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Año XII, 31 de octubre de 2020

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Más control, menos espectáculo: Dirigentes del Ministerio Público analizan la crisis de la institución

En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, trabajadores de la institución comentaron cómo el caso del fiscal Arias desató una serie de conflictos al interior del Ministerio Público que han mellado su labor investigativa.

Andrea Bustos C.

  Martes 18 de febrero 2020 8:39 hrs. 
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Durante los últimos meses, una serie de hechos han remecido las relaciones internas del Ministerio Público. La polémica desatada entre el Emiliano Arias y Jorge Abbott, fiscal regional de O’Higgins y Fiscal Nacional respectivamente, creó una imagen pública de conflicto en la institución que parece estar lejos de resolverse.

Luego de que el pasado 13 de febrero la Corte Suprema rechazara la solicitud de remoción del fiscal de O’Higgins, la polémica ha seguido sumando nuevas aristas, cada vez más confusas.

Tras el fallo a su favor, Emiliano Arias decidió querellarse contra el fiscal Sergio Moya, el ex fiscal Pablo Gómez y todos quienes resulten responsables de tráfico de influencias, violación de secreto y obstrucción a la investigación. En la acción judicial se incluye también al superior jerárquico del recientemente reintegrado persecutor,  Jorge Abbott, quien habría mantenido contacto con Moya por la acusación contra Arias.

En este ya convulso escenario, un nuevo factor se suma con la querella contra el fiscal Eugenio Campos, de parte de dos funcionarias del Ministerio Público que  lo acusan por el delito de apremios ilegítimos y abusos contra particulares en el marco de un interrogatorio por las investigaciones contra Arias, actos que Campos habría cometido, precisamente, con la intención de obtener declaraciones en contra del fiscal regional de O’Higgins .

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En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, dirigentes de la Asociación Nacional de Fiscales y de la Federación Nacional del Ministerio Público abordaron la situación actual de la institución y cómo trabajar para mejorarla.

Al respecto, Paulina Ruiz, presidenta (s) de la Federación Nacional del Ministerio Público, señaló que los problemas laborales van más allá de lo que se acusa hoy.

“No es solamente el caso del fiscal Arias, los funcionarios hemos estado expuestos a muchas situaciones de vulneración de derecho laboral, tenemos sentencias por despidos injustificados, otras que hablan de maltrato psicológico a trabajadores. Ahora con el caso del fiscal Emiliano Arias positivamente se está develando esta situación, se está desnudando una realidad a la ciudadanía, pero esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo”.

En esa línea, catalogó esto como un botón de muestra y dijo que lo que les preocupa es que “aquí no hemos visto una posición del Gobierno ni de los parlamentarios bien clara respecto a modificar la ley orgánica constitucional y generar mecanismos de control en lo laboral y financiero, porque lamentablemente hay discursos que hablan de que si hay algún tipo de control se va vulnerar la autonomía en la persecución penal, y eso es falso”.

“La persecución penal no tiene nada que ver con el control financiero y laboral que ejerce en este caso la Contraloría General de la República sobre gran parte de los servicios del Estado, nosotros no tenemos esa fiscalización”, agregó.

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En tanto, Claudio Uribe, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, señaló que “es lamentable que se gasten energías en este tipo de situaciones y, además, nos provoca un daño importante a nivel de opinión pública ver a autoridades del Ministerio Público comprometidas en situaciones que no corresponden a lo que la institución debe estar haciendo”.

En lo que refiere a las prácticas laborales dentro de la institución, Uribe tuvo una opinión más cauta, y aseguró que no hay que generalizar, a pesar de que si existen algunos aspectos que mejorar.

“Lo que nosotros siempre hemos reclamado como Asociación Nacional de Fiscales es que tenemos normas que no garantizan el debido proceso, y eso yo creo que es una reforma urgente y necesaria al interior del Ministerio Público. Ahora a mí me enseñaron que no hay que extrapolar de situaciones particulares a análisis generales y no lo voy hacer”.

Cabe destacar que el debido proceso es aquel principio jurídico que hace referencia a que toda persona tiene derecho a garantías mínimas que aseguren un resultado justo y equitativo en un proceso judicial.

Asimismo, indicó que tener mayor control interno es una opción que debe barajarse: “Yo creo que en la medida que no se comprometa la autonomía del Ministerio Público, en lo que dice relación con su función institucional, es posible avanzar hacia alguna forma de control externo. No nos parece una mala idea, hay que trabajarla, pero no nos parece una mala idea”.

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Respecto de lo que viene para la institución, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público indicó que lo que corresponde es que cada cual se concentre en su trabajo.

“Yo llamo por un lado al fiscal nacional pero también al fiscal Arias, y cualquier otro que se sienta involucrado, que hagan un esfuerzo por concentrarse en lo que es la misión institucional del Ministerio Público y no sigamos dando un espectáculo público en esta materia y perdiendo energías en otro tipo de acciones”.

En esa línea, señaló que esa será la forma de reestablecer las confianzas y mejorar el trabajo.

Por su parte, Paulina Ruiz, presidenta (s) de la Federación Nacional del Ministerio Público, indicó que “no hay que hacer borrón y cuenta nueva, hay que hacer un análisis exhaustivo de los errores internos y también abrirse de una vez a que la institución no es capaz de resolver algunas situaciones por sí misma, partir del ejercicio de humildad y autocrítica que es necesario, es el primer paso para reponer las confianzas y mejorar la institución”.

Finalmente, en lo que refiere al rol del fiscal nacional Jorge Abbott, ambos dirigentes concordaron que si bien no pueden ser ellos quienes aborden la posibilidad de una renuncia, si esperan que las autoridades de la institución actúen de una forma que garantice el mejor funcionamiento del Ministerio Público.