El domingo pasado la Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, advirtió que había que “despolitizar el sistema de pensiones, es un tema que debería ser técnico, y debería llevarse y resolverse bajo este tipo de parámetros”. Lo que “había que entender” es que “los beneficios que se otorguen deben ser financiados con las cotizaciones y sostenibles en el tiempo”. Para la Ministra era clave alcanzar acuerdos con la oposición, dando por sentado que la actual reforma previsional que se tramita en el Senado era la única alternativa posible y que, dentro de esos márgenes, había espacio para indicaciones. En lo fundamental, la exclusión de las propuestas ciudadanas permitirá mantener los intereses de las AFP intactos, dejando sin resolver la cuestión de fondo: cómo aseguramos un salario para vivir dignamente nuestra vejez.

Resulta preocupante la falta de discusión democrática de los principios que orientan nuestro sistema de pensiones. Seamos claros, elegir entre solidaridad intergeneracional o cotizaciones individuales no es un problema técnico. Tampoco donde se invierten los fondos. Eso ya lo sabía José Piñera cuando diseñó el sistema de AFP durante la dictadura. Más que un modelo de seguridad social, que hoy sabemos no otorga pensiones dignas, diseñó un mecanismo de expropiación de nuestros ahorros para inyectar recursos al mercado financiero y apalancar al gran empresariado, pero también acabó con los mecanismos de solidaridad existentes. Entonces, previo al diseño técnico, los Chicago Boys definieron políticamente el tipo de sociedad que querían proyectar. Y no al revés.

Lo que realmente impacta tras la negativa de la Ministra a discutir políticamente sobre pensiones, es la incapacidad crónica del Gobierno y de las élites de la transición para comprender los orígenes del estallido de octubre. Aturdidos y sin un diagnóstico claro, diversas fuerzas políticas se congratulan por alcanzar “acuerdos nacionales” y organizar llamados “al orden público” y a “la responsabilidad fiscal”, pero que hoy resultan ilegítimos ante el nuevo pueblo chileno. Su ensimismamiento les impide ver que las demandas del estallido apuntan al corazón del modelo; es por ello que sus soluciones resultan incapaces de responder a la protesta popular. Por el contrario, para alcanzar acuerdos sobre cómo organizarnos, los derechos a garantizar, de cómo crecer económicamente o la orientación que debiera tener un modelo de desarrollo, hay que democratizar el debate y extender la participación más allá de los estrechos pasillos del Gobierno y Parlamento. En definitiva, se trata de discusiones que le compete al conjunto de la sociedad y no a una minoría efectiva.

Tras el plebiscito del 26 de Abril, en que resultará clave el triunfo del Apruebo y la Convención Constitucional, hay que redoblar esfuerzos para evitar que las élites secuestren el debate público. Ya que tras el discurso tecnocrático que enarbolan, se esconde la naturalización del orden neoliberal o aspiraciones individuales de proyección. Entonces, hay que batallar para que las fuerzas populares movilizadas desde el 18 de octubre participen en la Convención. De lo contrario, existe un alto riesgo de que la sociedad vuelva a estallar con furia. Y tendrá toda la razón. Ahora bien, no basta con señalar lo que no queremos. A contrapelo del sentido común instalado en varias fuerzas de oposición, es ahora el momento de discutir sobre proyectos para el nuevo ciclo político que se inaugura. Sin esconder las diferencias bajo la alfombra, ni replicando mecánicamente las recetas programáticas y orgánicas del siglo XX. Es para eso que debemos prepararnos.

El autor es director de la Fundación Nodo XXI