la explosión. Aquel 18 de octubre del 2019 quedó registrado en la historia como el inicio de una de las revueltas sociales más grandes de Chile, un país que, supuestamente, era un ejemplo para la región. “Un oasis”, dijo el presidente Piñera pocos días antes de comenzado.

Chile ya no es el mismo, se nota en la agilidad con que los parlamentarios despacharon proyectos, se nota en la presión que recae sobre las autoridades, se nota en el empoderamiento de la gente, se nota en las calles, en las paredes, y en las lamentables cifras de vulneraciones a los derechos humanos que ha dejado la represión.

Sobre esto último, y con motivo de los cuatro meses que cumple el estallido social, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) actualizó sus datos. Fue Alexis Aguirre, coordinador nacional de litigación especializada de la institución, quien dio a conocer las cifras.

“En relación a las personas heridas y visitadas en centros de salud, este número asciende a 3.765, de estas, hemos registrado a 445 personas con daños oculares o lesiones oculares producto de la acción policial. Hemos registrado y visitado en comisarías a 10.365 personas que han sido privadas de libertad en relación al conflicto social, además actualizamos la cifra de acciones judiciales interpuestas la que, hasta el día de hoy (martes 18) da la suma de 1.312 acciones”.

Son muchos los actores que han sido los protagonistas de la revuelta, personajes que, desde la intimidad de una casa, de un vecindario, han sacado sus ollas para cacerolear, hasta dirigentes sociales que se han organizado bajo una misma estructura para presionar a las autoridades. En ese sentido Unidad Social ha tenido un rol relevante.

Para Esteban Maturana, vicepresidente de la Confederación Nacional de la Salud Municipal (Confusam), organización perteneciente a Unidad Social, lo ocurrido el 18 de octubre puso en evidencia una realidad histórica: que en Chile existe una clase dominante que se ha apropiado de las riquezas del país y que se mantiene gracias a la explotación de la gran mayoría de la población.

“Una élite dominante que está presente no solamente en el poder Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, sino que también está presente en las Fuerzas Armadas –que son el brazo armado de la clase dominante-, en las cúpulas eclesiásticas, y esto también es transversal, porque no solamente están siendo parte de esa cúpula sectores de derecha conservadora o liberal, sino también sectores de izquierda, entre comillas, que fueron partícipes de la salida negociada de la dictadura”.

Esta misma élite –según Maturana- es la que ha respondido con represión a un conflicto de carácter social. Por lo mismo, este enfrentamiento “de clases” está totalmente abierto y será el año 2020 el que definirá su contorno.

“Se ha respondido con leyes que criminalizan las manifestaciones sociales, se ha reforzado la fuerza policial, y se pretende responder a la manifestación social con más crisis y más represión. A cuatro meses de iniciado, estamos en un proceso que está absolutamente abierto y que en este curso del año 2020 debiera adquirir un rumbo que permita verificar si hay una salida hacia un país más digno o si volvemos a un estado de cosas que fue lo que provocó, precisamente, el estallido social”.

Son cuatro meses de estallido y se espera que en el quinto, o sea marzo, se intensifique la protesta. Pues vuelve la rutina, vuelven los veraneantes, vuelven los universitarios y vuelven los secundarios.

Desde el Gobierno lo saben, por eso han reforzado a Carabineros con nuevos carros lanzaagua y lanzagases. La gente también lo sabe, por eso diversas agrupaciones sociales han llamado a ocupar las calles pero con el resguardo necesario, no vaya a ser que las vulneraciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado siga aportillando la historia del país.