Muy pocas veces nos hemos remecido frente a la realidad de nuestras cárceles. Lo que pasa ahí dentro, en términos societales, no nos importa. Salvo lo que ocurrió con el brutal incendio de la cárcel San Miguel, donde el horrible sacrificio de esas 81 víctimas develó condiciones de reclusión infernales y personas que estaban ahí sin deber estar. El discurso de la puerta giratoria, de aumentar las penas, de encerrar más y por más tiempo a los infractores de ley, no ha cesado salvo situaciones excepcionales como ésta del coronavirus. Y encuentra cada día eco en las autoridades de Gobierno, en los parlamentarios y en los medios de comunicación, especialmente de la televisión, con líneas editoriales que durante años nos han mostrado un país repleto de asaltos, homicidios y portonazos, con lo cual la gente se asusta y pide mano dura y encerrar a quien sea.

De otro modo no se explica la existencia de encuestas que han dado apoyo mayoritario al control preventivo de identidad a menores de edad, algo que, incluso para Unicef, vulnera convenciones internacionales de derechos humanos. Para qué hablar de otras ideas aberrantes y también populares como las detenciones ciudadanas y la el retorno de la pena de muerte.

En este punto de la presente columna, para quien adhiere a estas miradas represivas y a pesar de eso ha tenido la gentileza de seguir leyendo, le debe parecer obvio que nos estamos poniendo del lado de los delincuentes. También deberá parecerles, de ese modo, impactante el estudio dado a conocer en 2019 por el Instituto de Derechos Humanos, sobre la situación de quienes viven en las cárceles.

En el informe pueden darse a conocer testimonios como éste: “los camarotes llegan hasta a cuatro niveles. Hay alrededor de 60 centímetros entre las literas. En algunos colectivos los internos dicen que duermen hasta en los baños ubicados al interior de las celdas, instalando colchonetas para ello”.

Sigamos: uno de cada dos hombres privados de libertad (51,3%) no tiene la posibilidad de contar con un espacio propio para dormir. Mientras, en el caso de las mujeres, esta cifra es de una cada tres (35,7%). En muchos centros penitenciarios los reclusos no tienen acceso a camas, pero tampoco a ventanas o a calefacción en invierno. 24 de 40 penales no tienen acceso a agua potable ni baño durante 24 horas. También se develaron plagas peligrosas como vinchucas, chinches e, incluso, ratones.

Estas conclusiones son aberrantes pero en honor a la honestidad colectiva no debería llevarnos a rasgar vestiduras. Todo ha sido consecuencia de una lenta y poderosa maquinaria de sentido común que nos ha llevado a dejar de mirar a los privados y privadas de libertad como seres humanos. Ya no nos preguntamos para qué queremos encerrar a tanta gente, solo nos importa que desaparezcan para que no sintamos más miedo. De no haber coronavirus esta noche el noticiario nos mostraría un largo bloque de crónica roja, mientras la palabra rehabilitación, básica en cualquier política carcelaria, nos importa menos todavía.

A propósito del coronavirus, ayer se produjo un conato de rebelión de reclusos en el recinto Santiago 1. De este modo, se ha repetido la situación acaecida en otros países con crisis por la pandemia, entre ellos Brasil e Italia, donde se señala que la autoridad no ha tenido con los privados de libertad la consideración que tiene con el resto de la población. Era previsible y, sin embargo, las autoridades no incluyeron este asunto entre sus prioridades.

El jueves le preguntábamos a la profesora del Instituto de Asuntos Públicos y especialista en temas carcelarios, Olga Espinoza, sobre este asunto. Ella nos envió el siguiente punto de vista que comparto: “el hacinamiento es un grave problema que afecta a muchas cárceles del país. Y, en este contexto, la situación se torna mucho más difícil, pues perjudica a privados/as de libertad, funcionarios/as y a todas las demás personas que tienen vínculo con la cárcel (familiares, abogados, profesores, voluntarios, etc.). La preocupación principal debe estar puesta en mitigar el contagio: reduciendo el número de personas en custodia, mejorando las condiciones sanitarias (acceso a útiles de aseo y desinfectantes), identificando a personas con enfermedades crónicas, aislando a quienes hayan sido contagiados, entre otras medidas”.

Hace pocos días, un grupo de expertos y organizaciones vinculadas con el tema le enviaron una carta al director nacional de Gendarmería, señalándole la falta de claridad respecto a las medidas y protocolos que se estaban realizando respecto a la población carcelaria, especialmente los grupos de riesgo.   Veremos si este atisbo de motín logra convertirse en un hecho político que cambie la desidia respecto a los privados de libertad. Como hemos venido diciendo, cuando se descuida a algunos grupos, en contexto de pandemia, se está exponiendo al conjunto de la sociedad.