Greenpeace reveló el intento de una compleja operación jurídica llevada adelante por la empresa AES Gener, la que tendría como finalidad que los afectados por la grave contaminación marina provocada por el carbón utilizado en sus operaciones en la zona de Quintero-Puchuncaví desistan de cualquier intento de indemnización futura debido a los perjuicios que hubiesen sufrido en su salud y en razón de la destrucción de su actividad productiva tradicional.
En concreto, la ONG denunció la existencia de un contrato de la empresa AES Gener que ha sido ofrecido a vecinos y representantes de diversos estamentos en la zona. En lo sustancial, este contrato contiene una oferta monetaria y solicita, a cambio de su aceptación, que el firmante desista de alegar cualquier otro monto por concepto del daño causado a él o sus familiares provocados por los varamientos de carbón.
“Estamos impactados con la forma de proceder de AES Gener y el nivel de indolencia. No sólo han contaminado durante décadas, se encargaron de inaugurar las zonas de sacrificio en el país, sino que ahora lo que buscan es que nadie puede exigirles ningún tipo de indemnización por el enorme e irreversible daño con que han castigado a miles de chilenos en el área de Quintero-Puchuncaví”, señaló Matías Asun, director de Greenpeace Chile.
Desde la organización, además, resaltaron las condiciones abusivas de este intento de silenciamiento que pretende ir mucho más allá de los directamente afectados.
En tanto, desde la comunidad, Katta Alonso, vocera de Mujeres en Zona de Sacrificio, confirmó a Radio Universidad de Chile que ante una demanda colectiva que se había hecho a la empresa, que iba por buen camino y probablemente garantizaría una indemnización, se puso en marcha esta acción para evitar ese futuro pago.
“Lamentablemente aquí como hay tanta precariedad la gente firma, sin saber qué está firmando y con quién y qué tipo de abogado llega”, dijo y agregó que “les hicieron firmar el documento sin leer lo que estaban firmando, el abogado no les pasó copia, los citó a la notaria, según lo que cuenta la gente que acá firmó, y después para acceder al documento tenían que pagar en la notaria 20 o 10 mil pesos que no tenían, por lo tanto, no supieron lo que firmaron”.
“Esto es una mala práctica de la empresa, es una vergüenza porque no los deja hacer ninguna acción legal por cualquier irregularidad que ellos hacen, y que las siguen haciendo todos los días. Es una vergüenza, los abogados son una vergüenza, esto no tiene nombre, es un abuso de poder por parte de la empresa a la gente, a la precariedad que hay en esta zona”, añadió.
En tanto, Carolina Orellana, miembro de la Casa de la Mujer de Quintero y del Consejo Ciudadano de la misma comuna ratificó la denuncia y dijo que lo ocurrido “le cierra las puertas a toda la estrategia que se estaba siguiendo con esa demanda, entonces la verdad es una acción terrible, triste. Si la gente firmó sin saber, como algunos han dicho, más triste todavía porque la empresa los engañó, entonces es indignante, es terrible lo que pasó”.
“Hay personas que quieren la plata rápido y eso fue lo que les ofreció la empresa, pagarles inmediatamente y no esperar dos o tres años más para que se diera la resolución, entonces eso es un juego macabro de la empresa con una comuna cuyos habitantes somos personas pobres, somos de esfuerzo”, comentó.
En un documento al que tuvo acceso Greenpeace, correspondiente a un contrato de transacción, se consignan los requerimientos que la empresa exige a quienes firmen, y que liberan a AES Gener “de todos los perjuicios directos e indirectos, previstos o imprevistos, presentes o futuros que eventualmente pudiere haberle causado a él o sus amistades y familiares, cónyuge, conviviente, hijos, hermanos, sobrinos, padres y abuelos, el demandado y/o denunciado y/o querellado, y/o sus socios, directores, gerentes, ejecutivos, representantes, profesionales, abogados, técnicos, empleados, accionistas, aseguradores y reaseguradores, presentes o pasados, a consecuencia de los hechos objetos de los juicios, acciones, denuncias y querellas indicadas”
“Y, en general con motivo o relacionado con los varamientos o presencia de carbón en la bahía de Quintero, incluida una eventual salida alternativa en los procedimientos penales, y sin que ello sea taxativo, el daño emergente, daño contingente, el lucro cesante, pérdida de chance, el daño moral directo, indirecto y/o por repercusión, el sufrimiento físico o sicológico, cualquier pretensión de daño o recursos, actividad económica o a la salud, los honorarios o gastos de abogados, las costas personales y procesales y en general cualquier otro perjuicio o concepto susceptible de indemnizar relacionado con los hechos y las causas judiciales y acciones entre las partes, ya señaladas”, se agrega.
A través de este acuerdo, AES Gener logró reducir el monto a pagar por concepto de indemnizaciones desde 37 mil millones de pesos a 1600 millones a repartir entre los pescadores y pagaderos en tres cuotas de $1.150.000, la primera al momento del desistimiento, la segunda en 2022 y la última a ser entregada en 2024.