Varios son los países en el mundo que han utilizado aplicaciones en sus estrategias de combate y control contra el COVID-19, y Chile busca sumarse a esto.

Según consignó hace unos días Radio Pauta en su sitio web, un equipo de la División de Gobierno Digital, parte del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, afina los últimos detalles para dar luz verde a la app, que ya había sido anunciada el 13 de marzo por el propio presidente Sebastián Piñera.

Esta aplicación permitiría que las personas hagan una autoevaluación de salud ante posibles síntomas del virus, y también vincular esta información con la atención a distancia que tiene el Ministerio de Salud.

Además, según consignó el mencionado medio, la aplicación requerirá algunos datos de las personas y permitirá obtener información de geolocalización de posibles contagiados, información que aseguran garantizará la protección de datos y servirá para la implementación de políticas públicas al respecto.

La creación de esta iniciativa fue confirmada desde la Segpres a Radio Universidad de Chile, sin embargo, advirtieron que por ahora no pueden entregar mayor información.

Ante esto, desde la Fundación Datos Protegidos, manifestaron su preocupación frente a la elaboración de esta aplicación, pues según advirtieron a través de un comunicado “existe una alta probabilidad de que esta aplicación pueda transgredir garantías fundamentales, las que no se encuentran suspendidas bajo el actual estado de excepción por la pandemia, y en particular tomando en consideración la deficiente normativa de protección de datos actual”.

Al respecto, Jessica Matus, directora de Fundación Datos Protegidos, comentó “cualquier aplicación que implique el tratamiento de datos personales de cualquier ciudadano, y que incluya dentro de esos datos sensibles, que son datos de salud, de geolocalización, datos de menores de edad incluso, se trata de información que es especialmente protegida y, por lo tanto, tiene un estatus jurídico que es superior donde se tiene que  garantizar no solo su privacidad, sino el uso legal de esos datos”.

Además, la abogada dijo que cuando se busca, como en estos casos, proteger la salud de la ciudadanía y se toman medidas para ello estas deben ser proporcionales y en ningún caso ser discriminatorias.

“Lo primero que tenemos que hacer es estudiar cuál es el tipo de medida que se quiere implementar, de qué manera eso impacta a los derechos de la privacidad y la protección de datos de las personas y luego tomar todas las medidas para mitigar afectaciones que puedan ser a la privacidad o que puedan ser a la seguridad de esa información”, señaló.

Asimismo, agregó que “se trata de datos sensibles,  datos que son especialmente protegidos, que existe un marco legal que establece cómo esa información debe ser tratada. Actualmente el marco regulatorio no permite que otros organismos, que no sean de salud, tengan acceso a esos datos. Por lo tanto, se requiere una revisión que tiene que ser completa, a cabalidad”.

Es esa misma línea, desde Fundación Datos Protegidos han llamado a que se coordine una mesa que contemple a integrantes de la sociedad civil especializados en estas materias para colaborar en cualquier tipo de solución tecnológica que se quiera implementar.

En tanto, desde la organización Derechos Digitales, María Paz Canales comentó que el nivel de riesgos y beneficios dependerá del objetivo que tiene la aplicación. Así, en este caso, los problemas se puede dar cuando se trabaja con la ubicación de personas infectadas o que han tenido contacto con enfermos, porque en ese caso “no solo implican entrega de información, sino recoger mucha información sobre el comportamiento y redes de esas personas”.

Además, la directora ejecutiva de la organización indicó que, de aplicarse el uso de la geolocalización en la aplicación nacional, es importante que se establezca cómo se manejarán los datos, pues en algunos países de Europa la geolocalización es entregada por las compañías de telecomunicaciones a los Estados pero de manera anónima.

“Más que entregar información individual de las personas se genera información acerca de puntos o focos rojos donde se puede estar produciendo mayores niveles de contagio, donde por ejemplo hay mayores personas reportando que están sintiendo síntomas que podrían ser sospechosos, etc. Eso podría, en el fondo, ser información que de manera agregada sirve a la finalidad de tomar mejores decisiones en términos de política pública”, señaló Canales.

A esto añadió que “ahí tenemos una manera de balancear todos los temas en juego, donde por un lado se utiliza el valor de la información para poder generar medias de política pública para combatir la epidemia de manera más eficiente, pero a la vez se resguarda la información y la identidad de las personas para no generar algún tipo de riesgo o consecuencias negativas y en el futuro”.

Junto con esto la abogada aclaró que se debe explicitar qué se hace posteriormente con la información recabada, pues si tiene un fin único durante la pandemia, los datos no deben posteriormente ser entregados para otras cosas, ya que esto podría generar discriminación, prejuicios o incluso limitar el acceso a prestaciones de salud u ofertas laborales si una persona está en la lista de contagiados por COVID-19.

“Si por el contrario la información que se implementa permite el poder recolectar de manera individualizada la información de cada una de las personas que está interactuando con esa aplicación, entonces ahí entramos a temas que son muchísimo más sensibles, porque hay una serie de complicaciones en términos de cómo se va a resguardar esa información, cómo va efectivamente ser determinado quien tiene acceso a ella, cómo se va proteger de eventuales ataques de terceros y cómo, por ejemplo, podemos asegurar que una vez que se termine la epidemia esa información va ser eliminada y no va ser utilizada en el futuro con otros propósitos”, comentó.

Si bien la fecha del posible lanzamiento de esta iniciativa digital no está informada por el Gobierno, es un hecho que ya se trabaja en su pronto anuncio, por lo que será su publicación oficial lo que permita analizar de forma más específica si se tomaron o no las precauciones para proteger los datos de los ciudadanos y ciudadanas ante esta emergencia, especialmente de la discriminación que ya se ha denunciado por algunos contagiados o personal de salud.