La “Ley Humanitaria”, que descansaba en el Congreso desde 2018, volvió a generar discusiones en medio de la crisis sanitaria por el virus Covid-19. El proyecto de ley busca sustituir las penas actuales por reclusiones domiciliaras a reos mayores de 75 años; hombres entre 60 y 75 años; mujeres entre 55 y 75 años, mujeres embarazadas con hijos menores de dos años y quienes cumplen con reclusión nocturna. De esta manera, este indulto conmutativo ayudaría a personas recluidas y que son parte de la población de riesgo ante la enfermedad.
La discusión se complicó luego de que sectores de Chile Vamos mostrarán su malestar por no incluir en dicha normativa a quienes se encuentran en el recinto penitenciario de Punta Peuco, quienes son condenados por violaciones a Derechos Humanos.
Tras el rechazo del oficialismo en el Congreso, senadores del conglomerado ingresaron un requerimiento al Tribunal Constitucional para incluir a los reos condenados por crímenes de lesa humanidad en la medida. Frente a la complicación que esto generó para el Ejecutivo, no sólo se aceleró la discusión del proyecto, sino que se abrió a la posibilidad de indultar a estos condenados por razones humanitarias, según expresó el ministro de Justicia, Hernán Larraín.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, mostró su molestia por cómo giró la discusión a otorgar concesiones a quienes fueron condenados por graves atropellos a los Derechos Humanos durante los años de dictadura.
“Son violadores de Derechos Humanos. Vemos que hay una gran campaña para liberarlos y la verdad nos parece de una infamia sin límites. Es aberrante que intenten sacar provecho político de una situación tan dramática”, declaró Pizarro.
Desde la oposición las reacciones tampoco se hicieron esperar. La diputada, parte de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, Carmen Hertz, mostró su descontento con las acciones de Chile Vamos y manifestó que espera que el Gobierno sepa llevar las discusiones a buen puerto, sin caer en aprovechamientos políticos.
“No es sorprendente que hoy intenten, aprovechando la pandemia y la crisis global que hay, sacar a estos personajes en libertad. Es un agravio más que intentan propinarle a la sociedad chilena y a su memoria”, sentenció.
Hertz confía en los tratados de los que Chile es parte y que deben cumplir con sus obligaciones internacionales. “La comunidad internacional ha dicho cuando es posible que este criminal pudiera acceder a beneficios carcelarios. Por ejemplo, casos en que entregan antecedentes de los crímenes, algo que aquí no se ha hecho”, dijo.
En otra línea, Hertz espera que se pueda solucionar el problema de jóvenes en prisión preventiva por delitos menores, como desórdenes públicos en el contexto de las revueltas sociales que se llevaron a cabo desde octubre de 2019, y que se legisle para que puedan acceder en un cambio a las medidas cautelares, para que así dejen de estar hacinados en cárceles comunes.
La “Ley Humanitaria”, que descansaba en el Congreso desde 2018, volvió a generar discusiones en medio de la crisis sanitaria por el virus Covid-19. El proyecto de ley busca sustituir las penas actuales por reclusiones domiciliaras a reos mayores de 75 años; hombres entre 60 y 75 años; mujeres entre 55 y 75 años, mujeres embarazadas con hijos menores de dos años y quienes cumplen con reclusión nocturna. De esta manera, este indulto conmutativo ayudaría a personas recluidas y que son parte de la población de riesgo ante la enfermedad.
La discusión se complicó luego de que sectores de Chile Vamos mostrarán su malestar por no incluir en dicha normativa a quienes se encuentran en el recinto penitenciario de Punta Peuco, quienes son condenados por violaciones a Derechos Humanos.
Tras el rechazo del oficialismo en el Congreso, senadores del conglomerado ingresaron un requerimiento al Tribunal Constitucional para incluir a los reos condenados por crímenes de lesa humanidad en la medida. Frente a la complicación que esto generó para el Ejecutivo, no sólo se aceleró la discusión del proyecto, sino que se abrió a la posibilidad de indultar a estos condenados por razones humanitarias, según expresó el ministro de Justicia, Hernán Larraín.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, mostró su molestia por cómo giró la discusión a otorgar concesiones a quienes fueron condenados por graves atropellos a los Derechos Humanos durante los años de dictadura.
