Durante la mañana de este viernes, en La Moneda, el Presidente Sebastián Piñera volvió a referirse a la “agenda anti abusos” ya anunciada en diciembre del año pasado. En esta oportunidad, el Mandatario explicó que dicha agenda consta de tres ejes, cuyos fines serán fortalecer los derechos de los consumidores y de los trabajadores, y aumentar las penas de delitos por colusión y conductas anticompetitivas.

Para concretar este último punto, y acompañado de sus ministros, firmó cuatro nuevos proyectos de ley, con la finalidad de aumentar las penas de estos delitos y generar facilidades para disuadir y denunciar estos crímenes.

“El primero, que es el proyecto de ley anti colusión y fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica, aumenta las penas para quienes se coludan o creen carteles y aumenta aún más las penas para aquellos que se coluden en mercados que afectan a bienes de primera necesidad. También entregaremos más facultades a la FNE para detectar de forma más oportuna estas conductas anticompetitivas”, explicó el Presidente.

Dentro de las medidas que fortalecerán a la FNE, están el alzamiento del secreto y reserva bancaria para poder investigar más profundamente a los involucrados de estos delitos. También se usarán nuevos instrumentos para presentar evidencias (como fotos o videos) y nuevos mecanismos para resguardar este tipo de evidencia. Por último, habrá más sanciones para quienes entorpezcan estas investigaciones y se le otorgará resguardo a quienes denuncien ante este organismo.

Dentro de los otros proyectos anunciados se encuentran el aumento a las sanciones por uso de información privilegiada (de 15.000 UF a 100.000 UF), la creación de la figura del denunciante anónimo ante la Contraloría de la República. Por último, el Presidente anunció un aumento del plazo de prescripción de delitos electorales, de dos a cinco años.

Desde antes de su anuncio en diciembre, distintas organizaciones civiles, como Chile Transparente y el Observatorio de Gasto Fiscal, mostraron su preocupación por cómo se iba a realizar esta iniciativa. Desde esta última organización, su directora, Jeannette von Wolffresdorff, consideró que los cuatro proyectos de ley son positivos, pero no completos.

“Estas medidas son una noticia buena para el país. Dicho eso, hay que decir que desconocemos los detalles, porque los proyectos de ley ingresan el lunes, por lo que no hemos visto los textos detallados aún”, expresó la especialista.

“Por otro lado, se ve como una agenda más bien mínima, pero no óptima. Hay varios aspectos que faltan”, agregó.

Jeannette von Wolffresdorff

Dentro de estos ausentes, la directora del Observatorio de Gasto Fiscal mencionó “un registro de beneficiarios finales, en el que se indique quienes son los últimos dueños de las empresas en Chile. Esto existe en otros países y serviría para evitar la evasión o el lavado de dinero, pero también evitaría la corrupción en las compras públicas o de empresas que reciben subsidios del Estado”.

Pese al anuncio, von Wolffresdorff opinó que este no se dio con celeridad y fue un error no haberlo considerado en las prioridades que el Gobierno dio en febrero de este año.

“La verdad es una de las tantas cosas que no supimos escuchar y que hoy tuvimos que tomar con fuerza”, declaró la diputada RN, Sofía Cid, en conversación en Radioanálisis de Radio Universidad de Chile.

“Tenemos que legislar en base a eso, la impunidad nos molesta a todos y es parte de este estadillo social”, reconoció la parlamentaria.

Sobre esta impunidad, el abogado Mauricio Daza sostuvo que el problema no va con que haya penas más altas o que existan normas suficientemente severas para disuadir estos delitos: “Aquí la piedra de tope es que el Ministerio Público, y para que el sistema de persecución penal actúe, se requiere que necesariamente se presente una querella o denuncia por parte de un órgano de la administración, el cual está liderado por personas que son elegidas por el poder político de turno”.

“Hemos visto grupos económicos que están ligados con el financiamiento ilegal de la política. Entonces, se da un círculo vicioso de impunidad, del cual es muy difícil salir”, comentó en entrevista con Radioanálisis.

Por el momento, los cuatros proyectos anunciados serán enviados este lunes al Congreso, donde serán revisados. Las organizaciones civiles esperan que el debate se abra y se puedan incluir los detalles que, para este anuncio, quedaron pendientes.