Tras conocerse la segunda propuesta económica para la crisis generada por el COVID-19, presentada este miércoles por el Gobierno, el partido Comunes presentó su propio paquete de medidas económicas donde apunta a proteger a las familias, el empleo y el consumo.
“La precarización del empleo, la baja estabilidad laboral ha provocado que el impacto sea desde las y los más humildes hasta las capas medias que están perdiendo sus puestos de trabajo, viviendo reducción de sueldos y el seguro de cesantía no alcanza para cubrir sus gastos mensuales”, señala el documento.
En este sentido el partido frenteamplista recalca que “tanto la teoría como la práctica nos muestran que sólo es posible salir de esta crisis entre todos y todas, lo que implica asumir costos colectivos y actuar con pragmatismo por un objetivo común: proteger vidas y salir de esta crisis superando la adversidad”.
Del paquete de medidas se puede destacar, por ejemplo, una flexibilización temporal de las restricciones presupuestarias de gasto contenidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal, al menos hasta septiembre del año 2020.
Esto, según indican, permitiría al Gobierno “viabilizar las medidas de protección de los salarios y del empleo, la inyección de liquidez a la economía y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas”.
Respecto de la protección del empleo, la propuesta de Comunes considera fundamental que “los empleos y salarios no caigan por debajo del mínimo“, dado que las utilidades serán bajísimas y que, una vez pasada la pandemia, será más rápida la reactivación. Por otro lado, sostienen que, bajo esta coyuntura, “la única manera de sostener la demanda interna es a través del consumo y el gasto público”.
Asimismo, el partido frenteamplista sugiere procesos de nacionalización o semi-nacionalización de empresas estratégicas o sistémicas que estén en riesgo, “asumiendo esta medida con el pragmatismo que se requiere en función del uso más eficiente y justo de los recursos, para que estos rescates no terminen beneficiando al empresario“, recalcan.
La puesta en marcha de este plan, según dejan claro en el documento, representará un gasto de entre 8 mil a 10 mil millones de dólares para el Estado. Por tal motivo, el sistema de financiamiento del mismo considera destinar el total de los recursos de la ley reservada del cobre a los gastos generados de la crisis sanitaria por el COVID -19.
“Si bien la ley fue derogada, tiene un plazo de 10 años para la implementación cien por ciento efectiva, por tanto, ante la emergencia, es fundamental acelerar la disposición de esos recursos”, aclaran.
Sumado a esto, la propuesta de financiamiento incluirá también el uso del Fondo de Estabilización Económica y Social donde se ubican los ahorros del Estado, además de un endeudamiento externo que mantenga “la soberanía de la deuda”.
Tras conocerse la segunda propuesta económica para la crisis generada por el COVID-19, presentada este miércoles por el Gobierno, el partido Comunes presentó su propio paquete de medidas económicas donde apunta a proteger a las familias, el empleo y el consumo.
“La precarización del empleo, la baja estabilidad laboral ha provocado que el impacto sea desde las y los más humildes hasta las capas medias que están perdiendo sus puestos de trabajo, viviendo reducción de sueldos y el seguro de cesantía no alcanza para cubrir sus gastos mensuales”, señala el documento.
En este sentido el partido frenteamplista recalca que “tanto la teoría como la práctica nos muestran que sólo es posible salir de esta crisis entre todos y todas, lo que implica asumir costos colectivos y actuar con pragmatismo por un objetivo común: proteger vidas y salir de esta crisis superando la adversidad”.
Del paquete de medidas se puede destacar, por ejemplo, una flexibilización temporal de las restricciones presupuestarias de gasto contenidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal, al menos hasta septiembre del año 2020.
Esto, según indican, permitiría al Gobierno “viabilizar las medidas de protección de los salarios y del empleo, la inyección de liquidez a la economía y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas”.