“Son violadores de Derechos Humanos. Vemos que hay una gran campaña para liberarlos y la verdad nos parece de una infamia sin límites. Es aberrante que intenten sacar provecho político de una situación tan dramática”, declaró Pizarro.
Desde la oposición las reacciones tampoco se hicieron esperar. La diputada, parte de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, Carmen Hertz, mostró su descontento con las acciones de Chile Vamos y manifestó que espera que el Gobierno sepa llevar las discusiones a buen puerto, sin caer en aprovechamientos políticos.
“No es sorprendente que hoy intenten, aprovechando la pandemia y la crisis global que hay, sacar a estos personajes en libertad. Es un agravio más que intentan propinarle a la sociedad chilena y a su memoria”, sentenció.
Hertz confía en los tratados de los que Chile es parte y que deben cumplir con sus obligaciones internacionales. “La comunidad internacional ha dicho cuando es posible que este criminal pudiera acceder a beneficios carcelarios. Por ejemplo, casos en que entregan antecedentes de los crímenes, algo que aquí no se ha hecho”, dijo.
En otra línea, Hertz espera que se pueda solucionar el problema de jóvenes en prisión preventiva por delitos menores, como desórdenes públicos en el contexto de las revueltas sociales que se llevaron a cabo desde octubre de 2019, y que se legisle para que puedan acceder en un cambio a las medidas cautelares, para que así dejen de estar hacinados en cárceles comunes.
La “Ley Humanitaria”, que descansaba en el Congreso desde 2018, volvió a generar discusiones en medio de la crisis sanitaria por el virus Covid-19. El proyecto de ley busca sustituir las penas actuales por reclusiones domiciliaras a reos mayores de 75 años; hombres entre 60 y 75 años; mujeres entre 55 y 75 años, mujeres embarazadas con hijos menores de dos años y quienes cumplen con reclusión nocturna. De esta manera, este indulto conmutativo ayudaría a personas recluidas y que son parte de la población de riesgo ante la enfermedad.
La discusión se complicó luego de que sectores de Chile Vamos mostrarán su malestar por no incluir en dicha normativa a quienes se encuentran en el recinto penitenciario de Punta Peuco, quienes son condenados por violaciones a Derechos Humanos.
Tras el rechazo del oficialismo en el Congreso, senadores del conglomerado ingresaron un requerimiento al Tribunal Constitucional para incluir a los reos condenados por crímenes de lesa humanidad en la medida. Frente a la complicación que esto generó para el Ejecutivo, no sólo se aceleró la discusión del proyecto, sino que se abrió a la posibilidad de indultar a estos condenados por razones humanitarias, según expresó el ministro de Justicia, Hernán Larraín.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, mostró su molestia por cómo giró la discusión a otorgar concesiones a quienes fueron condenados por graves atropellos a los Derechos Humanos durante los años de dictadura.
“Son violadores de Derechos Humanos. Vemos que hay una gran campaña para liberarlos y la verdad nos parece de una infamia sin límites. Es aberrante que intenten sacar provecho político de una situación tan dramática”, declaró Pizarro.
Desde la oposición las reacciones tampoco se hicieron esperar. La diputada, parte de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, Carmen Hertz, mostró su descontento con las acciones de Chile Vamos y manifestó que espera que el Gobierno sepa llevar las discusiones a buen puerto, sin caer en aprovechamientos políticos.
“No es sorprendente que hoy intenten, aprovechando la pandemia y la crisis global que hay, sacar a estos personajes en libertad. Es un agravio más que intentan propinarle a la sociedad chilena y a su memoria”, sentenció.
Hertz confía en los tratados de los que Chile es parte y que deben cumplir con sus obligaciones internacionales. “La comunidad internacional ha dicho cuando es posible que este criminal pudiera acceder a beneficios carcelarios. Por ejemplo, casos en que entregan antecedentes de los crímenes, algo que aquí no se ha hecho”, dijo.
En otra línea, Hertz espera que se pueda solucionar el problema de jóvenes en prisión preventiva por delitos menores, como desórdenes públicos en el contexto de las revueltas sociales que se llevaron a cabo desde octubre de 2019, y que se legisle para que puedan acceder en un cambio a las medidas cautelares, para que así dejen de estar hacinados en cárceles comunes.
