La Comisión Chilena de derechos humanos, (CCHDH), solicitó la investigación de sucesos que ponen en cuestión la independencia del poder judicial y la autonomía de los jueces en el ejercicio de sus funciones.
La petición se efectuó a través de una misiva dirigida a Diego García-Sayán, Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la independencia de Magistrados y Abogados.
Las denuncias expuestas por CCHDH en uno de sus fundamentos sostiene que, el pasado 25 de Marzo 2020, el juez del 7° juzgado de garantía, Daniel Urrutia Laubreaux, dicto una resolución en la que revisó la medida de prisión preventiva de 13 personas y determinó sustituirla por la cautelar de prisión domiciliaria total, amparado en el derecho que le otorga el código procesal penal(CPP), pero que la Corte de Apelaciones, en un acto unilateral, dejó sin efecto, atentando así, según la Comisión de Derechos Humanos, con la independencia de un juez de la República, que falló conforme a derecho.
A esta situación, argumenta la CCHDH, se agrega la suspensión de las funciones del juez en cuestión, Daniel Urrutia, por parte de la Corte de Apelaciones, institución que, además, instruye una investigación en su contra, tomando en cuenta que dicho tribunal considera y piensa, que la “independencia de los jueces es una ilusión, quimera o fantasía y no un fundamento de la democracia que se quiere construir”, explica la carta denuncia de la Comisión.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos señala que uno de los argumentos responsables y ajustado a derecho que llevaron al juez Daniel Urrutia a cambiar la prisión preventiva de 13 personas por la prisión domiciliaria, fue el derecho a la salud en el contexto de catástrofe por pandemia de Covid-19, que se encuentra en plena acción en territorio nacional.
Más aun, señala el escrito: “es importante destacar que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el pasado 25 de marzo de 2020, pidió a los gobiernos que ‘tomen medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas o recluidas en otras instalaciones cerradas, como parte de los esfuerzos generales que se llevan a cabo para frenar la pandemia del COVID- 19’”, agregando que, “ahora más que nunca los gobiernos deberían poner en libertad a todos los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros a los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir”.
Finalmente, la CCHDH solicita en esta misiva lo siguiente:
“Dada la gravedad de la situación planteada, que pone en cuestión la independencia del poder judicial y la autonomía de los jueces en el ejercicio de sus funciones, así como el carácter grave y urgente en materia de salud de las personas privadas de libertad en el marco de medidas de prisión preventiva en el contexto de la pandemia que aqueja al mundo y especialmente a nuestro país, es que le solicitamos muy respetuosamente, que investigue la presente denuncia, que realice los pronunciamientos que correspondan, y que pueda realizar una visita a Chile, en el marco de sus competencias para la constatación de los hechos expuestos y cualesquiera otras situaciones que atenten contra la independencia de los magistrados y abogados”.
La Comisión Chilena de derechos humanos, (CCHDH), solicitó la investigación de sucesos que ponen en cuestión la independencia del poder judicial y la autonomía de los jueces en el ejercicio de sus funciones.
La petición se efectuó a través de una misiva dirigida a Diego García-Sayán, Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la independencia de Magistrados y Abogados.
Las denuncias expuestas por CCHDH en uno de sus fundamentos sostiene que, el pasado 25 de Marzo 2020, el juez del 7° juzgado de garantía, Daniel Urrutia Laubreaux, dicto una resolución en la que revisó la medida de prisión preventiva de 13 personas y determinó sustituirla por la cautelar de prisión domiciliaria total, amparado en el derecho que le otorga el código procesal penal(CPP), pero que la Corte de Apelaciones, en un acto unilateral, dejó sin efecto, atentando así, según la Comisión de Derechos Humanos, con la independencia de un juez de la República, que falló conforme a derecho.
A esta situación, argumenta la CCHDH, se agrega la suspensión de las funciones del juez en cuestión, Daniel Urrutia, por parte de la Corte de Apelaciones, institución que, además, instruye una investigación en su contra, tomando en cuenta que dicho tribunal considera y piensa, que la “independencia de los jueces es una ilusión, quimera o fantasía y no un fundamento de la democracia que se quiere construir”, explica la carta denuncia de la Comisión.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos señala que uno de los argumentos responsables y ajustado a derecho que llevaron al juez Daniel Urrutia a cambiar la prisión preventiva de 13 personas por la prisión domiciliaria, fue el derecho a la salud en el contexto de catástrofe por pandemia de Covid-19, que se encuentra en plena acción en territorio nacional.