Respecto de la protección del empleo, la propuesta de Comunes considera fundamental que “los empleos y salarios no caigan por debajo del mínimo“, dado que las utilidades serán bajísimas y que, una vez pasada la pandemia, será más rápida la reactivación. Por otro lado, sostienen que, bajo esta coyuntura, “la única manera de sostener la demanda interna es a través del consumo y el gasto público”.
Asimismo, el partido frenteamplista sugiere procesos de nacionalización o semi-nacionalización de empresas estratégicas o sistémicas que estén en riesgo, “asumiendo esta medida con el pragmatismo que se requiere en función del uso más eficiente y justo de los recursos, para que estos rescates no terminen beneficiando al empresario“, recalcan.
La puesta en marcha de este plan, según dejan claro en el documento, representará un gasto de entre 8 mil a 10 mil millones de dólares para el Estado. Por tal motivo, el sistema de financiamiento del mismo considera destinar el total de los recursos de la ley reservada del cobre a los gastos generados de la crisis sanitaria por el COVID -19.
“Si bien la ley fue derogada, tiene un plazo de 10 años para la implementación cien por ciento efectiva, por tanto, ante la emergencia, es fundamental acelerar la disposición de esos recursos”, aclaran.
Sumado a esto, la propuesta de financiamiento incluirá también el uso del Fondo de Estabilización Económica y Social donde se ubican los ahorros del Estado, además de un endeudamiento externo que mantenga “la soberanía de la deuda”.
Tras conocerse la segunda propuesta económica para la crisis generada por el COVID-19, presentada este miércoles por el Gobierno, el partido Comunes presentó su propio paquete de medidas económicas donde apunta a proteger a las familias, el empleo y el consumo.
“La precarización del empleo, la baja estabilidad laboral ha provocado que el impacto sea desde las y los más humildes hasta las capas medias que están perdiendo sus puestos de trabajo, viviendo reducción de sueldos y el seguro de cesantía no alcanza para cubrir sus gastos mensuales”, señala el documento.
En este sentido el partido frenteamplista recalca que “tanto la teoría como la práctica nos muestran que sólo es posible salir de esta crisis entre todos y todas, lo que implica asumir costos colectivos y actuar con pragmatismo por un objetivo común: proteger vidas y salir de esta crisis superando la adversidad”.
Del paquete de medidas se puede destacar, por ejemplo, una flexibilización temporal de las restricciones presupuestarias de gasto contenidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal, al menos hasta septiembre del año 2020.
Esto, según indican, permitiría al Gobierno “viabilizar las medidas de protección de los salarios y del empleo, la inyección de liquidez a la economía y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas”.
Respecto de la protección del empleo, la propuesta de Comunes considera fundamental que “los empleos y salarios no caigan por debajo del mínimo“, dado que las utilidades serán bajísimas y que, una vez pasada la pandemia, será más rápida la reactivación. Por otro lado, sostienen que, bajo esta coyuntura, “la única manera de sostener la demanda interna es a través del consumo y el gasto público”.
Asimismo, el partido frenteamplista sugiere procesos de nacionalización o semi-nacionalización de empresas estratégicas o sistémicas que estén en riesgo, “asumiendo esta medida con el pragmatismo que se requiere en función del uso más eficiente y justo de los recursos, para que estos rescates no terminen beneficiando al empresario“, recalcan.
La puesta en marcha de este plan, según dejan claro en el documento, representará un gasto de entre 8 mil a 10 mil millones de dólares para el Estado. Por tal motivo, el sistema de financiamiento del mismo considera destinar el total de los recursos de la ley reservada del cobre a los gastos generados de la crisis sanitaria por el COVID -19.
“Si bien la ley fue derogada, tiene un plazo de 10 años para la implementación cien por ciento efectiva, por tanto, ante la emergencia, es fundamental acelerar la disposición de esos recursos”, aclaran.
Sumado a esto, la propuesta de financiamiento incluirá también el uso del Fondo de Estabilización Económica y Social donde se ubican los ahorros del Estado, además de un endeudamiento externo que mantenga “la soberanía de la deuda”.
