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Valentina Saavedra

Agenda económica ¿a quién se protege en tiempos de crisis?

Valentina Saavedra | Viernes 27 de marzo 2020 11:54 hrs.


Es una preocupación compartida que, a raíz de la expansión de la pandemia del COVID-19 en Chile y el mundo, diferentes sectores productivos del país se verán golpeados por la disminución de horas presenciales y cierre de algunos servicios por resguardar la salud de la población. Sin embargo, la forma de enfrentar esta situación puede tener más de una mirada y énfasis en los resguardos que se proponga.

El jueves 19 de marzo, el ministro Briones anunció las 13 medidas económicas extraordinarias que propone el gobierno de Sebastián Piñera para enfrentar la crisis. El aumento de presupuesto para el sistema de salud, medidas relacionadas al salario de los trabajadores, postergación de pago de impuestos y contribuciones para las PYMES y medidas de protección a las empresas sin distinción. Al respecto, vale la pena echar una mirada, ya que, si bien en tiempos de crisis hay que actuar rápido, también hay que hacerlo en la dirección correcta.

Sin duda aumentar el presupuesto de salud es una urgencia que no sólo los sectores políticos han manifestado, también lo ha hecho el Colegio Médico (COLMED) debido a la necesidad de masificar los tests, aumentar los insumos médicos y el acondicionamiento de camas para preparar al sistema ante el posible peak de contagio. Ahora, sería de suma importancia que el destino de ese presupuesto se discuta con los expertos que ha puesto el COLMED a disposición, pues una forma de aprovechar los recursos podría incorporar, por ejemplo, el uso de la declaración de “estado de catástrofe” no sólo para sacar militares a la calle, sino para poner bajo mandato público los servicios privados de salud o aprovechar los establecimientos públicos desocupados en vez de arrendar establecimientos privados. Es fundamental poner todos los recursos sanitarios y la capacidad hospitalaria del país al servicio de enfrentar los efectos de la pandemia en toda la población, para que la posibilidad de sobrevivir no esté determinada por la capacidad de pago.

En relación con las medidas enfocadas en las pequeñas y medianas empresas, no hay diferencias en que son actores a proteger. Estas, suelen ser personas independientes que se han aventurado a invertir en un negocio propio, seguramente con pocos trabajadores a cargo y con poca capacidad de sostenerse con los vaivenes que implica una crisis. Así, las medidas de postergación de pago de impuestos y contribuciones parecen lógicas, pues posiblemente requieran solventar nuevas urgencias en los tiempos de cuarentena.

Sin embargo, respecto a las medidas de protección de ingresos de las familias, lo primero que echamos de menos por parte del gobierno es la presencia de medidas para el 30% de la población que genera ingresos a través del trabajo informal, en su mayoría mujeres que se verán en la incertidumbre y aumento de precariedad durante estos meses y que el “bono Covid-19”, que rondaría los 50 mil pesos y que solo alcanzaría a 2 millones de personas, no resuelve. A esto hay que sumar que de las 796.000 personas mayores que siguen trabajando principalmente por sus bajas pensiones (mujeres sobre 60 años y hombres sobre 65), el 65% lo hace en trabajos informales o a honorarios, y claramente este bono no es suficiente para que puedan resistir los meses que se vienen en sus casas. En la misma línea, no se anuncian medidas materiales de protección, de hecho, esta semana conocimos el dictamen de la Dirección del Trabajo señalando que ante cuarentena local se podrían suspender las remuneraciones.  Asimismo, no hay protocolos claros de prevención ante el inminente avance del coronavirus, con esto nos referimos a entregar garantías para el sostén familiar a los y las trabajadoras para trasladar sus labores a sus casas y que no depende de la mera voluntad de sus empleadores, asegurando ingresos, abastecimiento y prohibiendo los despidos por parte de las empresas. Por el contrario, las medidas del gobierno acotan la cuarentena a quienes tengan orden de una autoridad sanitaria (incluso ahora para comprobar el posible “contacto estrecho” con personas contagiadas) y un supuesto acuerdo entre empleador y trabajadores. Premisa que ha solido utilizar el oficialismo -especialmente en torno al debate de flexibilización laboral y ley de teletrabajo recién aprobada- y que diferentes organizaciones de trabajadores y asesores de derechos laborales han advertido que escapa de la realidad, pues no es posible garantizar que existan acuerdos en relaciones laborales con desigualdad de poder y que en la práctica terminan siendo definidas sólo por el empleador. Un ejemplo claro de ello es lo que ha pasado en LATAM Airlines, donde se anunció un “acuerdo” de rebaja de sueldo y que luego el sindicato de trabajadores de la aerolínea desmintió, denunciando que dicha medida fue tomada unilateralmente por la empresa.

