El gobierno insiste en el discurso del orden público, cuyo restablecimiento ha resultado ser a todas luces ineficaz. Soslaya las recientes violaciones a los derechos humanos, mientras altos mandos de Carabineros las han justificado como un efecto colateral inevitable en la lucha contra este “enemigo poderoso”; violaciones que aún son calificadas y tratadas como hechos aislados de los que debe hacerse cargo “la justicia”, no así la institución de Carabineros y menos aún las autoridades políticas. Sí ha avanzado en instalar leyes mal hechas, que no atacan exclusivamente la delincuencia, sino que también criminalizan la protesta social, mezclando ambos fenómenos.

El discurso en torno al orden público se ha tornado binario y reduccionista: la prioridad es controlar el orden público y restablecer la paz social con todos los instrumentos que otorga la ley, dentro de un estado de derecho fuertemente deslegitimado. Sin embargo, allí donde verdaderamente azota la delincuencia, pareciera que las fuerzas de orden no dan abasto, hecho que reconoció el mismo Presidente tiempo atrás. La sensación de impunidad es patente respecto de este tipo de violencia. Cuando ataca el vandalismo neofascista, la ausencia de la policía es absoluta. Un claro ejemplo de ello son los recientes ataques a sitios de memoria, que ya suman casi una treintena. El último asalto ocurrió esta madrugada (14/03/2020) en el sitio Ex Clínica Santa Lucía, sede de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

Pero donde hay movilización social, las fuerzas de orden están allí para reprimir indiscriminadamente al pueblo. Si dejamos hablar a los hechos, el ejercicio del control se ha focalizado en reprimir la protesta social; en combatir con la primera línea mientras ampara la violencia de la primera línea que marcha por el rechazo, formidablemente armada.

Lo preocupante de todo esto que es que, tal como señaló el abogado Claudio Nash cuando el Senado desestimó la acusación constitucional contra el Intendente Felipe Guevara, “se está consolidando una situación de impunidad tanto política como judicial” que hace imposible el cese de la violaciones a los derechos humanos, junto con la consecución de justicia y reparación a las víctimas (fuente Diario Radio Universidad de Chile).

Este testimonio de impunidad ya cuenta con varios casos emblemáticos, y su nivel de masividad a estas alturas resulta gravísimo. Son las detenciones arbitrarias y masivas, buena parte a menores de edad. Son los miles de lesionados, de los cuales una inmensa mayoría son manifestantes pacíficos; y los casos en los que se hace uso excesivo y desproporcional de la fuerza ante agresiones de civiles desarmados, como ha sido el caso de Patricio Bao, brutalmente golpeado por Fuerzas Especiales por propinarle una patada a un efectivo durante la movilización del 9 de marzo. Si bien al carabinero agresor se le abrió un sumario interno y se le sacó  de las calles reasignándolo a tareas administrativas, no se acudió a medidas disciplinarias mayores en orden a la gravedad de los hechos, y paralelamente la Intendencia se querelló contra Bao por desórdenes públicos invocando la Ley Antibarricadas.

Resulta inaceptable que los carabineros que atentaron contra la vida de Fabiola Campillai y Gustavo Gatica sigan en ejercicio, y que no se hayan aislado a los posibles culpables de manera a lo menos preventiva mediante sumario interno. Según señaló el mismo Ministro Blumel, sí se conoce el grupo de efectivos involucrados en ambos crímenes de derechos humanos, menos de diez en cada caso. Cabe recordar que el general rozas señaló ante medios de prensa, en noviembre del año pasado en CNN Chile, que sí tenían identificado al carabinero que había disparado a Gatica.

A lo señalado se suma el ataque constante de Carabineros a poblaciones emblemáticas, como Lo Hermida; donde entran a los pasajes con sus escopetas antidisturbios, gases, chorros de agua contaminada, con químicos abrasivos y las lacrimógenas que generan no solo la intoxicación al respirar, sino que han sido la causa de incendios y de cientos de heridos por ser usadas a mansalva, fuera de cualquier protocolo establecido. Asimismo, hemos tenido que lamentar muertes como la de Cristián Valdebenito, quien fuera impactado por una lacrimógena en la cabeza el viernes pasado en la llamada zona cero.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la impunidad es brutal.

Luego de superar los doscientos traumas oculares y cerca de llegar a mil heridos por perdigones, Carabineros anunció, a un mes del estallido, la supuesta suspensión del uso de perdigones en la protesta social. La letra chica y las cifras actuales indican lo contrario: al 18 de febrero el INDH en su último reporte constató 445 heridas oculares, y 1.681 heridas por perdigones: los números se doblaron.

Respecto del balance las querellas interpuestas por el INDH, de las 1312 querellas presentadas solo 17 causas han sido formalizadas, tasa de imputación de delitos muy baja, de acuerdo a la obligación de esclarecer tales hechos.

Tal como señala el periodista Patricio López en su última columna editorial, este desprestigio y divorcio absoluto de carabineros con el pueblo de Chile requiere de la inmediata destitución del general Rozas, de la intervención radical de la institución y de que se haga justicia exigiendo las responsabilidades políticas y penales que correspondan. Si no existen señales en este sentido, la violencia no solo va a continuar, sino que puede recrudecer. El ejercicio estatal de la violencia como la hemos presenciado desde el levantamiento popular trae consigo más violencia, y difícilmente existirá paz social sin justicia. La destitución de Rozas es apenas una medida de corto plazo, más simbólica que estructural, pero sin duda urgente.