El origen de las moratorias aplicadas a la industria salmonera en las regiones de Los Lagos y Aysén se remonta a una crisis desatada entre los años 2007 y 2009, debido al brote y a la propagación del virus ISA.

Esta crisis sanitaria encontró a la industria salmonera nacional con una normativa ambiental insuficiente, la cual solo podía reforzarse a través de reglamentos sanitarios a partir del año 2001, según la actual ley de pesca y acuicultura.

Así, con objeto de “reordenar la actividad espacial” respecto de la acuicultura, es que apareció esta  medida legal denominada moratoria, y que, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, explicó con mayor detalle el abogado de la fundación Terram, Christian Paredes.

Christian Paredes.

“Consiste en una suspensión del otorgamiento de nuevas concesiones acuícolas. En principio solo fueron para salmones, pero luego se extendieron también a otras especies cultivables por la vía de la acuicultura, en tanto la actividad no se reordenara espacialmente. No tenía que ver solamente al otorgamiento de nuevas concesiones sino también al ingreso de nuevas solicitudes“, aseguró.

Esta medida, que afectaba directamente a las regiones de Los Lagos y Aysén, proponía una serie de objetivos que debían cumplirse al final del plazo indicado. Así, por ejemplo, Paredes recordó las veces en que dicho plazo fue modificado justamente por no haber conseguido aún los resultados esperados, cosa que se repite también en el panorama actual.

“Nos preguntamos cómo puede alzarse esta suspensión si ni siquiera tenemos ordenada la cancha. Es decir, ni siquiera se ha podido reordenar espacialmente la actividad, que era el principal objetivo que tenía esta regulación en el año 2010”, cuestionó.

“Incluso un antecedente que justifica lo que estamos planteando es que en el año 2012 y 2015 se prorrogaron las moratorias para este año, para el 8 de abril (…) Sin embargo, los objetivos tampoco se cumplieron“, agregó.

Estos mismos cuestionamientos son detallados en una minuta elaborada por las fundaciones Terram y Melimoyu, así como por la organización de conservación WWF Chile, y en donde además se solicita un nuevo aplazamiento de la moratorias, con objeto de “paliar los problemas sanitarios y ambientales que posee la industria hasta el día de hoy”.

Además, Paredes recalcó que, hasta la fecha, aunque no ha existido ningún acercamiento con las autoridades políticas -al menos a lo que concierne a la fundación Terram-, se espera que la propia Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) pueda tomar la iniciativa.

“Llama la atención que la autoridad pesquera hasta la fecha no se haya pronunciado porque lo que se abre acá es un espacio de enorme incertidumbre tanto para la industria, pero también para las organizaciones de la sociedad civil y para las comunidades locales, que se ven impactadas por los efectos de la acuicultura y especial de la salmonicultura en sus territorios”, subrayó.

Finalmente, aunque esta normativa es exclusiva de dos regiones, Paredes aseguró que, en el caso de la región de Magallanes, actualmente rige una medida determinada por Subpesca y que dice relación con la no disponibilidad de nuevas áreas en las que se puedan emplazar concesiones acuícolas.

Sin embargo, según advirtió, las irregularidades originadas por concesiones mal emplazadas aún persisten en zonas como el área marítima de la recientemente creada reserva nacional Kawésqar, y en donde, además, hace falta una rigurosa fiscalización respecto del cumplimiento de la evaluación de impacto ambiental.