Más aun, señala el escrito: “es importante destacar que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el pasado 25 de marzo de 2020, pidió a los gobiernos que ‘tomen medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas o recluidas en otras instalaciones cerradas, como parte de los esfuerzos generales que se llevan a cabo para frenar la pandemia del COVID- 19’”, agregando que, “ahora más que nunca los gobiernos deberían poner en libertad a todos los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros a los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir”.
Finalmente, la CCHDH solicita en esta misiva lo siguiente:
“Dada la gravedad de la situación planteada, que pone en cuestión la independencia del poder judicial y la autonomía de los jueces en el ejercicio de sus funciones, así como el carácter grave y urgente en materia de salud de las personas privadas de libertad en el marco de medidas de prisión preventiva en el contexto de la pandemia que aqueja al mundo y especialmente a nuestro país, es que le solicitamos muy respetuosamente, que investigue la presente denuncia, que realice los pronunciamientos que correspondan, y que pueda realizar una visita a Chile, en el marco de sus competencias para la constatación de los hechos expuestos y cualesquiera otras situaciones que atenten contra la independencia de los magistrados y abogados”.
La Comisión Chilena de derechos humanos, (CCHDH), solicitó la investigación de sucesos que ponen en cuestión la independencia del poder judicial y la autonomía de los jueces en el ejercicio de sus funciones.
La petición se efectuó a través de una misiva dirigida a Diego García-Sayán, Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la independencia de Magistrados y Abogados.
Las denuncias expuestas por CCHDH en uno de sus fundamentos sostiene que, el pasado 25 de Marzo 2020, el juez del 7° juzgado de garantía, Daniel Urrutia Laubreaux, dicto una resolución en la que revisó la medida de prisión preventiva de 13 personas y determinó sustituirla por la cautelar de prisión domiciliaria total, amparado en el derecho que le otorga el código procesal penal(CPP), pero que la Corte de Apelaciones, en un acto unilateral, dejó sin efecto, atentando así, según la Comisión de Derechos Humanos, con la independencia de un juez de la República, que falló conforme a derecho.
A esta situación, argumenta la CCHDH, se agrega la suspensión de las funciones del juez en cuestión, Daniel Urrutia, por parte de la Corte de Apelaciones, institución que, además, instruye una investigación en su contra, tomando en cuenta que dicho tribunal considera y piensa, que la “independencia de los jueces es una ilusión, quimera o fantasía y no un fundamento de la democracia que se quiere construir”, explica la carta denuncia de la Comisión.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos señala que uno de los argumentos responsables y ajustado a derecho que llevaron al juez Daniel Urrutia a cambiar la prisión preventiva de 13 personas por la prisión domiciliaria, fue el derecho a la salud en el contexto de catástrofe por pandemia de Covid-19, que se encuentra en plena acción en territorio nacional.
Más aun, señala el escrito: “es importante destacar que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el pasado 25 de marzo de 2020, pidió a los gobiernos que ‘tomen medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas o recluidas en otras instalaciones cerradas, como parte de los esfuerzos generales que se llevan a cabo para frenar la pandemia del COVID- 19’”, agregando que, “ahora más que nunca los gobiernos deberían poner en libertad a todos los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros a los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir”.
Finalmente, la CCHDH solicita en esta misiva lo siguiente:
“Dada la gravedad de la situación planteada, que pone en cuestión la independencia del poder judicial y la autonomía de los jueces en el ejercicio de sus funciones, así como el carácter grave y urgente en materia de salud de las personas privadas de libertad en el marco de medidas de prisión preventiva en el contexto de la pandemia que aqueja al mundo y especialmente a nuestro país, es que le solicitamos muy respetuosamente, que investigue la presente denuncia, que realice los pronunciamientos que correspondan, y que pueda realizar una visita a Chile, en el marco de sus competencias para la constatación de los hechos expuestos y cualesquiera otras situaciones que atenten contra la independencia de los magistrados y abogados”.