Con el mismo sesgo, el gobierno propone entre sus medidas la posibilidad de que la ausencia de trabajadores por posible contagio o la reducción de la jornada laboral, se compense, en primer término, a través del seguro de cesantía del trabajador afectado, disponiendo 2 mil millones de dólares para suplementar desde el fondo solidario de cesantía sin distinción del tipo de empleador, ni limitantes para despidos o la mencionada reducción salarial, lo que evidentemente se trata de entregar mayor margen para las empresas para precarizar la situación de sus trabajadores sin costo alguno. Dejando a la deriva a las y los trabajadores que tendrán que absorber el costo material y humano que está significando la pandemia, donde probablemente sean las mujeres las que carguen en gran medida con el costo del aislamiento y la cesantía, mientras las empresas solo seguirán pagando las cotizaciones. En estricto rigor, esto significa que las medianas y grandes empresas podrán reducir sus costos al mínimo gracias a los ahorros de cesantía de sus propios de trabajadores, los que terminan en una situación de mayor incertidumbre y precariedad ante posibles despidos durante y después de la crisis.

De hecho, el paquete de medidas parece que en gran parte se dedica a proteger el interés empresarial en tiempos de crisis, lo podemos ver en la reducción de impuestos de timbres y estampillas para créditos, la calificación de los gastos que podrían tener las empresas para enfrentar la crisis sanitaria como gastos tributarios o la suspensión de los pagos provisionales mensuales. Medidas que no hacen distinción entre tipo de empresa tanto en cuan necesaria sería para el desarrollo del país o en tamaño, de manera que a las grandes empresas no sólo se les exenta de los gastos para darle dignidad y estabilidad a sus trabajadores, sino también de los posibles gastos propios de la crisis. Al mismo tiempo, las medidas directas de protección a la población son un insuficiente “bono COVID” y facilidades de acceso al crédito en el Banco Estado por su ampliación de capacidad.

La respuesta a la crisis no puede basarse exclusivamente en la seguridad de las empresas, cuando se ha demostrado que son las y los trabajadores quienes sostienen el modelo productivo y reproductivo del país. Precarizar aún más sus vidas es hacer oídos sordos a la sociedad que clamó contra la desigualdad desde el 18 de octubre y por lo tanto implicaría profundizar la crisis. Toda agenda económica que apueste por la seguridad social del país requiere de medidas como la prohibición de despidos, de rebajas o suspensión arbitrarias de sueldo, así como garantías reales a los ingresos familiares y apoyo para los procesos de cuidado y trabajo doméstico que implican los procesos de aislamiento.

Estos momentos implican desafíos para la sociedad y para las fuerzas de cambio. No hay respuestas fáciles, pero indudablemente la catástrofe sanitaria no nos puede hacer olvidar la crisis social y política que vivimos. Es momento de pensar más allá del modelo de desigualdad y privatización que gestó ese malestar que se ha expresado por más de una década en nuestro país, ese que provocó la marcha de más de un millón de personas y que hoy parece privilegiar ganancia por sobre las vidas. Es momento de poner en el centro la posibilidad de que el Nuevo Chile se concrete.

El contenido vertido en esta Columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Diario y Radio Universidad de Chile.